Transnacionales reactivan lobbying ante el Departamento de Estado y OFAC para frenar reversión del alivio de las sanciones petroleras

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La Licencia General Nº 44 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) emitida en octubre del año pasado tras la firma de los Acuerdos de Barbados sorprendió porque no se consideraba que el gobierno de Joe Biden podría otorgar una autorización tan amplia en el sector de los hidrocarburos para la administración de Nicolás Maduro, advierte el semanario Exclusivas Económicas.

Aun cuando se le puso fecha de vigencia hasta abril a la referida licencia, se convirtió en una frase repetida decir: “Se irá renovando automáticamente”. Además, se asumió que eso sería suficiente para que cualquier empresa petrolera foránea se planteara ampliar sus operaciones en Venezuela sin riesgo de violar las normas del gobierno estadounidense, agrega la publicación.

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La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación política de la candidata presidencial María Corina Machado ensombreció de un día para otro las expectativas favorables que la Licencia General Nº 44 generó sobre la evolución de la producción petrolera y la actividad gasífera, indica el semanario.

La situación ha cambiado parcialmente con las declaraciones emitidas desde el Departamento de Estado, que insiste en recodar que ese permiso tiene condicionantes políticos que deben ser atendidos por el gobierno de Maduro.

“Estados Unidos emitió la Licencia General 44, que brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela. A falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024”, dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.

Un riesgo adicional está en que también pueda revertirse la autorización que se le otorgó a la empresa Chevron para comercializar petróleo venezolano en Estados Unidos en noviembre de 2022 y que permitió el regreso de este crudo al mercado norteamericano después de cuatro años.

Por lo pronto, las gestiones de lobby o cabildeo de los representantes de Chevron y también de Maurel & Prom y Repsol ante el Departamento de Estado y la OFAC están activadas para que en el peor de los casos se minimicen los riesgos ante cualquier posibilidad de revocatoria de la Licencia General Nº 44 e incluso la Nº 41, que compete a Chevron y más bien la decisión sea una autorización particular para estas compañías.

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