Falta de acuerdo político e incumplimientos de pagos por $1.300 millones al BID frenan segunda fase del Centro de Acción Social por la Música

A mediados de los años 90, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tomó la decisión de otorgar un préstamo a Venezuela para impulsar el proyecto del sistema de orquestas juveniles e infantiles y en específico la construcción del Centro de Acción Social por la Música en la zona de Quebrada Honda, en Caracas, indica el semanario Exclusivas Económicas.

La publicación recuerda que ese programa fue creado por el maestro y músico José Antonio Abreu en 1975 durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y es el único proyecto cultural de Venezuela que ha tenido continuidad con siete gobiernos a lo largo de 46 años.

Como ejemplo de lo anterior, agrega el semanario, está justamente el financiamiento solicitado al BID, el cual fue tramitado durante el segundo periodo de Rafael Caldera, pero la mayor parte de la ejecución se hizo en la era de Hugo Chávez.

Al principio los técnicos del Banco Interamericano eran escépticos sobre la efectividad de El Sistema como mecanismo para reducir la pobreza y por eso la insistencia en tener indicadores, pero el hecho de sumar a casi un millón niños y adolescentes en los diferentes núcleos del país ha permitido que se extiendan créditos para programas similares en Ecuador, Guatemala y El Salvador o la impulsada por el músico brasileño Carlinhos Brown, con la Escuela Pracatum en Salvador de Bahía en Brasil, señala Exclusivas Económicas.

Sin embargo, la indefinición política de Venezuela con dos gobiernos de cara a la comunidad internacional y el hecho de que formalmente el BID no reconoce a la administración de Nicolás Maduro ha impedido al sistema de orquestas avanzar en la ejecución de la segunda fase del Centro de Acción Social por la Música, como señaló Exclusivas Económicas hace más de un año en sus primeros reportes.

La salida de Luis Alberto Moreno de la presidencia del BID en octubre de 2020 y el triunfo de Joe Biden en la Casa Blanca ha llevado al nuevo titular de este organismo multilateral, Mauricio Claver-Carone, a evaluar la posibilidad de algunos desembolsos sin excluir las gestiones y desembolsos hechos para las orquestas antes de 2018, advierte el semanario.

Pero el problema, según Exclusivas Económicas, no es solo político, sino económico porque Venezuela está morosa: acumula pagos por 1.300 millones de dólares. En el BID hay disposición a la reestructuración, pero se hacen dos preguntas: ¿con qué gobierno se negocia Maduro o Guaidó?, ¿hay posibilidad de retomar los pagos en el corto plazo? Ninguna de las interrogantes tiene respuesta.

La Fundación Musical Simón Bolívar, que es la institución que agrupa a El Sistema, no se encuentra paralizada. Tiene la ventaja que su presupuesto y sus transferencias dependen del Despacho de la Presidencia, lo que le garantiza operatividad dentro de la carencia de recursos a diferencia de lo que ocurre con las organizaciones que están bajo la tutela del Ministerio de Cultura, agrega la publicación.

Adicionalmente, han optado por dejar atrás la época de la gratuidad en los conciertos y en alianza con la plataforma Ticket Mundo han ampliado y mejorado su proceso de venta para generar ingresos adicionales. Además, han ampliado la programación para que no se limite a piezas sinfónicas, sino también populares y siempre están abiertos a las donaciones del sector privado, pero eso está atado a la reactivación empresarial. Constantemente se cita el ejemplo de Empresas Polar, que donó el enorme órgano que está en la Sala Simón Bolívar de la sede, expresa Exclusivas Económicas.

Por lo pronto, el director ejecutivo de la fundación, Eduardo Méndez, a propósito de los 46 años de El Sistema, ha emprendido una cruzada para que influenciadores que no necesariamente tienen a este proyecto en el radar de sus redes sociales conozcan la sede del Centro de Acción Social por la Música, sepan qué se hace y se motiven a promoverlo. Su reto: lograr que El Sistema sea sustentable con sus propios recursos como fue el planteamiento presentado hace más de 20 años al BID, puntualiza el semanario.

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