Se acerca el plazo que le dio el gobierno de Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro para rectificar las medidas que ha tomado hasta ahora -entre ellas la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la inhabilitación de María Corina Machado, candidata de la oposición a las elecciones presidenciales del 28 de julio- y retome el rumbo para garantizar elecciones libres y justas.
El pasado 31 de enero, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que el gobierno de Venezuela tenía hasta la primavera para cumplir con los compromisos contemplados en el Acuerdo de Barbados, suscrito en octubre del año pasado con la Plataforma Unitaria. De lo contrario, Estados Unidos no renovará las licencias al petróleo y el gas que había concedido a Venezuela a cambio de una apertura democrática del país.
De manera que el 18 de abril -según lo señalado por Kirby- es la fecha en la que vencerán las autorizaciones dadas a empresas petroleras para negociar con Venezuela. Ante la posibilidad de que se reimpongan las sanciones económicas crecen las expectativas del impacto que esto podría tener en la industria petrolera y, en consecuencia, en la economía y la población.
En la presentación, el pasado 13 de marzo, de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) correspondientes a 2023, realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), se hizo énfasis en las situaciones de desigualdad y en las condiciones de vulnerabilidad que permanecen todavía enraizadas en ciertos sectores de la sociedad venezolana.
Y cuya atención, según dijo Anitza Freitez, directora e investigador del IIES UCAB, “es necesaria, particularmente a través de la acción pública, a los fines de promover no solo una mayor equidad en el acceso a la estructura de oportunidades, sino también a la apropiación de las oportunidades desde el inicio y hasta el final de la vida”.
El estudio, titulado de “Radiografía de la vulnerabilidad social en Venezuela y propuesta de políticas públicas”, evidenció que, aunque en 2022 la Encovi reportó, como consecuencia de la liberación «de facto» de la economía, una caída en los niveles de pobreza de ingresos de 90,9% a 81,4% y de la pobreza multidimensional de 65,2% a 50,5%, los resultados de la edición 2023 apuntan a que esa mejoría en los indicadores se detuvo.
De acuerdo con los resultados, 82,8% de los hogares quedó en la categoría de pobres por ingreso (no contaron con el dinero suficiente para adquirir la canasta básica) y 51,9% se ubicó en pobreza multidimensional, vinculada no solo a los ingresos sino a condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación.
Si bien se trata de un ligero aumento, la encuesta -que se levantó entre marzo y mayo del año pasado y alcanzó a un total de 12.683 hogares- refiere la “persistencia de muchos esquemas de carencias que repercuten sobre la calidad de vida de la población”.
Dichas carencias -según la Encovi- configuran una vulnerabilidad social que afecta a 6 de cada 10 hogares (61,9%), además de que la mitad de la población sigue en pobreza extrema, rango que incluye a aquellos que no pueden costear la canasta alimentaria.
Así que expertos ven con preocupación que el gobierno de Joe Biden vuelva a imponer sanciones comerciales, cuando lo que debería incentivarse es la reactivación económica de Venezuela. Sostienen que esto permitiría mejorar la calidad de vida de los venezolanos y contribuir a frenar la migración masiva. En un escenario de regreso de sanciones, más bien se volvería a disparar.
“No tiene ningún sentido reinstalar las sanciones, son un error”
“Es muy preocupante que Estados Unidos pueda disponerse a imponer un nuevo paquete de sanciones. Incluso, lo que hemos leído en la resolución del Parlamento Europeo de igualmente analizar la imposición de un paquete de sanciones para mí es muy preocupante. El impacto es para una población que requiere, sin ninguna duda, alivio a su situación económica. Al final, haces a las personas más bien dependientes de factores externos que las hacen menos libres y autónomas”, advirtió Feliciano Reyna, presidente de la asociación civil Acción Solidaria.
Dijo que está en desacuerdo con la imposición de nuevas sanciones o con que ya no se extiendan las licencias. “Ojalá ni siquiera hicieran falta las licencias, que existiera una economía sana. Ese debería ser también el foco de esta idea de solicitar el levantamiento de todas las sanciones. Se requiere de un Estado de Derecho, de un marco legislativo que dé garantías para que esa economía funcione adecuadamente en beneficio de la población que más está sufriendo los impactos de la situación económica”.
Reyna espera que no se vuelva a transitar por el camino de las sanciones contra Venezuela porque también afecta la labor de las organizaciones que “estamos buscando ayudar a la población. Hasta para la adquisición de equipos hay que pasar por todo un proceso de verificaciones. Cuando los proveedores son, por ejemplo, de Estados Unidos se toman tiempo, retrasan procesos y lo menos que queremos es que haya esos retrasos”.
Por su parte, Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis, aseveró que las sanciones son un “error” y que no son los mecanismos adecuados para abordar el problema. Por eso considera que hay que buscar mecanismos distintos de presión y negociación.
“No tiene ningún sentido reinstalarlas, mucho menos luego de un proceso de flexibilización, porque al final lo único que haría es afectar aún más los temas petroleros que no solamente tienen impacto negativo sobre la población venezolana, sino también sobre Occidente que requiere energía, petróleo y gas. Lo que estás haciendo es evitar que Venezuela se convierta en un factor que ayude a la estabilización del mercado. Entonces, eso no parece tener ningún sentido”, sostuvo.
