El Senado de Estados Unidos aprobó el pasado viernes 16 de diciembre, por unanimidad, la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, conocida como la “Ley Bolívar“, que prohíbe a las agencias federales y empresas estadounidenses hacer negocios con la administración de Nicolás Maduro.
Esta ley, sin embargo, ya había sido aprobada en marzo de 2021 por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos. Ahora los senadores esperan ampliar la norma, basándose en resguardar la seguridad nacional de su país.
Para el economista Francisco Rodríguez, la Ley Bolívar es «redundante y simbólica», debido a que «hacer negocios con el Estado venezolano ya es ilegal por las sanciones, por lo menos para las empresas estadounidenses».
Enfatizó que todas las leyes que son aprobadas por el Senado de Estados Unidos, «vienen acompañadas de un informe de impacto presupuestario», que estima que no va haber ningún efecto directo sobre el presupuesto gubernamental, porque no hay en estos momentos, de acuerdo con la oficina de Presupuestaria del Congreso, ninguna empresa que tenga negocios con el gobierno de Maduro, que sea contratistas del gobierno estadounidense».
Rodríguez ratificó que esta Ley «no tiene ningún efecto real». A su juicio, lo que pudiera ocurrir, como ya ha pasado, es que debido a las llamadas «sanciones secundarias» que involucra a otros países, especialmente los europeos, empresas de Europa no deberían hacer negocios con el Estado venezolano.
La Ley Bolívar fue promovida por los senadores Jacky Rosen, Marco Rubio y Thom Tillis, junto a los congresistas Michael Waltz y Debbie Wasserman Schultz. La norma establece que no se afectará a ningún negocio con la Asamblea Nacional de 2015, reconocida por Estados Unidos y liderada por el dirigente opositor Juan Guaidó.
No obstante, el miércoles pasado dirigentes políticos de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática –que fueron electos como diputados para la Asamblea Nacional en 2015- anunciaron, en rueda de prensa, que se eliminará la figura de la presidencia interina a partir del 5 de enero de 2023; y que antes del 31 de diciembre de este año se hará la modificación del Estatuto de la Transición.
Pero esperan continuar manejando la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, junta ad hoc de Pdvsa Holding y la creación de una Comisión Ejecutiva para la Administración del Gasto, con el propósito de seguir “protegiendo” los activos de Venezuela en el extranjero.
Licencias de la OFAC quedan exentas
La Ley Bolívar establece excepciones en casos de prestación de ayuda humanitaria, socorro o desastre, además de las licencias que pueda otorgar la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). También permite que el Secretario de Estado elimine la restricción cuando se trate de un tema de interés nacional para Estados Unidos.
En ese sentido, Francisco Rodríguez señaló que la Ley Bolívar «no cubre a las empresas que tienen licencias de la OFAC, que están exentas», como ocurre con el caso de la petrolera Chevron que retomó recientemente operaciones en Venezuela, bajo la autorización del gobierno de Joe Biden.
«Desde la perspectiva legal, lo que la Ley prohíbe es hacer transacciones financieras o intercambio de bienes, lo que hacen las sanciones es congelar activos, que también se llama ‘bloquear’. Es decir, que si el Estado venezolano quisiera comprar algo en Estados Unidos, no podrían porque al momento de hacer el pago, ese activo queda congelado», explicó el también exdirector de la oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela (2000-2004).
Desde el punto de vista político, Rodríguez puntualizó que el gobierno estadounidense puede continuar entablando negociaciones tanto con el gobierno de Nicolás Maduro, como con la oposición y eso no interferirá en la Ley Bolívar.
Esta ley solo aplicará la prohibición a los contratos efectuados a partir de su promulgación.