?Siempre he creído que el periodismo no tiene más encargo en el mundo que el de informar; dar la noticia, la que no es un hecho en sí mismo sino el relato de ese hecho, basado en distintas fuentes de información. La única consecuencia esperada de cada noticia es que informe al público al que va dirigida: lo mismo el anuncio de un corte de suministro de agua potable por reparaciones en las tuberías que la grabación telefónica de la voz de un gánster con los pormenores del dinero del narcotráfico que aseguraron el triunfo electoral del presidente de la república.
El periodismo no es más (ni menos) que un elemental y provechoso oficio de servicio comunitario, como el del barrendero, el panadero o el fontanero. Las únicas diferencias consisten en que el periodismo es menos monótono, más susceptible a la corrupción y peor pagado.
Aunque nunca espero nada de cada trabajo que publico distinto al hecho mismo de investigarlo e informarlo, en Colombia es bien difícil ignorar los pedidos justicieros de la gente que pide hacer públicas sus desgracias en vista de que ninguna instancia gubernamental las atiende o, como ocurre la mayoría de las veces, simplemente las ocasiona: los millares de madres a quienes el Ejército Nacional les secuestró y asesinó a sus hijos, menores de edad e indefensos, para hacer creer que cayeron abatidos en fieros combates de los que las heroicas fuerzas del estado salieron victoriosas.
El cúmulo de crímenes que la justicia se niega a investigarle al vicepresidente; el puente imaginario que la comunidad ya ha pagado cuatro veces y, sin embargo, en todos los casos se robaron el dinero; las prostitutas callejeras a las que mafiosos y funcionarios públicos les compraron jugosos seguros de vida en Lloyd, las asesinaron y los cobraron en libras esterlina; el ex presidente terrateniente que en sus haciendas de dudosa procedencia tiene sepultados en fosas comunes a los dueños anteriores; las empresas privadas prestadoras de salud que dejan morir a sus afiliados reales y desangran los fondos públicos cobrando por intervenciones, tratamientos y procedimientos de altísima complejidad practicados a usuarios que nunca existieron
Colombia ocupa los primeros lugares del mundo entre los países con regímenes de desigualdades sociales y de privilegios para grupúsculos que no los necesitan ni merecen. Los mandatarios, generales, ministros y grandes caciques de la política y los negocios son virtualmente inmunes: sin dios ni leyes reales. Y las víctimas de este estado de cosas con frecuencia ven en el periodismo su única tabla de salvación.
Gozan de absoluta impunidad los casos de secuestro y esclavización de niños que las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares pusieron en la primera línea de combate como carne de cañón. En el peor de los casos, con los cadáveres de los niños a la vista, alegan que no es cierto y con eso basta.
Desde hace tres años estoy inmerso en una investigación sobre las mafias que ejercen el gobierno formal y el manejo de todas las expresiones criminales existentes en el norte de Colombia, con fuertes derivaciones en el occidente de Venezuela, Haití, México y República Dominicana. Todo comenzó cuando una señora llamada Yandra Brito me llamó por teléfono para anunciarme que el gobernador del departamento de La Guajira, Kiko Gómez, iba a asesinarla. Tomé las primeras anotaciones y no alcancé a publicar nada cuando, en efecto, la asesinó sin miramientos. Esta y otras fechorías del gobernador me llevaron a un primer viaje en busca de información que sería la base de un documental en el cual algún día mostraré cómo el crimen organizado fundó lo que parece un nuevo país en esta región del mundo.
No obstante, encontré que la consecuencia más deplorable de ese imperio del crimen es el exterminio impune y silencioso de la nación indígena más grande de Colombia, Wayúu, formada por unas 400 mil almas. Las partidas presupuestales anuales del gobierno central para atender la educación, la salud y la alimentación, han sido hurtadas durante décadas por la mafia, a la cual pertenecen funcionarios públicos, políticos, militares, narcotraficantes, policías, empresarios y congresistas. El desamparo, la segregación y la expoliación (incluye el robo literal del único río de la región desértica en la que viven) han dejado entre cinco mil y 14 mil niños muertos de hambre y 37 mil en estado de desnutrición.
El descubrimiento de este cataclismo humanitario se sobrepuso al tema original de mi trabajo en La Guajira y ante la certeza de que con denunciar públicamente esta atrocidad no iba a conseguir mayor cosa, opté por pedirle apoyo a mi amiga Carolina Sáchica, brillante abogada penalista, especializada en Derechos Humanos y litigio en el sistema interamericano de justicia. Pronto quedó claro que ninguna acción judicial dentro de Colombia tendría ningún efecto, como nos lo demostró el joven líder Wayúu, Javier Rojas Uriana con cerros de papeles judiciales fallados invariablemente en contra de su gente en todas las instancias del país.
El único camino posible para conseguir el respeto a los derechos humanos de los Wayúu y detener el genocidio lo planteó Carolina: acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) con el objeto de pedir medidas cautelares urgentes, pues, en caso de lograrlas, el gobierno colombiano debería acatarlas de manera obligatoria e inmediata. Como complemento de la demanda ante la CIDH hice el documental El río que se robaron con la benemérita producción del abogado, investigador social y productor audiovisual Alex Vernot. Nos habría de servir como prueba judicial fundamental y pieza informativa para enseñarle al mundo esta realidad.
Elevamos el pedido en marzo de 2015, la CIDH lo aceptó para trámite y entramos en un proceso de constantes desilusiones, primordialmente por parte de expertos que se dedicaron a advertirnos que fracasaríamos por razones tales como que el pedido estaba mal planteado o que necesitaríamos contratar una empresa de lobby especializada para que la Comisión tomara en cuenta nuestras aspiraciones. Frente a ese panorama, optamos más bien por interesar en el exterminio Wayúu a colegas de los medios de comunicación más importantes del mundo, a inscribir el documental en festivales, principalmente de Europa y Estados Unidos y a exhibirlo en foros y universidades, con lo cual despertamos una incipiente ola de solidaridad que ha ido aumentando como la fumarola de un volcán próximo a explotar.
El gobierno colombiano no reconoció como cierta la deplorable realidad de los Wayúu sino que pidió a la CIDH desestimar nuestro pedido por carecer de sentido. El Presidente Juan Manuel Santos visitó La Guajira y en un infortunado discurso expresó que resultaba desproporcionado hablar de cinco mil niños muertos por inanición. Cuando más, afirmó, llegarían a 300. Como si esa cifra no fuera también suficientemente espantosa.
Los desmentidos de los alegatos del gobierno frente a nuestro pedido comenzaron a contrastar de manera dramática con las muertes diarias por hambre de pequeños sobre las que no dejamos de informar a la CIDH en la medida que los mismos Wayúu nos las iban reportando, a pesar de amenazas y asedios del propio gobierno para impedir que lo hicieran.
En el fragor del litigio, en noviembre pasado, El río que se robaron ganó el Gran Premio Franco-Andino que no pude ir a recibir debido a complicaciones surgidas por la última matanza en París. No obstante, cuando se organizó un acto sencillo para proclamarlo, pedí que no le fuera entregado a un funcionario diplomático colombiano que estaba a la mano, como se propuso originalmente, sino que solamente se guardara un minuto de silencio por los dos niños que murieron de hambre ese día. Semanas más tarde, recibí la estatuilla en la embajada de Francia en Bogotá mientras Carolina presentaba el documental ante un grupo de expertos en la Universidad de Alicante, España, y se disponía a llevarlo enseguida al Instituto del Agua.
El jueves de la semana pasada la CIDH decidió otorgar las medidas cautelares al pueblo Wayúu en una disposición que exige darles agua potable de manera fluida, suficiente y constante para su propia manutención y el sostenimiento de sus animales y cultivos. También ordenó otorgarles servicios plenos de salud, saneamiento y alimentación adecuados para los niños y las madres gestantes. Este instrumento jurídico es de cumplimiento obligatorio y será la base de innumerables acciones para resarcir los daños devastadores causados al pueblo Wayúu y castigar a los culpables.
Tan pronto conoció la decisión de la CIDH, Cristina Plazas Michelsen, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, principal organismo responsable de la corrupción y la indolencia causantes del genocidio, divulgó un escrito según el cual la orden de salvaguardar a este pueblo del desierto significa que perdió Colombia y la calificó como una vergüenza.
Con ese recibimiento se deduce que no va a ser fácil poner a salvo del exterminio al pueblo Wayúu. No obstante, Carolina Sáchica, Javier Rojas Uriana, Alex Vernot y yo, estamos listos para proseguir la batalla e ir con ella hasta donde haya que llegar. Ya sabemos que es triunfadora esta mezcla honesta de derecho y periodismo en busca del bien común.