Según el economista, las sanciones económicas más que contribuir a resolver la situación del país, en términos de posibles soluciones para el conflicto político, para ir haciendo un tránsito hacia la reinstitucionalización, han servido para “exacerbar los efectos de una situación social y económica cuyos impactos los siente más que nadie y más que nada el común de las personas en Venezuela”.
León indicó que el efecto de las sanciones lo sufren, especialmente, “esas mayorías que están viviendo en una situación muy precaria, que tienen necesidades muy severas para poder alimentarse adecuadamente, para recibir atención en salud, para, por ejemplo, acudir a las escuelas”.
“Los efectos negativos de las sanciones son múltiples”
Diego Area, subdirector del Centro para América Latina de la Atlantic Council, considera que “los efectos negativos de las sanciones son múltiples no solamente en Venezuela, sino en todos lados, y tienen un impacto negativo en el país”.
Explicó que, en ocasiones, las sanciones obligan a los países a buscar vías alternas para escapar de ellas. “Al hacer más resiliente al país al que se le está imponiendo esas sanciones, este busca utilizar otros mecanismos para burlar el sistema y estas son en su mayoría redes criminales. Hay una profundización de eso, es la aceleración de esas redes como resultado de esa presión. Hay una serie de implicaciones negativas de las sanciones”.
Para Luis Vicente León, las investigaciones y los estudios que se han realizado tanto históricos como teóricos alrededor de la aplicación de sanciones generales, sectoriales, económicas y financieras “tienen resultados usualmente muy decepcionantes, básicamente porque no logran el objetivo que están buscando”.
Señaló que estas sanciones buscan provocar cambios de gobierno o presiones de negociación de un gobierno. “Y la verdad es que cuando tú miras la historia, en la mayoría de los casos no han logrado su objetivo y luego de un tiempo terminan siendo no solo contraproducentes, sino amplificando de manera substancial el problema que ya el país tenía, con lo cual suelen afectar muchísimo más a la población, a la infraestructura y al país que a los gobiernos a los que intentan de alguna manera castigar, sacar o reemplazar”.
Ante ello, León considera que los resultados de una estrategia basada en imposición de sanciones son “muy malos. Lo hemos visto en el caso de Cuba, lo vimos en el caso de Corea del Norte, lo hemos visto en el caso de Venezuela, de Rusia, de Irán. Son más elementos de castigo político que un elemento que termine por resolver los problemas y, al final, los costos sobre la población terminan siendo terriblemente negativos”.
Por lo tanto, para Reyna plantear el levantamiento de sanciones no implica que se deje de lado el escrutinio en derechos humanos. Respalda lo que se está haciendo para exigir que en el país se respeten los derechos humanos, se den todas las plenas garantías a las personas para ejercerlos y para disfrutar de sus derechos humanos, pero también aclara que los “derechos sociales son derechos humanos. Entonces, una situación en la que se mantiene este cerco financiero y que impacta lo económico del país también afecta a estos derechos sociales».
Sin embargo, a juicio de Area, Estados Unidos va a aumentar la intensidad de su política hacia Venezuela, dado que se ha evidenciado en los últimos meses y semanas que no hay posibilidades de que exista un proceso electoral libre y competitivo.
“La mayoría de los venezolanos quieren cambio y eso va a generar tensiones internas y externas. Y en el medio de esas tensiones están la mayoría de los venezolanos. Siete millones que han salido y los próximos millones que seguirán saliendo hasta que no exista alguna solución minimamente democrática, pacífica, competitiva, donde no haya persecución, represión”, expresó.
Y esa migración a la que hace referencia Area fue otro de los puntos abordado por la Encovi. En el año 2023, señala el estudio, se evidenciaron algunos cambios en el flujo migratorio de los venezolanos, en principio motivados por la crisis político-económica del resto de las naciones de la región; así como por el clima social adverso producto de la xenofobia y el endurecimiento de las medidas de permanencia para la regulación migratoria.
También se observó que hubo una reorientación de los flujos hacia Estados Unidos y España, con el interés de conseguir una reagrupación familiar y por una cierta flexibilización en las normas de ingreso y permanencia. Esto significa que bajó la concentración de ciudadanos venezolanos en países como Colombia (38%), Perú (13%) y Ecuador (6%), en comparación con las cifras de 2022, y aumentó la presencia en Estados Unidos y España.
De hecho, durante el evento virtual «Sanciones a Venezuela ¿A quiénes afectan?», realizado el pasado 29 de febrero, William Neuman, periodista y excorresponsal para Venezuela y la región andina de The New York Times, aseveró que la crisis migratoria sería la primera razón por la que Estados Unidos decidió establecer negociaciones con la administración de Nicolás Maduro y buscar nuevas alternativas para un cambio político y económico en Venezuela.
«Las sanciones no han funcionado y hay que hacer algo para apaciguar el flujo migratorio de tantos venezolanos a Estados Unidos», que ha afectado considerablemente al gobierno de Joe Biden, afirmó Neuman.