La prueba decisiva para ver si Colombia se encuentra lista a asumir la paz, que ya parece mostrarse a la vuelta de la esquina, está en su posible capacidad de confesar sin matices y de aceptar la verdad sobre las atrocidades cometidas por todos los actores de la guerra durante el último medio siglo.
Una ley reciente de justicia especial, preparada para el postconflicto, dispuso la posibilidad de perdonar en la práctica los crímenes más atroces imaginables siempre que sean confesados sin máscaras ni pelos en la lengua por quienes los ejecutaron.
En vista de los estragos colosales de la vieja y encarnizada guerra actual, está aceptado con eufemismos que la paz con las FARC no conllevará justicia exhaustiva ni ejemplarizante contra quienes, en uno y otro bando, han cometido los peores crímenes. Tampoco existirá reparación completa en favor de las víctimas sobrevivientes. Se da por sentado que Colombia carece de las herramientas judiciales suficientes y de los recursos económicos necesarios para saldar íntegramente medio siglo de sangre y fuego.
Sólo queda el instrumento de la verdad para doblar, una tras otra, páginas de terror, asombro y consternación. Oír revelaciones fidedignas y confesiones absolutas de los responsables. Esto implica que el indulto no llegará simplemente para guerrilleros a cambio de confesiones completas de lo que han hecho sino también para militares de todos los rangos, ex presidentes, ex ministros, empresarios, políticos, paramilitares, jueces, magistrados, etcétera. A ninguno de ellos, en teoría, se les perdonarán crímenes que por sí mismos no hayan revelado previamente y perderán todo indulto recibido en caso que se llegue a comprobar que no desembucharon la totalidad de sus fechorías.
La verdad sobre la guerra es dolorosa, pero también reparadora por ser la materia prima para la posibilidad incierta del perdón. Lo que seguramente vamos a saber cuando llegue la larga hora de la verdad en el proceso de paz de Colombia, será muy parecido a esta confesión que, en septiembre de 2013, me confió ante una cámara de televisión, en la cárcel La Modelo, de Barranquilla, el capitán del Ejército Nacional y al mismo tiempo paramilitar Adolfo Enrique Guevara Cantillo, quien terminó la enumeración de sus crímenes bañado en su propio sudor. Las distintas versiones de este testimonio que han sido subidas a la red suman más de un millón de espectadores.
La confesión de los delitos no borrará la culpabilidad pero conmutará la pena en bien de la paz, bajo la promesa juramentada de no volver a delinquir.
A esto se le llama justicia transicional y ya ha sido aplicada en el mundo contemporáneo, sumada Colombia, para darles salidas políticas y pacíficas a las más embrutecidas confrontaciones armadas. Es una fórmula, sin duda penosa y antipática, pero excepcional, de borrón y cuenta nueva en un país en donde, de todas maneras, el nivel regular de impunidad en homicidios es superior a 90 por ciento.
Vencer la dialéctica de las armas con pactos de paz que incluyan impunidad no es nada nuevo. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa, sentenció el humanista neerlandés Erasmo de Rotterdam (1469-1536).
No obstante, la confesión de la verdad implicará oír a generales de la república reconocer que botaron a patadas desde helicópteros militares en vuelo a cientos de prisioneros vivos vencidos en combate y que ordenaron recoger por la fuerza en las ciudades a indigentes inermes, libres de culpa y ajenos a la guerra, como si fueran ratones, para asesinarlos después con el fin de mejorar las estadísticas oficiales de sus triunfos en el campo de batalla. Los comandantes guerrilleros deberán confesar que armaron harems de niñas indígenas y campesinas vírgenes esclavizadas para su exclusivo uso sexual y señalar los lugares donde enterraron a millares de personas fusiladas por ellos. A incontables coroneles les corresponderá revelar cómo cazaron con sus tropas, por toda Colombia, a jóvenes inocentes, entre ellos niños y enfermos metales, a los que asesinaron y vistieron de guerrilleros para fingir que habían caído en batallas que en la realidad nunca tuvieron ocasión y de esta manera recibieron medallas, bonificaciones en dinero y ascensos en el escalafón militar. Un número indeterminado de empresarios tendrán que correr las cortinas con las que han tapado por décadas masacres patrocinadas por ellos y otros crímenes de guerra de los que se valieron para salvaguardar sus negocios no solamente de las bandas terroristas que supuestamente los asediaban sino para sacar del negocio a sus competidores. A todos los bandos les corresponderá indicar a cuántos y a quiénes cortaron vivos con motosierras de aserradero, indicar dónde botaron los despojos y delatar a quienes, desde las sombras, les ordenaron cometer esos horrores.
No se deberán salvar de la confesión los políticos de todos los niveles que han obtenido sus victorias electorales apoyados en las armas de cualquiera de las facciones. Ni los que han mandado asesinar a sus contrarios o a periodistas incisivos para consolidar su poder y el silencio en las regiones.
Los medios de comunicación o al menos los periodistas colombianos podrán jugar una carta fundamental en la difusión de la verdad sobre la guerra que, supuestamente, está por terminar.
Podría ser que únicamente a partir de la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC, que se negocian en La Habana, Colombia logrará conocer el tamaño verdadero de las heridas y de los estragos que le ha dejado la guerra civil en la que se ha cebado desde la mitad del siglo pasado.
Frente a las llamaradas del odio colombiano contemporáneo será necesario (y esto no lo puede imponer ley alguna) que el país entero perdone con la mano en el corazón a quienes confiesen sus grandes delitos para que la paz comience a fluir y se aclimate. Para muchos, esto es una falacia, una invitación inverosímil. No obstante, una vez alcanzados todos los acuerdos de paz de La Habana, los colombianos tendrán la oportunidad de mandarlos a la basura o echarlos a andar por efecto de una consulta popular con dos opciones: Si o No.
Los pactos de paz que se quieren adaptar al suelo colombiano en cambio de la guerra, de acuerdo con León Valencia, analista político, ex guerrillero, escritor y editorialista de la revista Semana, no van a llevar al país al cielo, solamente lo sacarán del infierno. Y esto en el mejor de los casos.
¿Usted ha hablado con las madres de los saldados muertos sobre la paz barata y ofensiva que quiere [el presidente Juan Manuel] Santos? le preguntó de manera terminante una enemiga del proceso de paz a alguien que lo defiende con ahínco.
No, pero he hablado con las madres de los solados vivos. Ellas quieren que sus hijos no mueran, como los otros, en esta guerra tan cara que se puede acabar ya respondió el defensor que le ha abierto sus brazos a los espinosos acuerdos de paz.