Es lamentable que documentos que implicaron muchas horas de trabajo por parte de personas bien remuneradas, conduzcan a la aprobación de acuerdos y convenios que cuando requieren ser ejecutados se conviertan en una papa caliente que nadie se atreve a agarrar y acaban por ser letra muerta.
Así pasa con la Carta Democrática Interamericana que fue aprobada por todos los países miembros de la OEA en una sesión especial de la Asamblea, realizada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. Ese documento, en su artículo 19, establece lo siguiente:
Cito textualmente: la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.
O sea, prácticamente expulsa al país violador de la carta, de toda participación en la OEA hasta que no se corrijan las acciones que provocaron la expulsión que debe ser acordada en una Asamblea realizada en un período extraordinario de sesiones y en la que se cuente con el voto afirmativo de dos terceras partes de los miembros.
Y en el artículo 3 establece lo siguiente que también cito textualmente: Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
Ahora, ¿Qué ha hecho el gobierno de Venezuela que amerite la aplicación de la carta? Pues la respuesta es clara: Muchas cosas y vamos a discutirlas para que no quede duda de la respuesta.
El pasado 6 de diciembre se celebraron las elecciones para elegir la nueva Asamblea Nacional. Con una participación superior al 74% de los electores, el resultado fue una derrota aplastante para el gobierno presidido por Nicolás Maduro. La MUD obtuvo 112 escaños contra 55 del Chavismo. Una derrota apabullante. El número es muy importante por lo que vamos a ver más adelante.
El CNE presidido por Tibisay Lucena, está completamente subordinado al gobierno de Nicolás Maduro. No es independiente.
Como el Tribunal Supremo de Justicia no le era favorable y Maduro lo necesitaba, decidió cambiar a los integrantes del mismo y aprovechando que todavía la nueva asamblea no entraba en funciones, el 23 de Diciembre la designó a 13 magistrados y 221 suplentes para dicho Tribunal.
De esta forma, Maduro se aseguró el control del Tribunal Supremo de Justicia y rompió la separación e independencia de los poderes públicos que establece el citado Artículo 3. Esto en sí, es ya una violación de la Carta Democrática Interamericana.
Luego, el CNE impugnó ante el nuevo Tribunal a 3 de los diputados indígenas pertenecientes a la MUD sin mencionar ninguna razón. La impugnación fue aceptada y así el número de escaños de la MUD disminuyó de 112 a 109. Esto constituye otra violación a la Carta Interamericana, pero veamos la importancia del número.
La Constitución Bolivariana establece que con 112 escaños, la oposición tenía la mayoría calificada que le permitía aprobar leyes habilitantes y leyes orgánicas, designar a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, convocar a una asamblea constituyente y aprobar reformas constitucionales entre otras cosas. Con 109 escaños no podía y así comenzó la nueva Asamblea a operar, limitada antidemocráticamente por el ejecutivo Oficialista.
A la larga los tres escaños indígenas fueron devueltos pero el control del Ejecutivo Chavista sobre el CNE y el TSJ y al apoyo incondicional de las fuerzas armadas con que cuenta, le ha permitido bloquear todas las leyes que la Asamblea Nacional de mayoría calificada ha pasado.
Así se han bloqueado la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la Ley para Limitar el Período Presidencial, la Ley para Convocar un Referendo Revocatorio e incluso Maduro ha declarado su intención de pedir al TSJ la disolución de la Asamblea Nacional.
El Chavismo ha dado de facto un Golpe de Estado y está bloqueando todos los procesos establecidos por la constitución venezolana. Si antes se podía decir que la Democracia estaba muerta en Venezuela, ahora está más que muerta. En Venezuela hay una dictadura.
No cabe duda que las violaciones a la Carta Democrática Interamericana son numerosas y existen las bases para que la OEA actúe. Pero no se pasa de decir que se puede invocar la aplicación de la Carta. La papa está muy caliente y nadie quiere agarrarla y si nadie la agarra, queda en letra muerta.
Todas las gestiones diplomáticas han sido infructuosas y la urgencia del caso lo amerita, pero el Consejo Permanente no ha convocado al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que se necesita para que ésta adopte las decisiones procedentes.
La Carta Democrática Interamericana se ha convertido en letra muerta, como muerta está la Democracia en Venezuela, y el que está sufriendo es el pueblo venezolano.
¿Hasta Cuándo?