Un funcionario de un tribunal federal de Estados Unidos que supervisa una subasta de acciones de la matriz de la refinería venezolana Citgo Petroleum pidió el lunes al juez del caso que impida a los acreedores presentar demandas adicionales que pudieran desviar el proceso de venta, señala Reuters.
De acuerdo con la agencia de noticias, tres acreedores que habían registrado reclamos ante el tribunal, pero que es poco probable que reciban los ingresos de la subasta, han presentado demandas separadas este año buscando recuperar miles de millones de dólares de bonos venezolanos en default. Las tres (Gramercy Distressed Opportunity Fund, G&A Strategic y Girard Street Investments) son empresas relacionadas.
Las demandas paralelas han complicado la subasta en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Delaware, que pretende, después de varios retrasos, seleccionar un ganador este mes y completar una venta en noviembre, advierte Reuters.
El caso fue presentado por primera vez en Delaware en 2017 por la minera Crystallex y desde entonces ha permitido que otros 17 acreedores, incluidos tenedores de bonos, busquen acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding.
Sin embargo, las ofertas recibidas hasta el momento no cubrirían los 21.300 millones de dólares en reclamaciones registradas ante el tribunal de Delaware. Citgo ha sido valorada entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, y la oferta más alta en una primera ronda de licitación en enero fue de 7.300 millones de dólares.
La situación ha llevado a algunos acreedores a presentar demandas en otros tribunales. Las reclamaciones de Gramercy, Girard Street y G&A se encuentran cerca del final de la lista de empresas que probablemente recibirán ingresos por ventas, indica Reuters.
«Ciertos acreedores judiciales están tratando de eludir el proceso de venta de este tribunal – a pesar de su participación previa en ese proceso – presentando demandas de último momento en otros foros», escribió el funcionario judicial Robert Pincus en su solicitud al juez del caso.
«Esto amenaza con socavar el proceso de venta en detrimento de los acreedores que siguieron el proceso judicial», añadió. A los postores les preocupa el riesgo de que los acreedores reclamen posteriormente los activos que intentan adquirir, afirmó.