Un mes. Ese es el lapso que tendrán activistas de Derechos Humanos y familiares de víctimas para presentar ante los tribunales indios información sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad desde la década de los 70.
El plazo se los fijó el Tribunal Supremo del gigante asiático, el cual en un histórico fallo dictado el 8 de julio calificó de «inaceptable» el uso «excesivo de la fuerza» por parte del Ejército y la Policía; y pidió más detalles sobre esos 1.528 casos ocurridos entre 1979 y 2012 en el estado de Manipur, del que Imphal es la capital.
Desde el 25 de julio organizaciones han aportado información de alrededor de 600 casos después de que familiares de víctimas relataran la forma en que mataron a sus allegados en este estado limítrofe con Birmania en el que operan una treintena de grupos insurgentes con ambiciones secesionistas.
