El referendo revocatorio es un derecho establecido en el artículo 72 de la Constitución venezolana como una idea impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, con el fin de que cualquier funcionario electo por votación directa sea removido a la mitad de su mandato, si no cuenta con respaldo popular.
El referendo contra Maduro corre a dos tiempos: el legal y el político. Si se toma en cuenta el primero, la salida del mandatario debería efectuarse, cuando mucho, en noviembre del año 2016. Si se toman en cuenta los requerimientos políticos el destino del proceso es incierto.
La oposición ha denunciado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto una serie de «alcabalas» para retrasar el proceso mediante establecimiento de una serie de medidas que están al margen de la normativa en la materia.
Con un mes de retraso y luego de que un grupo de diputados de oposición encadenará en la sede del CNE, el directorio del organismo entregó el formato para recolectar 1% del padrón electoral por región y en un primer paso se lograron consignar un millón 800 mil rúbricas que fueron sometidas a un proceso de digitalización, digitación y dactiloscopia no previsto en el reglamento de la materia.
¿El resultado? 50 días de espera y tras una importante agresión al jefe de la bancada opositora en el Parlamento, Julio Borges, el árbitro rechazó 550 mil firmas de la base de datos y puso fecha a la validación de esas firmas entre el 20 y 24 de junio.
