Dentro del entorno de melindres diplomáticos que ha presenciado la opinión pública internacional respecto a la crisis política en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro está gestando en este momento, con todas sus letras, la promoción de un Golpe de Estado frío.
El putsch madurista transcurre en un ejercicio en secuencias, disuelto entre el debate público, aún permitido, ejecutado por partes y sin necesidad de sacar tanquetas ni efectivos militares por sorpresa. En Venezuela quedó conculcada la soberanía popular.
Al momento de escribir estas líneas el Consejo Nacional Electoral emitió, la noche del pasado miércoles, un comunicado, sin contenido presencial, en el cual anuncia al país que el proceso de recolección de firmas que iba a hacer posible la gestión del Referéndum Revocatorio gestión que ha tomado a sus promotores una amplia lista de trabas reglamentarias– quedaba pospuesto hasta nueva orden.
Concreta Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, una prolongada jugada burocrática, que le tomó todo lo que va de año, para burlar la abrumadora voluntad de la ciudadanía. El objetivo de Lucena es el mismo de Diosdado Cabello, que a su vez, es el mismo de Maduro: impedir el voto popular. Secuestrar a Venezuela y conculcar el contenido de la democracia.
La clase política chavista toma como excusa la presunta fragua de un conjunto de firmas ilícitas para la convocatoria al Referéndum, que, de acuerdo a la postura oficial, invalidaría toda la promoción de la consulta, presentada como una palanca para poder producir un cambio de gobierno que conjure la crisis social y económica actual. Equivaldría a que un juez decida declarar sin efecto la elección de un presidente, o el contenido político de un pronunciamiento popular, por consignar la existencia de una cantidad indeterminada de votos nulos. El Consejo Nacional Electoral ya había aprobado esta fase del proceso sin objeciones.
El fraude popular que adelantan Nicolás Maduro y sus seguidores no forma parte de una iniciativa aislada. El despliegue de las tenazas tiene varios frentes. La clase política chavista, usando sus extendidas ramificaciones en el estado, adelanta una maniobra para vaciar de contenido al Poder Legislativo, la casa de las leyes, y el contenido mismo del voto.
Las elecciones de Gobernadores, que debieron ser organizadas este año, también quedaron pospuestas. El anuncio de la suspensión del Referéndum Revocatorio ha sido acompañado con nuevas resoluciones judiciales. La más importante de todas prohíbe la salida del país a Henrique Capriles Radonski, Jesús Chúo Torrealba y otros dirigentes fundamentales de la Mesa de la Unidad Democrática. Se les acusa de promover el presunto fraude de las firmas. Podrían terminar acompañando a Leopoldo López y el resto de los 120 dirigentes y activistas políticos presos en la actualidad.
Al mismo tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido que, para aprobar el Presupuesto Nacional de 2017, no acudirá a la Asamblea Nacional. En Venezuela ha quedado sin efecto la dimensión contralora del Poder Legislativo. Los ministros de Maduro, funcionarios claramente corrompidos, responsables directos del desabastecimiento y la inflación, ni siquiera acuden a las interpelaciones parlamentarias. No rinden cuentas de sus decisiones.
El Presupuesto de las arcas del estado ha sido autoaprobado por el Palacio de Miraflores luego de una consulta a sus compañeros de partido del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias a la conjura de Maduro, Cabello, y sus secuaces, la Asamblea Nacional de Venezuela no ha podido colocar en vigor, en todo lo que va de 2016, una sola ley. El chavismo desconoce lo que han decidido los venezolanos con su voto.
Esa es la realidad de la Venezuela de hoy. El productor energético más importante de este lado del mundo ya tiene ataviados todos los aditamentos de una dictadura.