El sector manufacturero venezolano enfrenta una seria amenaza. Los productos ilícitos han ganado terreno en los últimos años en Venezuela, en gran medida debido a la flexibilización que hubo de las normas legales por parte del gobierno para permitir el ingreso de productos importados y así abastecer los anaqueles en medio de la dura escasez que se vivió en el país, sobre todo entre 2015 y 2017.
“En los últimos años ha habido un incremento de los productos de origen ilícito en el mercado venezolano. Esto se debe, entre otras cosas, a la flexibilización de los regímenes legales, de los controles, que vino también por un momento de desabastecimiento. Era más atractivo o se hacía muy necesario traer productos importados o así lo veía el consumidor final y muchos de los comerciantes”, señala Luis Alberto Russián, presidente de Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol).
Si bien la medida significó un alivio -sobre todo, para la población- con el pasar del tiempo se convirtió en un severo problema. De hecho, los gremios empresariales llevan años alertando sobre el impacto negativo del contrabando y los productos ilícitos y cómo afectan a la economía y la productividad de la industria nacional, ponen en riesgo la salud y seguridad del consumidor y debilitan la generación de empleos.
“Cualquier producto que ingrese sin sus correspondientes permisos y pago de aranceles atenta contra nuestra industria y las empresas comercializadoras que atienden al mercado nacional en todos los rubros, poniendo en peligro fuentes de trabajo y a los propios consumidores”, sostiene Pedro Quintana, socio director de Atenas Grupo Consultor.
Aunque no se cuenta con data oficial acerca de los productos ilícitos que ingresan a Venezuela, Consecomercio informó en septiembre de 2022 que más de 30% de los productos que se encuentran en el mercado nacional provienen del contrabando.
De hecho, para Luigi Pisella, presidente de Conindustria, uno de los factores que más incide en la producción nacional es, precisamente, la competencia desleal con los productos que ingresan al país de manera ilícita. Algunos porque todavía entran con beneficios arancelarios, mientras otros lo hacen por la vía del contrabando.
En noviembre del año pasado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó 3.400 kilogramos de mayonesa vencida, producto del contrabando, en el estado Bolívar, en la zona limítrofe con Brasil.
El comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, detalló en ese entonces que los militares detectaron la mercancía dentro de un camión de carga «que se intentaba introducir y comercializar en el territorio nacional».
Solo en el tercer trimestre de 2023, la institución castrense incautó, al menos, 5,7 toneladas de alimentos de contrabando procedentes de Colombia.
Al respecto, Pisella advierte que para Conindustria “el tema de los ilícitos es sumamente importante. El contrabando afecta al país porque la mercancía no entra por la aduana, no paga una recaudación y, por tanto, compite en situación desleal con la producción nacional”.
También deja claro que no por el hecho de que los productos entren por la aduana dejan de cometerse ilícitos. “Es tan igual o más grave que el problema del contrabando. Si bien hay productos que entran por la aduana, muchos no tienen un registro sanitario o los nutrientes que deberían tener, o son falsificaciones”.
En supermercados, bodegas y bodegones -estos últimos vivieron su boom en 2018 a raíz de la escasez en Venezuela- aún hoy se pueden ver marcas reconocidas importadas, por ejemplo, de galletas, refrescos, mayonesa, salsa de tomate y cereales, que compiten con las versiones que se producen localmente.
Al respecto, Pisella aclara que desde Conindustria solo manejan algunas estimaciones de productos específicos, como bebidas gaseosas. “En el caso de los refrescos, entre 30% y 40% se calcula que son productos que no deberían entrar de forma ilegal”.
También han entrado al mercado productos que son imitaciones de versiones originales o de dudoso origen y calidad. Uno de los rubros más afectados es el de las galletas. No solo en Caracas, sino en distintas regiones del país están a la venta marcas procedentes de Brasil, Turquía y Colombia, entre ellas Eviza, con múltiples presentaciones; Aldiva (Porleo), tipo sándwich; y Torku, de origen turco.
