El informe presentado este miércoles por la Misión Internacional Independiente de Determinación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no solo señala que Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles «crímenes de lesa humanidad, sino que también pone en duda la versión de las autoridades venezolanas de que la muerte del concejal Fernando Albán fue un suicidio.
El también militante del partido Primero Justicia falleció el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). De acuerdo con el informe funcionarios/as de alto nivel consideraron públicamente que la muerte de Fernando Albán fue un suicidio, aunque la evidencia forense plantea dudas sobre esta conclusión. En este examen no se aplicaron las normas exigidas por los Protocolos de Minnesota o Estambul. Su familia no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cadáver, a pesar de las numerosas solicitudes, agrega.
El informe, además, advierte que «las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado graves violaciones a los derechos humanos desde 2014», y exhorta al Estado venezolano a que rindan cuenta los responsables por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Tras el estudio de 223 casos individuales, entre los que se incluyen investigaciones exhaustivas de 48 de estos casos, la misión presentó un informe de 443 páginas. En el documento se encuentra información de otros 2.891 casos en los que se corroboraron los patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.
En el documento queda detallado que Maduro, como presidente de Venezuela, y a sus ministros de Interior y de Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, respectivamente, fueron los grandes operadores de este estado de violencia, al ser quienes dictaban las órdenes, coordinaban actividades y suministraban los recursos necesarios para apoyarlas.
La misión obtuvo la información a través de entrevistas personales con víctimas y familiares, además de información digital certificada, declaraciones públicas de representantes del gobierno; y revisión de las leyes, políticas y directivas venezolanas.
«La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la presidenta del grupo de expertos Marta Valiñas, citada en un comunicado.
Afirmó que no se trata de actos aislados: estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.
Horror y opacidad
En cuanto a los crímenes cometidos por los organismos de seguridad del Estado, el informe advierte que la misión observó que las agencias de inteligencia Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cometieron detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación, participación, opiniones o expresión política. En los casos investigados, varias personas detenidas también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, a manos de las agencias de inteligencia Sebin y DGCIM.
La misión asegura que los servicios de inteligencia del Estado desempeñan un papel importante en las violaciones cometidas. Detalla que el Sebin es el encargado de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia civil contra las amenazas, o percibidas amenazas, al Estado, ya sean internas o externas. Asesora al ejecutivo en materia de seguridad y defensa.
Investigaron 33 detenciones de hombres y mujeres, en las que se presume uso de la tortura o maltrato arbitrario en contra de estas personas por motivos políticos. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e investigación. Las detenciones tuvieron lugar en diversas circunstancias. Un ex empleado del Sebin dijo a la misión que las órdenes que determinaban quién sería investigado a menudo venían del presidente Maduro y de Diosdado Cabello.
En cuanto a la DGCIM, la misión determinó que este organismo desde 2018 ha utilizado cada vez más instalaciones no oficiales o clandestinas y documentó 24 casos de tortura ocurridos en esos lugares entre los años 2018 y 2019. Tras el estudio de los casos, determinaron que los funcionarios/as de la DGCIM no presentaron órdenes de aprehensión y/o no explicaron el motivo de la detención. En varios casos, hubo una discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de detención o la fecha oficial en la orden de aprehensión. En el acta oficial se solía colocar la fecha de detención dentro de las 48 horas de la comparecencia inicial, supuestamente para cumplir el plazo establecido por la ley.
Reacciones
Al momento de la redacción de esta nota, Nicolás Maduro no se había pronunciado sobre el informe. Sin embargo, en su cuenta de Twitter retuiteó los mensajes publicados por su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en los cuales reiteró su cooperación con el Consejo de DDHH de #ONU. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido la Sra @mbacheletal anunciar la renovación de nuestra relación, escribió el canciller.
Sobre el informe presentado por la ONU, Arreaza indicó: Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH.
Tampoco Néstor Reverol y Vladimir Padrino López se han pronunciado sobre su posible vinculación con crímenes de lesa humanidad como lo detalla el informe. Tampoco ha habido reacciones de parte Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, quien de hecho solo retuiteó los dos primeros tuits de Arreaza.
Desde la oposición, Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional y comisionado para los Derechos Humanos designado por Juan Guaidó, resaltó que el informe de la misión deja al régimen de Nicolás Maduro al desnudo, en cuanto a su participación directa en violaciones de derechos humanos contra disidentes.
La abogada y defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, advirtió en su cuenta en Twitter que la Comisión de ONU solo nombró 3 por ahora, como jefes de la República, pero en la @IntlCrimCourt hay una cadena de mando de por lo menos 70 acusados. Recordando, que el DGCIM y SEBIN están adscritos al Ejecutivo de donde salen las órdenes.
Asimismo, Provea advirtió que el informe de la Misión de Hechos de la ONU confirma crímenes de lesa humanidad en Venezuela, corrobora la existencia de una política de Estado sistemática que viola los derechos humanos y que también oculta sus delitos. Los responsables deben rendir cuentas #JusticiaParaVenezuela.
Por su parte, Luisa Ortega Díaz, quien hasta agosto de 2017 ejerció funciones como fiscal general del Estado venezolano, calificó el informe como un importante logro. Al tiempo que señaló: Hemos acreditado muchísimas de las pruebas y documentos que hoy se consolidan en este informe. Oficialmente el régimen de Maduro es calificado como violador sistemático de DDHH. Es inminente que la @IntlCrimCourt actúe contra los responsables #16Sep.
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