Con la reciente aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional del proyecto de ley titulado «El Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares», enfrentamos una nueva embestida autoritaria por parte del régimen de Nicolás Maduro. Este proyecto de ley representa una amenaza a la libertad y derechos de todos los venezolanos.
En primer lugar, es importante destacar que, a diferencia de otros países donde existen movimientos políticos de ultraderecha o pro-nazis, en Venezuela no hay una base real que justifique la necesidad de una ley de este tipo. En realidad, el creciente autoritarismo del régimen es la fuerza política que más se asemeja al fascismo en el país. Con un modelo político que se caracteriza por su naturaleza autoritaria y discriminatoria, que persigue a aquellos que hacen oposición, viola los Derechos Humanos y busca favorecer únicamente a una élite en el poder.
En este sentido, la ambigüedad y amplitud de las definiciones utilizadas en el proyecto de ley generan una deformación en el Estado de derecho, lo que permitiría al régimen criminalizar, perseguir y privar de libertad a quienes nos opongamos a su modelo político. Las vagas categorías de «fascismo», «neofascismo» y «expresiones similares» dejan espacio para interpretaciones subjetivas y arbitrarias. De esta manera se prohibirían las reuniones destinadas a promover acciones consideradas como fascistas, lo cual puede ser interpretado de tal manera que se abra la puerta a la criminalización de actividades legítimas de la sociedad civil como la protesta pacífica.
Además, esta disposición otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) la autoridad para decidir sobre el registro de partidos políticos, lo cual podría ser utilizado como un instrumento de represión política para eliminar la pluralidad de ideas. De manera aun más preocupante, se facultaría al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para disolver cualquier organización política que desafíe al régimen.
Otro aspecto alarmante es la disposición que permitiría la aplicación retroactiva de la ley, lo que significa que las acciones consideradas legales en el pasado podrían ser penalizadas después de la entrada en vigor de la legislación. En el proyecto se hace referencia a las protestas masivas ocurridas en los años 2014 y 2017. En este sentido, se podría re victimizar a los venezolanos, quienes sufrimos una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad del régimen.
Así, no es casualidad la inclusión de duras penas que podrían alcanzar hasta los 12 años de prisión por supuestas infracciones a esta ley. Tales sanciones tienen como finalidad coaccionar y reprimir a aquellos que ejercemos legítimamente nuestro derecho a disentir o criticar al régimen. Así, buscan aumentar el clima de miedo y autocensura en el país.
Ante una ley que amenaza con restringir aun más nuestras libertades y derechos fundamentales, es crucial que los venezolanos sigamos trabajando en todos los espacios para recuperar la democracia y el Estado de derecho en el país. Debemos educarnos sobre el alcance de esta legislación, organizarnos y denunciar la situación en todas las instancias posibles, al igual que permanecer firmes en nuestra lucha por la libertad y la justicia, y no permitir que leyes injustas socaven nuestros derechos y aspiraciones para lograr una sociedad democrática, libre y de progreso social.