Estas importaciones que por lo general están exentas de derechos de aduana e impuestos al valor agregado pueden ser más baratas que las fabricadas en Venezuela, incluso después de incluir los costos de transporte.
Y si bien las industrias locales no están compitiendo en igualdad de condiciones, de acuerdo con Álvaro Burgos Kellys, expresidente de la junta directiva de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), la producción nacional sigue ocupando un espacio importante en el mercado venezolano.
“El mercado nacional ha tratado de adaptarse. Vemos que sí tenemos una altísima calidad, en comparación con productos que vienen importados, que no son necesariamente la misma formulación, aunque tengan el mismo nombre… Puedes ver en el mercado un preparado de mayonesa importado o una mayonesa 100%, que es lo que vendemos acá”, expresó.
Competencia desleal ante un bajo poder adquisitivo
Asdrúbal Oliveros, socio director de la firma Ecoanalítica, opina que el mayor impacto de estos ilícitos es que se convierten, en muchos casos, “en una competencia desleal que al no cumplir con la normativa ni pagar impuestos hace que tengan precios más bajos, lo cual para una población que está en unas condiciones de pobreza, de poder adquisitivo muy limitado, se convierte en una opción”.
Esto, según el economista, genera una dinámica donde los productos ilícitos desplazan a los “que sí entran en las estructuras formales, generando una profunda distorsión en la economía, que es lo que debe resolverse porque tiene varias aristas: falta de permisología, de pago de impuestos, al tiempo que las empresas formales sí tienen que cumplir con esta normativa y, por lo tanto, compiten en un entorno muy adverso”.
Según Álvaro Burgos Kellys, “lo ideal sería que el poder adquisitivo y cultural del consumidor fuera tal que prefiriera comprar su marca a un costo superior como era hace 25 años”.
Al igual que Oliveros, considera que la condición socioeconómica de los venezolanos “es el mejor caldo de cultivo para los ilícitos”. Indica que el diferencial en los precios entre los productos ilícitos y los hechos en Venezuela representa un atractivo para el consumidor, al “preferir los de menor costo”.
“El impacto es sumamente negativo porque genera una competencia desleal a las empresas tanto nacionales como transnacionales, que tienen que luchar con su baja competitividad y con el mercado también”, agrega.
Comprar lo hecho en Venezuela
Otro aspecto negativo de este “flagelo», como lo califica Burgos Kelly, es que “destruye empleos formales”. Por lo tanto, “no sólo hay que controlar el ilícito, la industria nacional debe innovar y buscar nuevos mercados para generar competitividad y mejorar costos”.
Pero también, a juicio del exdirectivo de Cavidea, “es muy importante la toma de conciencia de todos pensando que consumir un producto hecho en Venezuela genera empleo y crecimiento” económico para el país.
Agrega que esto representa “beneficios tanto al Estado como al sector productivo. En la medida que se vaya recuperando el ingreso, hay un terreno fértil que abonar con campañas de que lo hecho en Venezuela está bien hecho”.
En este punto, Asdrúbal Oliveros coincide con Burgos Kelly: “Hay que hacer una campaña educativa donde se le exhorte a la población a que entienda lo que significa la compra de un producto sin permiso. Hay que educar al consumidor para que lo identifique, porque en muchos casos se convierte en un problema de sanidad pública”.
De acuerdo con Luis Alberto Russián, comprar los productos nacionales no solo beneficia a la industria, sino también a los consumidores. “En principio pareciera muy romántico decir que debes comprar productos venezolanos porque son los que cumplen con las normas de calidad, porque son los que pagan impuestos y generan empleo”, pero también “cuando está en juego el tema de salud y seguridad, es lo que recomendamos desde la Cámara”.
A su criterio, es importante comprar productos que están certificados, que cumplen con normas legales y que los consumidores entiendan y sepan qué están consumiendo o usando.
Una industria más competitiva
Un punto que también es clave para combatir los ilícitos es la recuperación del sector industrial, destaca Luigi Pisella, quien reitera que este opera a 36% de su capacidad instalada, aunque en el segundo trimestre de 2023 estaba en alrededor de 32%.
