Recientemente las redes sociales difundieron la información de que el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (Inces) adelanta un diagnóstico sobre las necesidades de formación para el mercado de trabajo venezolano.
Al respecto, fuentes empresariales y allegadas al Inces que solicitaron guardar sus nombres en reserva aseguraron que el plan de diseño de una nueva malla formativa presenta de entrada el inconveniente de la falta de información pública, la cual pareciera que solo la conocen las altas esferas de la institución.
Agregaron que también está el problema del deterioro físico de la mayoría (80%) de más de 146 centros de formación y capacitación que tiene el Inces en todo el territorio nacional.
«Sin menospreciar la parte teórica, la formación para el trabajo tiene un gran componente práctico, el cual no se puede dictar en lugares cuya infraestructura física está por el suelo y carecen de equipos, laboratorios, talleres, máquinas e insumos para impartir los cursos de formación y capacitación», dijo un consultado.
Señaló que las malas condiciones antes mencionadas están en casi todas las áreas: automotriz, petroleo, minería, industria, agro, alimentos, electricidad y construcción entre otras.
Las fuentes refirieron que la alternativa – ofrecida por las autoridades del Inces- de dictar clases solo por la vía virtual no garantiza la capacitación adecuada.
Lo interesante, destacaron las fuentes, es que el Inces cuenta con recursos económicos propios para autosostenerse debido a que su presupuesto proviene del aporte de los empleadores y trabajadores.
Las alícuotas de estos dos contribuyentes consisten en el pago de 2% trimestral y 0,5% anual respectivamente.
«Los empleadores no pueden evadir esta obligación porque para realizar cualquier trámite les exigen la solvencia de pago del Inces», reveló un consultado.
Por ello, insistió en que las empresas -especialmente las Pyme, con menos capacidad económica- demandan del Inces una justa retribución en la formación de capital humano capacitado y calificado, pues pagan por ello.
Declive institucional
El decreto 37.809, de fecha 3 de noviembre de 2003, bajo presidencia de Hugo Chávez, reformó el reglamento de la Ley del Instituto Nacional de Capacitación Educativa (Ince), agregando la S de socialista.
Según el texto, la finalidad de la reforma es reorganizar la institución, adecuándola a los intereses del país y al proceso de reconversión industrial dentro de la concepción y visión de un socialismo abierto y participativo.
Desde ese momento, indicaron las fuentes, arrancó el proceso de deterioro institucional que se profundizó en 2016 y más aún con la pandemia de la COVID-19.
Muchos centros fueron objeto de desmantelamiento, robo y vandalismo. «Recuperar el Inces es ahora más que nunca urgente, debido a la falta estructural de mano de obra calificada en el país como consecuencia de la salida masiva de venezolanos -muchos de ellos profesionales y técnicos- buscando mejorar la calidad de vida», resaltó un consultado.
Señaló que la calidad actual de la formación en el Inces es deficitaria, a lo que se suma la disminución en más de 60% de las horas/hombre del tiempo de enseñanza impartido en los cursos y talleres.
El otro escollo, agregaron las fuentes, es la desmotivación y las precarias condiciones laborales del personal que trabaja en el Inces.
«El instructivo 2792 de Onapre (Oficina Central de Presupuesto) impactó negativamente el ingreso de los trabajadores y, para colmo, la patronal le da largas a la discusión del contrato colectivo que venció en 2018 y ampara 11.500 trabajadores activos y jubilados», advirtió una fuente.