El pasado lunes primero de febrero, Alena Douhan, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), llegó a Venezuela para realizar una visita oficial para analizar el impacto en los derechos humanos por las sanciones impuestas a Venezuela. Durante esta visita, que se prolongará hasta el viernes 12 del mes en curso, se espera que se reúna con funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, diputados de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre y representantes de las distintas ONG defensoras de los derechos humanos.
Se espera que Douhan ofrezca recomendaciones para paliar el “impacto negativo” de las sanciones. Esto ocasionó que 60 organizaciones no gubernamentales se pronunciaran a través de una carta abierta para expresarle a la relatora de la ONU sus puntos de interés e inquietudes, ya que esta es la primera visita que realiza un representante del despacho de la Alta Comisionada, Michelle Bachellet, tras su paso por Venezuela en 2019.
El coordinador de Una Ventana Por La Libertad, abogado y defensor de los derechos humanos, Carlos Nieto Palma, aseguró que en lo particular no guarda mayores expectativas de esta visita: “Esta es una relatora especial para los asuntos que tienen que ver con las sanciones que se han impuesto a venezolanos u organismos venezolanos en el exterior. Creo que necesitábamos más que viniera el relator contra la tortura, contra detenciones arbitrarias, la relatoría de salud, de alimentación que son los problemas álgidos que se están teniendo”.
Nieto Palma destacó que a Douhan “se le ha pedido que investigue los hechos de corrupción que ha cometido el régimen de Venezuela, para que pueda tener clara la razón de las sanciones”. “No hay realmente grandes expectativas de su visita. Si bien es cierto, que se había acordado con alta comisionada Bachelet la visita de diez relatores especiales, desde que vino esta es la primera que ocurre. Hubo una reunión el pasado miércoles entre ella y algunos representantes. Yo no pude acudir, pero tampoco he escuchado nada interesante que haya ocurrido en esa reunión”.
También el abogado especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho Penal Militar, Omar Mora Tosta, resaltó que la visita fue posible porque fue solicitada por Maduro: “Hay que recordar que fue un requerimiento del régimen. Nosotros hemos pedido la visita de otras relatorías y les ha sido imposible venir, porque no les permiten la visita a Venezuela, como a la relatoría de la tortura y la desaparición forzada. Esperamos que la ONU constante en pleno suelo venezolano la degradación a la vida y los derechos humanos de los venezolanos, pero no por consecuencia de las sanciones, sino por el efecto de la inacción del Estado”.
La directora de la Organización Stop VIH, Silvimar Campos, explicó que una de las expectativas que arropa al conglomerado de agrupaciones es la posibilidad de visibilizar la realidad por la que atraviesan los venezolanos. En su caso particular, los pacientes de VIH/Sida ante “la inacción del Estado”.
“Nosotros abogamos y queremos que escuchen las peticiones de estas personas que no cuentan con medicamentos antirretrovirales. Queremos que el Estado provea de medicamentos antirretrovirales, pruebas de laboratorio CD4, de carga viral; todos los servicios desde el punto de vista sanitario que puedan ellos necesitar para mantenerse saludables”, dijo Campos.
Factura compartida
Asimismo, la abogada especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, María Verdeal, resaltó la importancia de ver de manera positiva la visita de esta funcionaria: “Esperemos que el informe refleje las diferentes visiones que existen, pero además que pueda detallar el deterioro sistemático en la vulneración de los derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, las sanciones deben diferenciarse en aquellas que son impuestas directamente a funcionarios por actos de corrupción, violación a derechos humanos u otras causas, es decir, sanciones individuales. Pero hay sanciones que afectan o agravan la calidad de vida de los ciudadanos”.
La jurista añadió que la imposición de sanciones ha afectado no solo a los funcionarios sino también a los venezolanos en general. “El tema del combustible, por ejemplo, no afecta a los jerarcas del gobierno, pero sí a los ciudadanos de a pie, considerando la destrucción de nuestra industria petrolera. El deterioro en las prestación de servicios públicos obedece a la corrupción y falta de inversión y esto es una violación a los derechos humanos de los ciudadanos por parte del Estado, así como las precarias condiciones en todo el sistema de salud a nivel nacional”.
Verdeal dijo que “es lógico que las sanciones perjudiquen por el desastre previo que estaba en desarrollo y si sumamos la pandemia, estamos ante situaciones muy alarmantes”. “Desde nuestra visión, la implementación de sanciones no logra su objetivo, es decir, no logra el cambio de gobierno y sí afecta a la población”.
Opinión con la que coincide Campos, quien alertó que “son muchísimos años que el Estado no compra medicamentos ni reactivos”. “Queremos también aprovechar la oportunidad para dar un paso adelante y que se nos den respuestas en cuanto a la violación a los derechos de la salud”, reiteró.
