La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo es una dependencia adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz que está detrás de la normativa emitida por el Ministerio de Turismo, la cual obliga a las empresas de este sector a reportar el monto y la procedencia de los ingresos en divisas que reciban, señala el semanario Exclusivas Económicas.
La reunión que sostuvieron los empresarios del sector a principios de mayo con la Consultoría Jurídica del despacho de Turismo generó más dudas que aclaratorias, porque obliga a las compañías a montar una infraestructura en sus procedimientos administrativos que complica las operaciones y que encarecería sus estructuras de costos, agrega el reporte.
El Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), ente rector de este sector productivo, prevé recoger las dudas y complicaciones que genera la aplicación de esta normativa para ser llevadas a consideración del ministro de Turismo, Alí Padrón, quien ha eludido referirse a esta materia porque forma parte de una competencia que proviene de la titular del Interior, Carmen Meléndez, indica Exclusivas Económicas.
El equipo jurídico del Ministerio del Interior ha señalado que esta normativa es un mandato de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada en abril de 2012, y también por la membresía de Venezuela al Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), que es una organización creada hace casi 30 años y formada por 25 países de la Cuenca del Caribe, América Central y del Sur para implementar medidas comunes contra el lavado de dinero, sostiene el semanario.
Uno de los aspectos que mencionan abogados vinculados a la actividad turística, de acuerdo con el reporte, es que la referida legislación se aprobó cuando aún existía control de cambio y es el propio Ejecutivo nacional que ha propiciado la dolarización de facto.
Los representantes del Ministerio de Turismo se han quedado sin respuesta por el hecho de que varias de las inversiones del sector se amparan en la Ley Constitucional Antibloqueo, que consagra la confidencialidad, lo que en principio contravendría las resoluciones que exige el Gafic, puntualiza Exclusivas Económicas.