«La situación de los pensionados y jubilados ya era difícil, ahora se trata de sobrevivir»

Las protestas de los adultos mayores reclamando el respeto a sus derechos aumentan exponencialmente en el país. Ello se debe a que los jubilados y pensionados viven el drama de morirse de hambre y de mengua ante la imposibilidad de comprar alimentos y medicinas porque la pensión de un poco más de un dólar al mes no alcanza.

Edgar Silva, coordinador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, realiza un retrato descarnado de la terrible situación que viven los venezolanos de la tercera edad. «Antes la situación de los pensionados ya era difícil. Ahora, se trata de sobrevivir», advierte el dirigente social.

Silva es docente egresado del Pedagógico de Barquisimeto, estado Lara. Inició su carrera por la defensa de los derechos humanos en el gremio del magisterio en 1974 y en 1989 fue electo secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación, Fetrasined. Las dificultades de entonces del pago atrasado y estancamiento en la obtención de las pensiones, llevó a la creación del comité de jubilados y pensionados en 1991.

Silva comenta que en este largo camino recorrido en lugar de mejorar las condiciones de los adultos mayores, ellas han empeorado de forma sostenida. «Hay muchos ancianos indigentes, en situación de calle, hurgando en la basura y pidiendo limosna en los semáforos, aceras y las bombas de gasolina de las carreteras», asegura.

Agrega que dentro de la población venezolana este grupo -de 5,3 millones de personas según las cifras oficiales- es uno de los sectores más vulnerables. Sostiene que el problema de las bajas pensiones y la falta de una salud adecuada se resuelve con la creación del Fondo de la Seguridad Social.

En ese sentido, el Comité y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de los adultos mayores entregaron una propuesta a las distintas directivas de la Asamblea Nacional para que elabore y apruebe la ley respectiva, pero eso no se ha concretado.

Insiste en que los adultos mayores dentro y fuera de Venezuela lo que quieren es una pensión digna y suficiente en reconocimiento a largos años de trabajo y cotizaciones efectuadas al Seguro Social y así no tener que depender de los familiares para subsistir.

El dirigente sindical destaca las fuertes y numerosas denuncias ante la comisionada de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Michelle Bachette, la Unión Europea, la Organizaciones de Estados Americanos, OEA, e Internacional del Trabajo (OIT) y en el primer trimestre de 2022 ante la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos de tercera edad.

-Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja de varios años. ¿Cómo afecta esto a los adultos mayores?

-La situación se ha hecho más dura con la administración de Nicolás Maduro, que ha colocado las pensiones en niveles infrabajos: 7 bolívares (un poco más de un dolar) mensuales. Eso no alcanza para comprar medio cartón de huevos o medio kilo de queso popular y mucho menos las medicinas, ni siquiera un blister de diez pastillas para la tensión. Los pensionados y jubilados tienen un ingreso que les golpea la dignidad y con mucha vergüenza tienen que depender de sus familiares o vivir de la caridad pública.

-¿Y las remesas?

-Los adultos mayores que las reciben pueden mejorar el ingreso, sin embargo, muchos no logran la autosuficiencia económica. Si vamos a la última Encovi, solo un grupito (5%) de la población venezolana vive bien. El 95% restante es pobre y de ese índice 76% está en pobreza extrema, situación que toca a los adultos mayores como un sector altamente vulnerable.

-Los psicólogos y psiquiatras aseguran que los ancianos son muy propensos a la depresión.

-Eso ocurre en condiciones normales por razones propias del proceso biológico de la vejez. Sin embargo, en nuestro país esa situación es mucho más grave cuando la persona enfrenta que no tiene un ingreso decente para comprar alimentos y medicinas y mucho menos acceso a la recreación.

-¿Cuál es el rol de los CLAP y los bonos?

-Ellos son una dádiva con fines políticos. Los CLAP juegan con el hambre de los adultos mayores y el resto del pueblo. Esos alimentos son de mala calidad y fundamentalmente carbohidratos, por lo que los ancianos están muy mal nutridos. En cuanto a los bonos, su asignación es aleatoria incluso para los que tienen carnet de la patria, además de que los montos son miserables.

-¿Hay una solución para que las pensiones sean dignas y suficientes?

-Es necesaria la creación del Fondo de la Seguridad Social como ocurre en otros países para garantizar el pago de pensiones acordes con las cotizaciones y con base en el salario devengado por cada trabajador al momento de jubilarse. En Venezuela existe una aberración en la que todo el mundo percibe una pensión equivalente a un salario mínimo y con recursos provenientes del presupuesto nacional. Un Fondo de la Seguridad Social eficiente garantiza los recursos para que los trabajadores activos, jubilados y pensionados tengan una pensión decente y un sistema de salud que proporcione la asistencia médica y las medicinas. Ese fondo es alimentado con los aportes del Estado, los trabajadores y los empleadores.

-¿Qué gestiones se han hecho al respecto?

-El Comité y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de los adultos mayores elaboraron una propuesta que han presentado a las distintas directivas de la Asamblea Nacional para la discusión y aprobación de la ley respectiva. Sin embargo, no se ha concretado nada incluso con el Parlamento electo en 2015, aunque hay que reconocer que con Juan Guaidó se avanzó bastante, pero la pandemia de la COVID-19 paralizó el proceso.

-La administracion de Maduro enfrenta denuncias e investigaciones de violaciones a los derechos humanos por los cuatro costados. ¿Están incluidos los adultos mayores en esas iniciativas?

-Por supuesto. Casi todas las instancias internacionales investigan esos incumplimientos del régimen de Maduro. Los expertos han constatado los hechos y elaborado informes contundentes sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Los casos los conocen la alta comisionada Bachelett y la OIT. En enero próximo el régimen será objeto por tercera vez de la revisión del Examen Periódico Universal de la ONU. Asimismo, en el primer trimestre de 2022 se entregará a la Corte Penal Internacional (CPI) la denuncia con el informe definitivo acusando a la administración Maduro de crímenes de lesa humanidad y que actualmente elaboran el Comité, otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de los adultos mayores e investigadores de la universidad de Lara.

-¿Qué ha pasado con los pensionados que viven en el exterior?

-Eso es una tragedia. El gobierno tiene seis años que no deposita la pensión a 11.700 adultos mayores beneficiarios de los convenios suscritos por la República con España, Ecuador, Portugal, Italia y Uruguay. El Comité y movimientos de afectados en esos países han hecho muchas diligencias para que les paguen. También están las denuncias ante la comisionada de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 2020, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la Unión Europea y el Parlamento Europeo y en enero de 2021 en la OIT, pero el régimen de Maduro se muestra indolente ante esta terrible situación.

-¿Cómo ve el futuro de los adultos mayores?

-El futuro es impredecible, pero a quienes nos duele esta situación dramática de la crisis humanitaria compleja de nuestra gente seguiremos en esta lucha por revertir esta tragedia.

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