Invitó a la relatora especial a escuchar la mayor cantidad de voces posibles, para que pueda constatar una realidad más global: “También tenemos la expectativa de que pueda haber una reunión con los actores humanitarios, que escuchen a las víctimas. Queremos que conozcan la realidad que vivimos en Nueva Esparta, estamos pasando penurias con los servicios públicos. Definitivamente, hay que escuchar a las comunidades vulnerables, porque a veces escuchamos a unos pequeños grupos y hay que escucharlos a todos. Queremos respuesta a tantas situaciones que están pasando actualmente en Venezuela”, añadió Campos.
Y es que a pesar de los intentos de la administración de Nicolás Maduro de ocultar o disfrazar la realidad, para Mora Tosta es un trabajo difícil y del que la relatora podría darse cuenta con facilidad. “No es muy fácil esconder la verdad a estos técnicos de las Naciones Unidad. El régimen ya lo intentó una vez con el equipo enviado por Bachelet y constataron la realidad de lo que se vivía en Venezuela en ese momento. Esperamos que con su visita logre visibilizar lo que padece el venezolano, la realidad de lo que está pasando en todos los ámbitos de su vida. Todo lo que redunde para el beneficio de la crisis humanitaria severa y compleja por la que estamos atravesando será bien recibido”.
Persecución y amedrentamiento
Una de los señalamientos que mayor impacto causó en el pasado informe de la alta comisionada, Michelle Bachelet fue su exigencia a los funcionarios de la administración de Maduro de acabar con las detenciones arbitrarias y las campañas de acoso y amedrentamiento, en especial a quienes defienden los derechos humanos. Sin embargo, el pasado 12 de enero, comisiones policiales del Estado detuvieron arbitrariamente a cinco miembros de la ONG Azul Positivo, acusándolos de presunta asociación para delinquir.
Ante esto, la directora de la ONG Stop VIH instó a la relatora Douhan a que constatara la situación en la que se encuentran los trabajadores humanitarios, a quienes se les han violado sus derechos humanos ante la falta de un debido proceso, malas condiciones de detención y prohibición para recibir atención médica cuando fueron diagnosticados positivo para COVID-19. “Queremos hacer una petición especial a que visiten el estado Zulia, y muy particularmente a nuestros compañeros de la ONG Azul Positivo, que fueron detenidos de manera arbitraria”, dijo Campos
Para Nieto Palma estas persecuciones a los defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios tienen su explicación. “A los regímenes totalitarios no les gusta escuchar las verdades y los defensores de los derechos humanos no somos activistas políticos, decimos las cosas que vemos. En el caso de Una Ventana a la Libertad, defiende los derechos de las personas que están presas. No puedo dejar de decir que las personas que están en las cárceles están pasando hambre, que se están muriendo de tuberculosis, que el retardo procesal es más de 70% en la población penitenciaria, solamente tres de cada diez tienen una sentencia definitiva, todos los demás siguen proceso”.
Añadió que lo que sucede con los integrantes de Azul Positivo es una factura política porque “ayudan a la gente dándole las medicinas que el Estado no se las da”. “Por eso, nosotros seguimos trabajando y luchando, en la medida de lo posible, contra de las persecuciones y las amenazas, contra todo lo que se nos vienen encima. Seguimos y seguiremos defendiendo los derechos humanos de las víctimas y de todos los venezolanos”.
También para el abogado Mora Tosta esto ocurre porque “no hay estado de derecho y no se respetan las garantías fundamentales”. “El régimen se comporta como un Estado forajido, eso es lo que ha producido el deterioro de la calidad de vida. Estamos claros que esta visita de la relatora no tiene nada que ver con lo que hemos denunciado con respecto a las violaciones a los derechos humanos, pero esperamos se visibilice la realidad. Los defensores son perseguidos porque son quienes han visibilizado la verdadera violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos y esta es una publicidad que no le conviene al régimen”.
En lo que coincide Verdeal: “La persecución a defensores de derechos humanos son recurrentes en regímenes autoritarios, porque siempre son ‘incómodos’ en el desarrollo de su trabajo. Las ONG tienen acceso a información que pueden divulgar y esto ocasiona la persecución y hostigamiento por parte de las autoridades, lo que es condenable y debemos repudiar. La mejor forma de mantener la vigencia y respeto a los derechos humanos es educando a la población para poder denunciar la violación o vulneración de los mismos. Hay que agotar la denuncia interna para poder acudir a instancias internacionales que puedan hacer justicia. Es menos rápida de lo que deseáramos, pero es el camino correcto que debemos recorrer”.