La corrupción a veces también suele dar risa. Acaba de caer en Colombia el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, tras un proceso en el que el Consejo de Estado se tardó casi cuatro años para conceptuar que la elección del funcionario fue inmoral e inaudita y, por ello mismo, inexistente. La demora en fallar se debió principalmente a que ese mismo tribunal contribuyó en forma corrupta a la designación del funcionario a cambio de contratos, empleos y favores a muchos de los magistrados que lo integran. Si lo hubieran botado tan pronto recibieron la denuncia con las correspondientes pruebas irrefutables habrían perdido inmediatamente los beneficios obtenidos, que en ningún caso fueron pocos: supe de un togado que a cambio de su voto hizo emplear en la Procuraduría a su esposa, a su amante y a su hijo drogadicto; los tres tenían despachos en el mismo piso con secretarias, amanuenses y criados; sueldos de más de US$ 7 mil cada uno, aproximadamente, más carros con choferes, viajes constantes de familiarización por el vasto mundo y gastos de representación con cargo al erario.
Cuando la semana pasada los magistrados votaron en favor del despido en sesión plenaria, todos ellos sentados alrededor de una mesa gigantesca de caoba pulida y con el aspecto de buitres que les otorgan las togas reglamentarias de paño negro, sabían perfectamente que la elección de Ordóñez fue un fraude que ellos mismos ayudaron a cometer. No obstante, la suerte del infortunado malandrín se había agotado: su período estaba por terminar, ya no les servía de nada y se vieron en la oportuna e irrepetible necesidad de sacarlo, con argumentos incuestionables, eso sí, para preservar los empleos de sus parientes y los privilegios negociando cuanto antes con quien venga a reemplazarlo. Mataron dos pájaros de un tiro: pusieron a salvo su propia corrupción y al botar a Ordóñez ejercieron un acto de justicia por el que Colombia estaba clamando.
La Procuraduría General de la Nación es un mamut burocrático cuyas difusas funciones son las de ministerio público o representante de los intereses de la sociedad. Esto también le compete a otros organismos tales como la Defensoría del Pueblo, cuyo último titular, Jorge Enrique Otálora, debió renunciar recientemente y esfumarse porque, como lo denunció el periodista Daniel Coronell, se acostaba en una hamaca tendida en un balcón a contemplarse el pene, le tomaba fotografías con el teléfono celular como si se tratara de un rascacielos recién inaugurado y se las enviaba a su secretaria predilecta. También había acosado sexualmente a otras.
Al Procurador General lo elige el Senado de la República (otra cloaca de la que hablaremos quizá en próximas oportunidades) para un período de cuatro años. El favorecido sale de una terna formada con candidatos del Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. El más hábil de los tres postulados hace las ofertas más convincentes de repartir los empleos de la Procuraduría, la contratación y la garantía de impunidad a quienes lo postulen y elijan. Eso hizo Ordóñez. Y lo hizo tan bien hecho que fue elegido dos veces consecutivas, lo que está prohibido expresamente por la Constitución Nacional. No obstante, su antecesor, el liberal Edgardo Maya, mediante las mismas mañas también fue elegido para dos períodos continuos y casi logra una tercera elección de no haber sido (modestia aparte) por una investigación mía de varias entregas, destacadas todas ellas en las primeras páginas de The Miami Herald y El Nuevo Herald, en las que expuse innumerables casos de corrupción del alto funcionario y de su familia nuclear y extensa, ligada directamente a homicidios de sindicalistas, cobros ilícitos de impuestos instituidos por ellos mismos, saqueo a la salud estatal; entrega íntegra de un enorme hospital público a los escuadrones de la muerte y el narcotráfico y manejo mafioso de la justicia en el departamento de Cesar, de donde son oriundos. Cuando comencé a investigar alguien me advirtió con entera certidumbre: los Maya están en todo.
Mi investigación periodística, con algunos agregados que hice, fue luego publicada en forma de libro, La caída del imperio Maya, y la totalidad de las pruebas recaudadas las entregué cuatro veces, rigurosamente ordenadas, al Fiscal General de la Nación de la época, Mario Iguarán. Siempre se perdieron hasta que la quinta vez las entregué delante de testigos que obtuvieron copias y dejaron constancia de mi indignada diligencia. Con inmensa dificultad, durante los últimos 10 años ya han sido condenados varios de los parientes de Maya, entre ellos tres hermanos (él sigue invicto) en juicios roñosos. En uno de ellos, ventilado en la Corte Suprema de Justicia, debí asistir como testigo de cargo ante la Sala Penal, compuesta por magistrados que por debajo de las togas se rascaban los genitales y las panzas, como orangutanes con pulgas; comían bocaditos de maní que sacaban de bolsillos secretos, dormían en sus sillones magnos y comadreaban entre ellos mientras yo le daba mi testimonio a las paredes del gran Salón de Audiencias.
Mi libro impidió por un tiempo que el ex procurador, aquel ágil chimpancé de la corrupción, pudiera seguir saltando de rama en rama de la administración pública. No obstante, como siempre ocurre, al final la delincuencia gana y hoy Edgardo Maya es, merced a sus probadas malas artes, Contralor General de la Nación. Su regreso vino acompañado con el de su nueva esposa que es la directora de la Agencia de Defensa del Estado.
Hijo de un antropólogo autodidacta que fabricaba modestas galletas, Alejandro Ordóñez Maldonado, el procurador que acaba de ser destituido, nació hace 62 años en la ciudad de Bucaramanga y se hizo abogado en la ultraconservadora Universidad Santo Tomás, de esa ciudad, de la que luego fue concejal y en el ejercicio de ese cargo local dio las primeras señales de lo que habría de ser su obra: quemó libros y revistas «inmorales» y «paganos» durante jornadas nocturnas consagradas al rescate de la moral y las buenas costumbres cristianas. Entre los títulos «herejes» que ardieron en la pira de Ordóñez estuvieron todos los que él conoció de Nietzsche, Gabriel García Márquez y Rousseau.
