Nos encontramos sumergidos en las tinieblas, y no solo por la terrible emergencia humanitaria compleja que padecemos los venezolanos a diario, sino por las constantes fallas del servicio eléctrico nacional. A lo largo y ancho del país vivimos apagones que se han convertido en una pesadilla recurrente, causando un terrible efecto sobre toda la población.
En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo la crisis del sector eléctrico se ha encrudecido. Las fallas se reportan en más de una docena de estados, incluyendo la capital del país. Caracas, Zulia, Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida, Falcón y Lara, son algunos de los ejemplos más resaltantes. Los cortes, ya sean planificados o no, ocurren en cualquier momento del día y sin previo aviso, lo que mantiene en una agotadora zozobra a los venezolanos.
El régimen ha hecho infinidad de falsas promesas sobre solventar la crisis de servicios públicos desde el gran apagón nacional en marzo de 2019, y sin embargo, la situación no hace más que empeorar año tras año. De acuerdo a los datos recopilados por la ONG Comité de Afectados por Apagones, las fallas del servicio eléctrico aumentaron 16% en enero de este año, respecto al mismo mes de 2022, cuando contabilizaron 3.296 interrupciones.
Una nación no puede prosperar con cortes diarios de luz. Estas fallas y las fluctuaciones de voltaje afectan los electrodomésticos, generando gastos inesperados para reemplazar o reparar los equipos dañados; afectan nuestras actividades cotidianas, nuestra salud mental, y se convierte en una carga económica adicional para las familias venezolanas, que ya luchan contra la inflación y los bajos salarios.
Los apagones también paralizan la producción y el comercio, dificultando el funcionamiento de los servicios básicos como el agua potable y el transporte, lo que obliga a las empresas e industrias a paralizar sus actividades. Los pequeños y medianos empresarios son especialmente vulnerables ante esta crisis ya que no tienen la capacidad de soportar los costos de generadores o sistemas de respaldo eléctrico, lo que limita su capacidad para mantener sus negocios a flote. Todo esto se traduce en un incremento de los problemas económicos, disminución de los empleos y aumento de los precios de los productos.
Contar con un servicio eléctrico de calidad es una urgencia, no un capricho. Es fundamental invertir en la modernización y rehabilitación de la infraestructura eléctrica del país. Esto implica la actualización de las plantas generadoras, la expansión de las redes de transmisión y distribución, y la implementación de sistemas de monitoreo y control más eficientes. Además, se debe fortalecer la planificación y la gestión del sector eléctrico y establecer programas de mantenimiento periódico y sistemas de supervisión rigurosos para garantizar el funcionamiento óptimo de las instalaciones eléctricas.
Si queremos recuperar los servicios básicos es necesario dejar atrás los males que nos han acechado las últimas dos décadas, como la corrupción y la mala administración. Es vital contar con instituciones sólidas e independientes que trabajen por y para la gente. El cambio que anhelamos es posible y está en manos de todos los que anhelamos un mejor país conseguirlo.