El clientelismo político y el incremento del tamaño del Estado ocasionó la expansión en 99,5% de la nómina de la administración pública central y descentralizada entre 1999 y 2014.
Fuentes del sector laboral que solicitaron guardar sus nombres en reserva aseguraron que el número de empleados públicos pasó de 1,26 millones a 2,56 millones de trabajadores en el periodo mencionado.
Aseguraron que han pasado 24 años de mandato del chavismo-madurismo, por lo que unos 800.000 funcionarios y obreros llenan las condiciones o casi para jubilarse.
En este contexto, agregaron las fuentes, la administración de Nicolás Maduro se vale de las jubilaciones forzadas, unilaterales e inconsultas para sacar gente que políticamente le es incómoda.
«Aplican un terrorismo laboral agresivo. En las empresas básicas de Guayana tienen amenazados con la jubilación forzosa a los trabajadores que fueron enviados a sus casas desde 2018, debido a la caída de la actividad en las plantas paralizadas por la falta de mantenimiento e inversión», sostuvo un consultado.
Precisó que estos trabajadores representan cerca de 70% de la nómina de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana.
«Lo más grave es que jubilan a la gente y pasan meses sin cancelarle las prestaciones sociales cuando la Ley da un plazo de cinco días para realizar el pago de esa obligación», dijo la fuente.
El miércoles pasado, un grupo de trabajadores de la CVG -que salió jubilado en diciembre- inició una huelga de hambre porque no les han pagado sus prestaciones.
La excusa perfecta
Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, señaló que el impago durante meses de las prestaciones sociales a quienes jubilan forzosamente en la administración pública se ha convertido en práctica común.
El representante de Fentrasep reveló que debido a la migración de trabajadores al exterior desde 2012 y las reducciones de personal por la desaparición y/o fusión de organismos, la nómina del sector público se ubica actualmente en 1,8 millones de trabajadores activos.
«Pero a 24 años de haber ingresado con Hugo Chávez hay bastantes que califican para la jubilación», explicó.
Esos trabajadores, precisó, poseen la sumatoria de años requeridos para jubilarse: la edad cronológica (55 años las mujeres y 60 años los hombres) y el tiempo de servicio de entre 15 y 20 años o más.
El sindicalista refirió que se calcula que unos 800.000 trabajadores se encuentran en esta situación.
En este momento hay un gran descontento generalizado, lo cual ocasiona hasta 24 protestas laborales de calle diarias exigiendo salarios dignos y rechazando el instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), que eliminó beneficios de la contratación colectiva del sector público.
En este escenario, advirtieron las fuentes, el gobierno utiliza las jubilaciones forzadas como amenaza o castigo ejemplar contra aquellos que participan en las protestas o expresan su inconformidad así sea privadamente en el centro de labor.
En la ola de protestas de calle -3.112 en el primer semestre de 2023 según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social- participan indistintamente sindicatos y trabajadores chavistas y de la oposición.
Carbone sostuvo que las jubilaciones forzadas son la excusa perfecta del gobierno para deshacerse de gente políticamente incómoda además de una señal de advertencia de «si te portas mal, vas para afuera y encima te pago las prestaciones cuando me dé la gana»
Señaló que la administración de Maduro también se cubre de legalidad con las jubilaciones forzosas, pues a simple vista no se trata de despidos con lo que incumpliría el decreto de inamovilidad laboral.
Sin embargo, otras fuentes laborales advirtieron que al enfocar las jubilaciones forzosas hacia los sectores educación y salud, los más combativos en las protestas, el gobierno genera vacíos de personal perjudicando a los estudiantes y la atención a los pacientes.
Marcela León, directiva de la central Alianza Sindical Independiente, denunció que el mismo día cuando seis dirigentes sindicales fueron condenados a 16 años de prisión por encabezar protestas laborales, fueron jubilados a la fuerza 400 trabajadores de Educación, de los cuales 40 son dirigentes sindicales.