La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció este jueves que presentó tres nuevos recursos contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva Carta Magna.
Según informó su oficina en un comunicado, Ortega Díaz interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y se establecieron sus bases electorales.
La fiscal recurrió también ante el Tribunal Supremo decisiones del Poder Electoral relacionadas con ese proceso.
Con estos, serían cinco los recursos que acciona la titular del Ministerio Público contra la ANC, ya los dos primeros han sido negados por la máxima corte.
En esta ocasión la fiscal «demandó la nulidad» del decreto a través del cual Maduro convocó a la ANC, y señala que el jefe de Estado solo «puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso para redactar un nuevo texto fundamental», pero no llamar a la celebración del proceso.
Afirma que «esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación del poder constituyente originario» en un referendo consultivo.
Ir a un nuevo proceso constituyente para derogar el actual texto, logrado a través de un proceso de amplia consulta, constituye «la violación del principio de la supremacía constitucional, que refiere que la Carta Magna puede ser cambiada a través de los mecanismos establecidos en ella y con la participación del poder originario».
Argumentó que la Constitución vigente fue elaborada en un proceso constituyente, con una consulta previa y posterior a los ciudadanos, por lo que un nuevo procesos que no cumpla esos pasos «evidencia un retroceso en ese aspecto».
Además requirió la nulidad del decreto en el cual se contemplan las bases de la elección de la ANC, por «violarse los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica».
Estas bases vulneran «la reserva legal, el derecho al sufragio, la universalidad e igualdad» del voto, sostiene la demanda según la comunicación del Ministerio Público.
En una tercera acción legal se denunció que «hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC».