El miércoles 16 de agosto se reunieron representantes de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica (AJIP) con directivos de Petróleos de Venezuela para adelantar las negociaciones relativas al pago de la deuda que la estatal tiene con 41.000 beneficiarios del Fondo de Jubilaciones de la empresa estatal energética, aseguraron fuentes del sector que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
«En la reunión se planteó elevar el pago de las cuotas por concepto de la deuda de 150 a 300 dólares mensuales a cada beneficiario», precisó un consultado.
Las fuentes revelaron que si bien el intercambio de planteamientos durante la cita se dio dentro de un ambiente cordial, la empresa fue esquiva respecto a un compromiso definitivo en cuanto a acelerar la cancelación de la deuda conforme a las exigencias de los jubilados.
De acuerdo con la auditoría realizada en 2015, el monto de la deuda a cancelar por haberes depositados en el Fondo es de 2.347 millones de dólares.
En ese sentido, se le debe cancelar a cada beneficiario 660 dólares al mes, pero hasta la fecha los jubilados y sobrevivientes han percibido montos muy inferiores.
En 2022, el pago era de 4 petros, equivalentes a 100 dólares mensuales o 1.919 bolívares al cambio de entonces. Pero los beneficiarios recibían hasta 30% menos de esa cantidad porque los petros eran sometidos a subasta.
A comienzos de 2023, se fijó la cancelación por persona de 150 dólares mensuales a través del Sistema Patria. La propuesta de 300 dólares se enmarca en un esquema de gradualidad para llegar pronto al pago de 660 dólares mensuales.
Otra exigencia de AJIP en la reunión con Pdvsa fue la solución urgente del problema del seguro médico (Sicoprosa), cuya atención a los trabajadores activos y jubilados y sus familiares es muy deficiente.
“Alcancía de corruptos”
Las fuentes recordaron que el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores petroleros y petroquímicos se convirtió en una alcancía para manejos dolosos de los haberes por parte de «asesores y enchufados del oficialismo».
Destacaron que los beneficiarios fueron gravemente perjudicados con las sucesivas sustracciones de millones de dólares depositados en el mecanismo.
Entre los manejos irregulares de recursos, las fuentes recordaron el desfalco de 500 millones de dólares del asesor financiero Francisco Illaramendi.
Este personaje utilizó esa cantidad para crear un negocio piramidal (esquema Ponzi) ilegal en Estados Unidos.
Por ese delito, Illaramendi fue sentenciado a 13 años de prisión en la nación del Norte, pero los 500 millones de dólares no retornaron al Fondo.
Según las fuentes, dineros del Fondo también forman parte de los 1.500 millones de dólares liberados del Novo Banco de Portugal y que deben retornar a Pdvsa luego de la sentencia a favor de Venezuela emitida por el Tribunal de Justicia de Lisboa el 9 de agosto.
Pero el objetivo central de los trabajadores y jubilados petroleros y petroquímicos, señalaron las fuentes, es que se les restituya la propiedad del Fondo creado originalmente como una personalidad jurídica privada.
En este contexto, la facultad de administrar el Fondo y sus haberes monetarios e inmuebles, producto del aporte de parte de los sueldos de los jubilados corresponde a los socios de la institución.
«En 2013, Pdvsa se apropió del Fondo, cambiando arbitrariamente la personalidad jurídica», concluyó un consultado.