Las hogueras pretendieron siempre sacar de la ciudad al Demonio. Tiempo después, Ordóñez se proclamó defensor y admirador de los escuadrones de la muerte del narcotráfico cuando éstos le declararon la guerra a las guerrillas que intentaban cobrarles impuestos sobre la cocaína que producían y exportaban. Ordóñez siempre ha sido un convencido de que la inversión productiva de lo que sea debe estar basada en un ambiente de confianza que le corresponde otorgar el Estado.
Ordóñez, siempre amparado por el Partido Conservador, pasó de cargo público en cargo público hasta llegar, en calidad de magistrado, al Consejo de Estado, donde dejó un recuerdo imborrable: entabló un juicio penal contra la reconocida revista erotico-literaia Soho por haber publicado una serie de fotografías artísticas sobre la Última Cena en las que personalidades de la vida nacional aparecen vestidas de túnicas, como las de los 12 apóstoles, y una modelo torsidesnuda ocupa el lugar central que siempre se le ha concedido a Jesús en otras obras de autores clásicos. El debate judicial, con Ordóñez al mando de una muchedumbre de señoras adoradoras del Santo Sepulcro, Caballeros de la Cruz y de la Espada, órdenes monásticas, órdenes mendicantes, frailes, oficios divinos, clérigos regulares y monjas de clausura, atrajo la atención del país e hizo las delicias de los caricaturistas. La causa fue fallada por un juez energúmeno en favor de Daniel Samper Ospina, director de la revista.
De pronto, el bizantino Ordóñez apareció en la terna para Procurador General y (aunque usted no lo crea) ganó. Asumió el cargo y se entregó a la tarea de construir un estamento privilegiado con derechos señoriales para los más caracterizados seguidores de Jesucristo, entre los que incluyó a ladrones creyentes, narcotraficantes buenos y pícaros piadosos. Cambió la Constitución Nacional por el Levítico y puso en claro que él y, por tanto, la Procuraduría, obedecían a la secta llamada Hermandad Sacerdotal San Pío X, fundada por el desquiciado francés monseñor Marcel-François Marie Lefebvre, que rechaza todas las reformas «modernizantes» que ha tenido la iglesia Católica y aún así no ha podido salir de las tinieblas medioevales.
Ordóñez solamente oye misas oficiadas por curas de su secta que permanecen de espaldas a los feligreses y entre éstos las mujeres son seres inferiores de los que la humanidad debe avergonzarse por ser ellas la causa del pecado original con que nacemos todos.
A las cinco de la tarde Ordóñez suspendía las actividades de su oficina y, como una viuda rica pero remordida, ponía a su servidumbre a rezar el rosario frente a los diversos altares que empotró en su despacho oficial.
Montó oratorios en los distintos pisos del edificio principal que eran vigilados por espías, pagados con el erario, para determinar qué empleados de la Procuraduría eran realmente buenos cristianos y estos se quedaron en sus puestos. Los demás fueron despedidos a lo largo de purgas despiadadas.
«A mí me tocó poner un Sagrado Corazón enorme en una pared de mi oficina para que Ordóñez no me persiguiera», me confió alguna vez una buena fuente que conservo en la Procuraduría desde hace 20 años.
Ordóñez no se demoró en comenzar a despedir y sancionar sin miramientos a cuanto funcionario público ateo, comunista, hereje, pagano, judío, homosexual o protestante encontró. No le importó que su cargo careciera de autoridad para investigar, por ejemplo, a ministros o congresistas. Si la Constitución no lo permitía, si faltaba alguna ley, para eso estaban la Biblia y el catecismo. Se fue lanza en ristre contra el aborto y la eutanasia, ya legalizados; contra la aprobación del matrimonio igualitario y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Proscribió el control de la natalidad, los descotes, el bikini y la minifalda y estaba a punto de declararse en contra de las transfusiones de sangre, los moteles (antros del adulterio) y la vasectomía cuando fue, venturosamente, destituido.
Hizo una revisión minuciosa de las licencias de funcionamiento para planteles educativos otorgadas a credos y confesiones distintos al suyo y cerró sin fórmula de juicio todos los que encontró.
En sus distintas sentencias, de manera velada o abierta, dejó en claro que quien no cree en Dios y no le teme resulta ser un agente del Demonio que amenaza las buenas costumbres y la moral cristiana. Contrató estudios a sabios y expertos que, dicen, quedaron en las bóvedas secretas que dejó tras su salida intempestiva y en ellos hay fórmulas y planteamientos eficaces para obligar a los homosexuales, a los judíos, a los comunistas y a los ateos a que se curen de las «graves enfermedades morales» que padecen.
Durante los casi ocho años que duró en el cargo de Procurador, dejó una gigantesca planta de funcionarios alienados y temerosos de Dios y al mismo tiempo agradecidos por las bendiciones, la estabilidad laboral y los beneficios que les concedían la Divina Providencia y Ordóñez a cambio solamente de la fe.
Cuando se divulgó la semana pasada la destitución de Ordoñez aquellos subalternos suyos entraron en pánico y muchos echaron a llorar como el pueblo norcoreano cuando fue informado oficialmente sobre la irremediable muerte del tirano, asesino y Gran Líder Kim Jong-il.
Ya hay dos candidatos para suceder a Ordóñez. Falta uno más, que postulará el presidente, para que el Senado pueda entrar a elegir al nuevo procurador.
Pero no hay prisa: como siempre, ganará el peor.