Más allá de la guerra de micrófonos, los comunicados y los impases entre las partes luego de la firma del acuerdo parcial, hay un hecho histórico enmarcado en una realidad internacional muy delicada y preocupante y que impulsa la necesidad de continuar trabajando en pequeñas negociaciones entre Estados Unidos, la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. Nada de esto sucederá sin tropiezos y no será rápido. Sin embargo, es poco probable que haya vuelta atrás.
Dos países sin relaciones diplomáticas desde 2017 -Estados Unidos y Venezuela- firmaron un acuerdo parcial luego de innumerables intentos fallidos a lo largo de cinco años.
Lo interesante es que ese acuerdo no incluye todos los intereses de los sectores en conflicto y deja a un lado algunos de ellos o los nombra de forma ambigua.
Tal es el caso de la inhabilitación de figuras políticas como María Corina Machado. Un punto álgido y que cuando se lee se presta a libres interpretaciones de las partes. Una suerte de artilugio diplomático que permite seguir adelante preparando el camino.
De allí que escuchar a Jorge Rodríguez por parte del gobierno de Maduro y a Gerardo Blyde por parte de la Plataforma Unitaria podría confundir. Pero lo más importante es que le permite al gobierno de Joe Biden jugar un poco con la narrativa días antes de las elecciones primarias en Venezuela, en las que María Corina Machado tiene la preferencia de la mayoría, según los más importantes estudios de opinión.
El antes y el después
Los acuerdos no anunciados reventaron apenas se firmaron los acuerdos parciales entre el gobierno de Maduro y la posición, según reportó el medio Petroguía una vez que el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunció que la empresa Shell fue autorizada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) para operar en el campo mar afuera llamado Dragón (gas) y que la Compañía Nacional de Gas de ese país podrá pagarle a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en cualquier moneda o en ayuda humanitaria.
Un dato interesante es que, a pesar de los retrasos ocasionados por los impases políticos como, por ejemplo, el retardo en la liberación de presos que espera Estados Unidos, así como la emisión de las llamadas comfort letters (cuyo contenido flexibiliza ciertas sanciones, pero no las levanta) que espera el gobierno de Maduro, los acuerdos económicos podrían implicar el regreso de empresas petroleras europeas; tal es el caso de Total de Francia.
La emisión de las licencias 3I y 9H marca un hito en las relaciones Estados Unidos y Venezuela y tienen alcances que no eran esperados en vista de la también flexibilización de las actividades petroleras, de gas y de oro en todos sus ámbitos, contemplada en las licencias General de Venezuela (GL) 44 y Venezuela GL 43.
Las licencias 3I y 9H permiten, además, que los ciudadanos y entes estadounidenses puedan comprar bonos de la deuda de la República y de Pdvsa siempre y cuando hayan sido emitidos antes del año 2017.
Adicionalmente, el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela quedan exentos de sanciones. Ambas licencias deben ser renovadas en seis meses, lo que sigue siendo un mecanismo condicionado a las relaciones que mantengan ambas naciones.
Hay consenso en que los acuerdos petroleros y gasíferos van por delante de los políticos. Pero llama la atención la necesidad de la oposición y de Maduro de trabajar juntos para evitar la pérdida de Citgo y del resto de los activos en el exterior de la República. ¿Por qué? El precio reputacional a pagar si se pierden tales activos es devastador para ambas partes.
La posibilidad de que se permita nuevamente la transacción de bonos venezolanos en el mercado internacional luce aún complicado, pero no imposible. Es un paso que llevaría a Pdvsa y a la República nuevamente a un ruedo complicado con miles de acreedores pendientes de cobrar.
De allí que otra negociación entre las partes requiere sentar los requisitos y condiciones para nuevas emisiones que permitan las reestructuraciones de esa deuda, ese es un trabajo más técnico que político
La dimensión del acuerdo pasa por entender que hay una vía política y una económica y a veces confluyen y a veces no.
Puede entonces existir diferencias entre las partes en cuanto a los requisitos electorales (inhabilitaciones,) pero sí hay algunos otros que lograron acuerdos como la realización de jornada de actualización del Registro Electoral en el extranjero, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la Ley, entre otras.
Analizar el acuerdo simplemente como una negociación electoral deja por fuera la dimensión y la importancia del mismo. No resulta acertado pensar que Nicolás Maduro en algún momento firmaría algo que pusiera en peligro su integridad, el ejercicio del poder o alguna amenaza a sus seguidores. No es un acuerdo para salir del madurismo, sino para ir abriendo el camino a la reinstitucionalización del país.
El episodio de las primarias
El próximo domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones primarias. Una de las concesiones del gobierno de Maduro fue renunciar a su intención de organizarlas a través del Consejo Nacional Electoral.
Maduro, como se sabe juega, a la división de la oposición y a la abstención para poder ganar las elecciones que -según el acuerdo parcial- se producirían en el segundo semestre de 2024.
Ahora bien, las primarias buscan convertir a María Corina Machado en la líder opositora, con miras a medirse en las presidenciales. Su inhabilitación es una piedra de tranca con la que debe lidiar el gobierno de Estados Unidos y que entorpece de gran manera el ambiente político y las condiciones justas y legales de los candidatos opositores.
Machado ha dejado en claro que no forma parte del acuerdo y que no fue informada, lo que es desmentido por algunos opositores. Pero más allá de eso, y en caso de que sea todo un éxito electoral el proceso de primarias, un escenario no descartable es que sean ellos misma quienes escojan a un candidato de su confianza para medirse con Maduro.
Sin embargo, esto en nada descarta el escenario de que otros opositores se lancen también a las presidenciales y dividan el voto. Sin duda alguna, el escenario perfecto es un solo candidato opositor, pero al menos por ahora esto luce lejano.
Podría suceder también el escenario en el que los números de Machado estén por debajo de un millón de votos en las primarias, lo que realmente la pondría en aprietos para reclamar su liderazgo opositor.
Lo que sí es un hecho es que el lunes 23 de octubre la oposición venezolana entrará en un proceso de renovación obligada en el que la necesidad de cambio seguirá predominando, pero no solo para la posición sino también para Maduro.
Finalmente, decir que estos acuerdos no podrán conducir a cambios económicos en Venezuela resultaría naive. No se trata solamente de que Maduro tenga a disposición recursos fiscales, sino también de las implicaciones para el sector privado petrolero y no petrolero.
A fin de cuentas, en una economía golpeada, mucho más pequeña y sin inversión, la inyección de recursos podría hacer que los indicadores económicos mostraran un comportamiento positivo en el mediano plazo.