Este lunes primero de noviembre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sostuvo una reunión con Nicolás Maduro como parte de su visita de tres días por Venezuela . Su agenda de trabajo, posiblemente, también incluya encuentros con organizaciones civiles.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, señaló que “la visita del fiscal pone de manifiesto qué había detrás de los apuros de última hora del gobierno aprobando leyes sin consultarlas públicamente, de que se estuvieran dictando sentencias condenatorias en casos que habían estado congelados muchos años y que de un día para otro comenzaron a activarse, como los de Rufo Chacón y David Vallenilla”.
“Esperamos que el gobierno le presente al fiscal la escenografía institucional, la apariencia de justicia que pretende hacer ver y las reformas a un sistema de justicia que en realidad no son tales, porque no van al núcleo del asunto. Son reformas que no afectan en lo absoluto el sistema de represión y el sistema de violación de derechos humanos que en el país existe, esto a los efectos de la reunión con el gobierno”, sostuvo.
Apuntó que “si hay alguna reunión con la sociedad civil se le mostrará la verdadera realidad de un país sin ley, donde no hay justicia, donde hay impunidad”. Aclaró que Acceso a la Justicia, junto a otras organizaciones, han pedido que se dé una reunión con el fiscal, sin embargo, hasta el día de hoy no han tenido confirmación de que eso vaya a ocurrir. “Insistimos en que eso es importante, porque la sociedad civil tiene una idea muy clara de lo que está ocurriendo y de la verdadera realidad del país”, apuntó.
Aclaró que en el caso de las víctimas es más delicado, porque “si hubiese una reunión con las víctimas, quién asumiría la responsabilidad por la seguridad de esas víctimas. ¿El mismo gobierno que está siendo acusado de crímenes de lesa humanidad? Reunirse el fiscal, aunque sea en privado, con las víctimas supondría ponerlas en la mira de quienes están siendo objeto de la acusación de cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces, a partir de ahí yo veo muy difícil que una reunión con víctimas directamente vaya ocurrir, pero ojalá ocurra la que hemos solicitado que es al menos con la sociedad civil”, dijo.
Su mensaje a las víctimas es que no se dejen influenciar por la maquinaria comunicacional del gobierno. “Esto no es una visita para felicitar a nadie, es un viaje en el marco de un examen preliminar para investigar crímenes de lesa humanidad. No se dejen influenciar por fotografías con presuntos perpetradores, no las tomen como un aval de absolución, progreso o de apoyo a un gobierno”, subrayó.
Por su parte, Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, enfatizó que el fiscal solamente visita a los países en los cuales ha ocurrido hechos graves, y la fiscalía de la CPI está actuando porque la justicia interna de Venezuela no ha podido sancionar los graves crímenes en materia de derechos humanos que han ocurrido.
Comentó que actualmente se está realizando el examen preliminar y Khan necesita la mayor información en el país, y un mecanismo para ello es estar en contacto con las autoridades del país, recordando que Venezuela es signataria del Estatuto de Roma.
“Esperamos que el fiscal tenga un mejor y mayor conocimiento de las situaciones que se están investigando, pero especialmente las relativas al funcionamiento al sistema de justicia”, destacó Uzcátegui.
Detalló que “nos encontramos en una fase que es para dilucidar si el sistema de administración de justicia en el país tiene la capacidad de sancionar las diferentes situaciones, y si no la tiene entonces la actuación de la CPI sería complementaria al interés de las víctimas, es por eso que el gobierno ha hecho tantos esfuerzos de tomar decisiones apresuradas en las últimas semanas, para intentar decir que tienen voluntad, posibilidades y toman decisiones, etcétera, entonces lo que podemos esperar es que Khan haga las preguntas que necesite hacer para obtener toda la información que requiera y que además tenga la posibilidad de reunirse con los diferentes actores del país, no solamente con las autoridades del gobierno”, sostuvo.
Aseguró que las organizaciones como Provea han conversado con el fiscal y su equipo, “tenemos mecanismos de comunicación y reunión permanente”, dijo. En tal sentido, agregó que no podrá recibir a todas las organizaciones por razones de agenda y de bioseguridad, pero aseveró que existen canales de comunicación permanente para suministrar información en materia de delitos que se están investigando en Venezuela.
Aclaró que la invitación del fiscal por parte del gobierno es parte del protocolo, porque son las autoridades que controlan el territorio y deben dar el aval para que un mecanismo de protección de derechos humanos, como el caso de la fiscalía pueda visitar el país.
En cuanto a los resultados de esta investigación, explicó que los procedimientos demandan tiempo. “Él va a ser muy cuidadoso con los plazos, en responder a todas las comunicaciones que envíen las autoridades venezolanas para cumplir debidamente todo el procedimiento, para que si se abre una investigación eso no represente una posibilidad de que los abogados defensores de las personas que serán acusadas puedan recusar el procedimiento porque no se cumplió de la manera correcta”.
Indicó que “es posible que tengamos novedades sobre Venezuela en la próxima asamblea de los Estados parte de la CPI, que será el próximo mes de diciembre”.
El examen preliminar data desde 2018
La CPI mantiene abierto un examen preliminar a Venezuela desde el año 2018, por presuntos abusos a las fuerzas de seguridad en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017.
En 2020, Fatou Bensouda, la anterior fiscal de la CPI, dijo que existían fundamentos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ahora, tras la visita de Khan, Venezuela se mantiene a la expectativa de la decisión final sobre el informe preliminar.
Protestas por la verdad
La mañana de este lunes ocurrió una protesta en el Distribuidor Altamira, para exigir al fiscal de la CPI que atienda a las víctimas.
«Yo no sé si vamos a ver al fiscal, lo que sí sé es que el fiscal nos va a ver a nosotros», aseguró la presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz Delsa Solórzano, quien encabezó la protesta. «No tenemos conocimiento de la agenda del fiscal, se nos ha dicho que probablemente no se reúna con las víctimas para protegerlas. De ser así, queda claro el talante antidemocrático y dictatorial del régimen que hoy tiene más de 300 prisioneras de consciencia que son torturados y víctima de desaparición forzosa».
Solórzano advirtió que se mantendrán en la calle mientras el fiscal esté en Venezuela.