Las ONG venezolanas deberán inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial N° 42098 de fecha 30 de marzo de 2021, providencia N° 001-2021. Lo que supone que las organizaciones sin fines de lucro tendrán que suministrar información de sus actividades.
El documento destaca, en su artículo 6, que uno de los recaudos para inscribirse en el registro es proporcionar un listado de los organismos (nacionales e internacionales) de los cuales reciban donaciones o aportes.
También se solicita el listado de personas beneficiarias, debidamente identificadas, que reciban apoyo a través de los servicios o actividades de las organizaciones sin fines de lucro.
Ante esto, Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, señaló que “este tipo de anuncios son demostraciones del totalitarismo y la arbitrariedad que reina en el país, así como la política de control, intimidación, vigilancia, violación a las libertades de asociación y a las libertades de garantía de soportes a la sociedad civil”.
Apuntó que al entregar al Estado información de los beneficiarios de las ONG se está develando la confidencialidad que cada ciudadano tiene como derecho para desarrollar cualquier actividad. “Las personas tienen derecho a desarrollar actividades privadas, como por ejemplo los pacientes seropositivos al VIH. Por eso, ese tipo de situaciones las rechazamos”, manifestó.
En consecuencia, agregó que “Fundaredes deplora que tengamos que decirle al Estado y exponer a cada ciudadano que nos comenta algo en medio de la confidencialidad y en medio de una política de miedo, por ejemplo, dónde actúan grupos armados irregulares. Este tipo de situaciones no la vamos a permitir”.
“Esta medida impide y limita la organización ciudadana, también obstruye el ejercicio de la ciudadanía. El Estado lo que busca es eliminar, a través del hostigamiento, la operatividad de la sociedad civil”, dijo.
Por su parte, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, expresó que “esta medida se enmarca en la criminalización de las ONG y de la persecución de las mismas por parte del Estado venezolano”.
“Con la publicación de esta providencia administrativa, el Estado pretende que las ONG seamos una especie de patriotas cooperantes, y eso no lo vamos a hacer”, recalcó.
Sostuvo que “en los países serios la lucha contra el terrorismo y la legitimación de capitales se hace a través del sistema bancario, pero en Venezuela, bajo la excusa de perseguir al terrorismo y la legitimación de capitales, en realidad se persiguen a las ONG”. “Es por esto que se pide la lista de donantes”, indicó.
“Además, se pide la lista de beneficiarios. Por ejemplo, si una ONG brinda soporte psicológico a mujeres víctimas de la violencia, la regla principal de este tipo de programas es la confidencialidad”, sostuvo.
Otro ejemplo que colocó Daniels son las ONG que brindan ayudas alimenticias. “Si se proporciona la lista de estas personas beneficiadas, pudiesen ser estigmatizadas y privadas de otros beneficios como el CLAP”, alertó.
Ana Leonor Acosta, representante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, señaló que con esta medida se desvirtúa la naturaleza de la ley que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo, “porque presume que las organizaciones de derechos humanos son terroristas”.
Apuntó que esta providencia que acaba de salir es una prueba más de que todo aquel que alce su voz para denunciar violaciones de derechos humanos, en este caso las ONG, serán objeto de persecución y vinculación con delitos relacionados con delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
En tal sentido, explicó Daniels que “si en el país hubiese Estado de Derecho, se podría pedir al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de esta resolución por inconstitucionalidad, porque viola el principio de presunción de inocencia, pero lo que hemos aprendido es que si vamos al TSJ lo más probable es que salgamos peor”.
Acosta coincide con Daniels al destacar que en el país no existe la presunción de inocencia. “Esta no es una acción aislada, sino un plan del Gobierno de Nicolás Maduro para acorralar a las ONG que defienden derechos humanos en Venezuela y todo esto deviene de las denuncias que han documentado y efectuado las ONG venezolanas ante organismos internacionales, ante la imposibilidad de conseguir justicia en Venezuela y los organismos que deben impartir justicia en el país. Me refiero al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia”.
“Estamos haciendo las denuncias pertinentes ante las organizaciones internacionales. Estamos evaluando qué acción nacional vamos a tomar”, indicó.
Las ONG representan las voces de muchos
Daniels recordó a la ciudadanía que no tiene clara la importancia de que existan las ONG, que “son las organizaciones, junto con los medios de comunicación, las que suministran información que el gobierno no da, de modo que no pueden suprimirse las ONG”.
Ante esto, Tarazona destacó que son precisamente los sectores de la sociedad civil organizada los que han hecho visible las problemáticas del país en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad y ambiente; y el propósito es silenciarlas. “Aquí no hay un objetivo distinto a callarlas, aquí impera la opacidad, desinformación y el silencio”.
Acosta agregó que las ONG se han convertido en las únicas instancias donde los ciudadanos pueden denunciar. “Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia estamos muy preocupados por todas estas limitaciones que se hacen a las organizaciones de derechos humanos”, subrayó.
Daniels también enfatizó que todas las organizaciones, tengan que ver con política o no, se verán afectadas por esta resolución, hasta las eclesiásticas, ya que muchas de ellas reciben donativos anónimos.
Agregó que no es la primera medida que toma el Estado en contra de las organizaciones civiles. Explicó que en el año 2006 “se quiso aplicar una ley de cooperación que obligaba a las organizaciones a que se constituyese un fondo para la ayuda internacional que estaría bajo el control del gobierno, pero nunca llegó a ser aprobada”.
“Otro caso, un poco más reciente, fue la circular de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) solicitándole a las entidades bancarias estar atentas con los movimientos de las cuentas de las ONG”, indicó.
Asimismo, Tarazona subrayó que “estamos al frente de algo que ya hemos vivido en el pasado, en sindicatos, en colegios de profesionales, en gremios y partidos políticos”. “El Estado busca judicializar a las organizaciones de la sociedad civil, con este mecanismo de hostigamiento, para poder tener menor impacto que favorezca a la ciudadanía”.
Comentó que “a través de la Red Nacional de Movimientos y Organizaciones de la Sociedad Civil ya se está elaborando un manifiesto en rechazo a esta medida”.
“Queremos que nuestra voz se escuche en el sistema interamericano y universal, esta es una demostración para que las Naciones Unidas sepan lo que se está viviendo en Venezuela”, señaló.
Por último, exhortó a la Comisión de Investigación y Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas a investigar tal vulneración de libertades en Venezuela.