Leonardo Azócar y Daniel Romero, sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) detenidos hace más de 10 días por protestar, fueron trasladados al Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II; ubicado en Boleíta.
La información, reseñada en el periódico Correo del Caroní, fue suministrada por el abogado de los sindicalistas, Eduardo Torres, quien también es miembro de Provea.
Azócar y Romero fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la madrugada del domingo 11 de junio.
La causa fue su participación en una huelga laboral iniciada el martes 6 de junio en Planta de Pellas de la estatal del acero. Los dirigentes confirmaron entonces que dicha huelga buscaba exigir la restitución de los beneficios establecidos en las contrataciones colectivas y mejoras salariales.
Desde el día de su arresto, los parientes no han podido comunicarse con ellos ni verlos, lo que suscitó una ola de protestas en Guayana a las que el Estado respondió con militarización y acciones judiciales contra los manifestantes.
El pasado 19 de junio Eduardo Torres, de Provea, convocó una protesta en Caracas para marchar hasta la Defensoría del Pueblo y exigir información sobre el paradero de los detenidos, puesto que los familiares -quienes continúan sin tener contacto con los dirigentes- fueron informados extraoficialmente que habían sido trasladados a Caracas.
En entrevista con el mencionado diario regional, el abogado informó que la manifestación fue exitosa y logró una audiencia con la directora del Servicio Jurídico de la Defensoría del Pueblo, Betsaida Verhelst, quien finalmente confirmó el sitio de reclusión de los trabajadores. Ni los cuerpos de seguridad ni los tribunales de Guayana ofrecieron estos datos a los allegados.
En este sentido, parientes, legalistas y defensores de derechos humanos han hecho énfasis en las múltiples irregularidades del procedimiento, así como referencia a la violación de normativas básicas en las legislaciones venezolanas, referidas a la libertad de pensamiento, la autonomía sindical y la presunción de la inocencia.
“Se han violentado derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Los trabajadores exigían el cumplimiento de unos derechos que están plasmados en las leyes y en la contratación colectiva. El convenio 87 habla del derecho a la sindicalización. Hay que respetar los sindicatos y el derecho a huelga. Paralelamente a eso, se violenta el derecho a la movilización, a la protesta”, manifestó Torres.
10 días de desaparición forzada: exigen habeas corpus
“Hay actos subyacentes que se cometen en estos contextos. El asesinato, la persecución, el encarcelamiento. Todos estos actos están presentes en la realidad venezolana. Por eso va a abrir la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela”, afirmó Torres.
Asimismo destacó que durante los últimos 10 días los sidoristas estuvieron desaparecidos forzosamente, puesto que se violentaron los derechos de los privados de libertad, entre ellos la comunicación y el contacto con personas de su confianza y familiares.
“Hubo una detención arbitraria, no hubo orden de detención. No se conoció nada. Los detuvieron cuando iban a una reunión y de allí no se supo nada. La familia no sabía nada de ellos hasta el día de ayer, 20 de junio. No había conocimiento de su paradero. Eso ya es una desaparición forzosa”.
Hasta el momento, a pesar de saber dónde están detenidos, las familias Azócar y Romero continúan sin poder ver a los afectados. Es por ello que la ONG recomendó a los encargados del caso interponer un habeas corpus, recurso jurídico que se implementa en arrestos arbitrarios para exigir al Estado dar fe de vida de los apresados.
En concordancia con esta solicitud, el 19 de junio hubo una protesta frente a la Plaza Monumento a la CVG de Guayana, para exigir a las autoridades dar fe de vida de los dirigentes.
“Lamentablemente, los tribunales no están dando respuesta a los habeas corpus. Por eso nuestra estrategia de ir a la Defensoría del Pueblo. La ley de la Defensoría establece que el defensor debe interponer el habeas corpus en casos de detenciones forzadas. Eso fue lo que exigimos y allí nos confirmaron dónde estaban detenidos. Porque el Dgcim sí notificó a la Defensoría la ubicación de ellos”, alegó el representante de Provea.
Correo del Caroní estableció comunicación con parientes de Leonardo Azócar, quienes informaron que se estarían trasladando a Caracas para poder encontrarse con el sidorista. Asimismo, para el momento del contacto la esposa de Daniel Romero se encontraba viajando hacia Caracas para dirigirse hacia el sitio de detención.
Fuente: Correo del Caroní