“Es evidente que la empresa nacional requiere de incentivos para continuar incrementando sus niveles de productividad y capacidad de adaptación a las necesidades del consumidor local. Esto implica, por ejemplo, la segmentación de marcas por calidad, presentaciones y precios, para productos de consumo masivo”, señala Pedro Quintana, en referencia a lo que deberían hacer las empresas para atender a los consumidores ante el problema de los ilícitos.
Explica que en las 11 cestas que mide la consultora -todas relacionadas con alimentos, bebidas, cuidado personal, medicamentos, aseo del hogar- el gasto de los hogares destinado a productos importados se ubicó en 15% para el trimestre julio-septiembre 2023 (Q3-23), mientras que en el mismo periodo de 2021 (Q3-21) este gasto fue de 22%.
“El gasto de los hogares en productos importados de origen brasileño fue de 26% y colombiano de 28% para el mismo período de 2023. Por otro lado, del total de unidades que consumen los hogares, en nuestras 11 cestas, los productos importados representan 21% para el Q3-23, mientras que en el Q3-21 fue de 26%”, añade Quintana.
Afirma que en dos años los productos nacionales han ganado mayor participación en el gasto y unidades promedio compradas por los hogares, “y esto es una buena señal”.
Hay oportunidades para la industria nacional -según Quintana, en Los Andes (Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas), donde el importado representa 28% de las unidades compradas por los hogares, mientras que en la región Capital (Miranda, La Guaira y Distrito Capital) es de 20%.
“Nuestra industria tiene que trabajar en competitividad para tener productos que sean accesibles y que de alguna manera esto bloquee la entrada de estos productos (ilícitos), cuyo atractivo es que tienen unos costos extremadamente bajos”, recalca Oliveros.
Estado Mayor Anticontrabando: buscan una solución
Asdrúbal Oliveros considera que la solución al problema de los ilícitos pasa por varios elementos. “El primero de ellos es que se establezcan los canales de diálogo y comunicación entre el gobierno, los empresarios y todas las cadenas involucradas. El segundo es que el gobierno cumpla con las normativas vigentes, tanto nacionales como internacionales, para la entrada y comercialización de mercancía”.
Al respecto, Pisella asegura que una de las cosas que se está cumpliendo es la creación del Estado Mayor Anticontrabando -que está dirigido por el gobierno con la participación del sector privado nacional- para avanzar en la solución del problema de los productos ilícitos y de contrabando que ingresan a Venezuela.
“El objetivo del Estado Mayor Anticontrabando es que el Estado tenga una mayor recaudación, porque cuando la mercancía entra por donde tiene que entrar se recauda más dinero. En segundo lugar, se busca proteger al consumidor y, en tercer lugar, generar empleo porque tú le estás quitando un puesto de trabajo a muchas empresas cuando compras un producto importado «, añade.
Por su parte, Russián resalta que desde Cavecol hacen esfuerzos para promover el comercio formal bajo la integración colombo-venezolana y, con ello, cumplir con la formalidad y la legalidad de los productos y mercancía que llegan a Venezuela.
“Las empresas que hacen vida en Cavecol son empresas legales que también cumplen con la formalidad y nos parece que es lo relevante en la promoción de una relación sana con otro país. Un intercambio comercial que sea en respeto de las normas y los reglamentos técnicos», advierte.
Desde la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) también creen “firmemente en la lucha contra el contrabando que se ha venido dando recientemente en la frontera venezolana y en el apoyo a la producción nacional, a la industrial, al comerciante nacional”.
Ítalo Atencio, presidente del gremio de supermercados, afirma que hay que seguir “apretando”, como se ha venido haciendo, para que el contrabando tenga mínimo impacto en la economía y comercio nacional.
“En ANSA defendemos la producción nacional y no estamos de acuerdo con comprar productos que vengan de un origen dudoso o informal, sino todo lo contrario. Eso, al final, genera un impulso económico para el sector y el país. Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se haga en la lucha contra el contrabando”, puntualiza.