Las protestas que se registran en Venezuela por falta de comida, como muchos otros males que aquejan en la actualidad a esta nación, por supuesto que no son el resultado de ninguna casualidad.
Son la consecuencia del desarrollo de un proceso quirúrgico y progresivo para adulterar el adn de la economía, adelantado inicialmente de forma enmascarada, colocadas sobre la mesa en el tiempo reciente con el objeto confesado de consolidar un hábitat socialista.
Una inusitada ola de expropiaciones y nacionalizaciones; la inversión de altas sumas de dinero orientados al desarrollo de proyectos colectivistas fracasados; un discurso hostil a las inversiones y la formación de capitales, y un entorno administrativo increíblemente corrompido, cuyas ramificaciones tocan el alto gobierno y las Fuerzas Armadas, han contribuido, con especial influencia, en la consolidación del actual estado de cosas de este país.
A estos factores habría que agregar otros fundamentales, puestos en vigor entre los años 2013 y 2014 por el gobierno de Nicolás Maduro, antes, durante, y después de las violentas protestas estudiantiles opositoras de aquel entonces.
Nos referimos a la disposición administrativa que obliga a los usuarios de los automercados a someterse al control de una máquina captahuella; a la asignación de un sólo día de compra para la población, de acuerdo al numero terminal del carnet de identidad; y a la puesta en vigor de dos instrumentos legales considerados medulares en la consolidación del proyecto socialista, expresado en el denominado Plan de la Patria que dejó Hugo Chavez como herencia: la Ley del Trabajo y la famosa Ley de Precios Justos.
Todas estas decisiones fueron presentadas por Chávez y Maduro como instrumentos naturales de la justicia social: si el empresario defraudaba la confianza pública vendiendo caro o acaparando, era necesario restituir esos desequilibrios procurando un entorno en el cual la gente sencilla tuviera acceso a las decisiones y los recursos de acuerdo con su capacidad y su necesidad.
La del Trabajo, pensada para modificar relaciones injustas de producción, y romper con el esquema alienante del capitalismo eliminó las cláusulas de despido y convirtió en norma el ausentismo laboral, otro de los grandes males de la Venezuela de hoy. La de Precios Justos, que presumiblemente llegaba para establecer márgenes razonables de ganancia a los propietarios, destruyó por completo el balance natural entre la oferta y la demanda que debe existir en toda economía. No habiendo Ley de Oferta y Demanda, la única ley vigente en la Venezuela de Maduro es la Ley de la Selva.
La embriaguez populista, el desprecio por la economía, la irresponsabilidad electoral, y la corrupción desenfrenada de los mandos chavistas, fue consolidando un terrible desorden fiscal, enorme bola de fuego que se agravó con la muerte de Hugo Chávez, y que colocó a la República frente a un gravísimo pasivo frente a proveedores internacionales, líneas aéreas, laboratorios farmacéuticos, y productores nacionales. Todo lo anterior envuelto en un draconiano esquema cambiario, que permita al alto gobierno ejercer un control sistemático de las divisas extranjeras, y que evaporó, gracias a la coima y el cohecho, de forma criminal, las arcas de una de las naciones más ricas del hemisferio.
Hoy el campo está abandonado. Los productores privados, asediados por las amenazas, las fiscalizaciones y las tomas de sus empresas, apenas sobreviven. Casi todos han sacado sus capitales del país. Los automercados que el gobierno ha estatizado están, no sólo en la insolvencia, sino en muchas ocasiones extintos. La importación de comida, es, además, un lucrativo negocio, con el cual funcionarios del Ministerio de Alimentación, de Finanzas, y funcionarios de la Guardia Nacional, han estafado a Venezuela haciendo negocios con el diferencial cambiario, mientras reprimen con saña y violencia las manifestaciones de la Oposición.
Gracias a esta circunstancia, los justiprecios de Maduro, suben dos y tres veces a la semana; las colas para comprar comida se toman cuatro y cinco cuadras, y el gobierno nacional quiere consolar la ira de los venezolanos con una nueva cómica administrativa con carácter de operativo electoral: los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), arreglo floral cuya única utilidad sea, acaso, castigar las expresiones de inconformidad y reprimir a los manifestantes.