Tras la reunión que sostuvo Michel Bachelet con representantes de Organizaciones No Gubernamentales, gremios, sindicatos, familiares de presos políticos, entre otros, surgió la posibilidad de instalar una oficina permanente de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela.
¿Cuáles son las funciones?
La Organización de Naciones Unidas define a la Oficina del Alto Comisionado como un organismo especializado, que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Declaración y Programa de Acción de Viena, Austria, en 1993.
Entre sus funciones está salvaguardar los tres pilares interrelacionados de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. Proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos.
¿En qué países hay oficinas y cómo se logra su instalación?
Al establecer las oficinas de país y las oficinas independientes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos negocia con el gobierno del país anfitrión un amplio mandato, que incluye tanto la protección como la promoción de los derechos humanos. En 2018 había sedes en Burundi, Camboya, Chad, Colombia, Guatemala, Guinea, Honduras, República de Corea, Mauritania, México, estado de Palestina, Túnez, Uganda, y Yemen.
Las actividades de las oficinas de país incluyen la vigilancia, la información pública, la asistencia técnica, y la supervisión y el desarrollo de capacidades nacionales de largo plazo para abordar las cuestiones de derechos humanos.
Contexto venezolano
La fundadora y directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, explica que la importancia de estas oficinas país es que puedan actuar de manera independiente, técnica y que puedan desplazarse de manera autónoma para encontrarse con todos los actores. Agregó que la instalación de la oficina abre la posibilidad de tener auxilio de los expertos de Naciones Unidas en situaciones específicas.
Cofavic sostuvo un encuentro con Bachelet donde pidieron que la oficina de la alta comisionada continúe reflejando con firmeza la grave situación de los derechos humanos que se vive en Venezuela
Venezuela atraviesa una severa situación económica, política y social. En enero de 2016, la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, aprobó por unanimidad declarar la crisis humanitaria de salud por escasez de medicamentos.
Organizaciones como Foro Penal Venezolano contabilizan 687 presos políticos, y denuncian que se encuentran en malas condiciones de reclusión, en muchos casos, víctimas de tortura.
La administración de Nicolás Maduro ha reiterado en varias ocasiones que la difícil coyuntura que vive el país obedece a sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.
En un informe oral presentado en Ginebra el pasado 20 de marzo de 2019, Michelle Bachelet aclaró que la crisis en Venezuela comenzó antes de las sanciones internacionales aplicadas al país, pero que estas han agravado aún más la situación.
En el estudio, el equipo técnico de la alta comisionada que visitó el país en marzo, documentó represión de fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro contra manifestantes pacíficos y disidentes, que han incluido muertes, torturas y restricciones a la libertad de prensa.
Con respecto al sector salud concluyeron que «la propagación de enfermedades infecciosas, que anteriormente estaban bajo control, es el foco de la reciente asistencia de vacunación de la Organización Panamericana de la Salud».
En referencia al ámbito de los servicios públicos, el informe presentado por Bachelet destacó que «la escasez de agua, de gas natural y el colapso del transporte público también continúan afectando a muchas personas y, junto con la hiperinflación, generan condiciones económicas extremas que han provocado miles de protestas sociales».