Al menos 21 venezolanos perdieron la vida a 6,3 millas náuticas de la costa de Güiria, estado Sucre, cuando intentaron atravesar mar abierto a bordo de una precaria embarcación, llamada Mi Recuerdo, con destino a Trinidad y Tobago. Las víctimas del naufragio del peñero, identificados como los nuevos balseros, engrosan la lista de otros connacionales que han intentado salir de Venezuela por esa vía en busca de nuevas y mejores oportunidades.
La profesora e investigadora en el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar (USB), Claudia Vargas Ribas, explicó que este tipo de situaciones muchas veces ocurre porque los venezolanos son engañados con falsas promesas de trabajo. «Sabemos que uno de los problemas que tiene ese país es que hay mucho crimen y bandas organizadas, piratería, tráfico de personas, y esto ocurre todo en alta mar. Todo lo que pueda ocurrir en el trayecto es de alta peligrosidad», dijo.
Fue sábado 12 de diciembre, en horas de la noche mientras se esperaban los resultados de la consulta popular propuesta por la oposición, cuando la abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, informó a través de sus redes sociales que la Guardia Costera venezolana habría encontrado 19 cuerpos, entre adultos y niños, ahogados en las aguas de Güiria. A esta fecha, la cifra asciende a 21 fallecidos, pero solo han sido identificados 19 cadáveres.
Esta no es la primera vez que embarcaciones con venezolanos, que tienen como destino Trinidad y Tobago, son siniestradas o quienes están a bordo son deportados en condiciones irregulares. «Se trata de un país con una ley migratoria que es súper discriminatoria. Tiene un lenguaje excluyente y cero enfoque sobre los derechos humanos. Así como tampoco tiene un enfoque que permita proteger a la población en riesgo, como la venezolana o como cualquier migrante que pueda llegar allá».
Para la activista política, Griselda Reyes, esta nueva la tragedia muestra «el peor rostro de Venezuela». «Mientras los extremos políticos siguen más aislados que nunca en sus oficinas y midiendo al país artificial por Twitter, nuestros hombres, mujeres y niños están a la deriva y mueren ahogados buscando huir de la miseria que nos ha legado el socialismo», afirmó.
A juicio de Reyes´, este tipo de tragedia podría evitarse si se alcanzaran puntos de encuentro en los bandos políticos que dirigen al país en función de brindar calidad de vida a los ciudadanos. No queremos más diálogos falsos, queremos soluciones concretas para nuestra gente», indicó.
Desde la Asociación Civil Encuentro Ciudadano cuestiono la actuación del Estado venezolano frente al naufragio de la embarcación. «Al día de hoy se desconoce el alcance de lo sucedido y las autoridades del Estado mantienen hermetismo sobre el hallazgo e identificación de los fallecidos encontrados en el mar e información de los restos del bote o botes encontrados, criminalizando el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos que han visibilizado la tragedia».
En el comunicado de prensa emitido por Encuentro Ciudadano se subraya que la península de Paria, ubicada en el estado Sucre, «se ha convertido en un portaviones de todo tipo de tráficos ilícitos, incluido el de personas, con un saldo doloroso de naufragios, con decenas de ahogados y desaparecidos en el último año».
Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana exigió, también a través de un comunicado, que lo sucedido con los llamados «náufragos de Güiria» no se quede «en el olvido ni en una cifra más en estadísticas e informes».
Futuro incierto
Vargas Ribas recordó que el tema de Trinidad y Tobago está en la opinión pública desde 2016, cuando en un peñero cuatro personas murieron y las demás siguen desaparecidas. Tenemos el caso de los deportados en 2018, que Amnistía Internacional denunció porque fueron 160 personas deportadas bajo una discrecionalidad impresionante de su ley y sin ningún tipo de amparo. Los procesos jurídicos son irregulares, a veces no les ponen traductor y están en condiciones adversas», señaló.
Destacó que es de suma importancia velar por las familias que se arriesgan a aventurarse a Trinidad y Tobago, porque cuando uno de los padres es capturado y deportado se produce una «ruptura en la familia, quedándose los hijos solos o al cuido de personas desconocidas. Los venezolanos que entran a Trinidad en peñeros o balsas, de forma irregular, no lo hacen porque allá les espera un gran destino, sino porque la cosa es salir de Venezuela. No es el destino, sino salir de Venezuela y la cercanía que se tiene con esta frontera», agregó.
Encuentro Ciudadano también instó al Ejecutivo a tomar responsabilidades en el asunto: «Los naufragios con saldo mortales van a continuar sucediendo en el Golfo de Paria sino se toman medidas inmediatas de seguridad humana. Esto involucra acuerdos humanitarios urgentes para asistir en materia de alimentación a las poblaciones de estas regiones del país, fortalecer el patrullaje aéreo y marítimo de la zona, que es muy amplia y peligrosa, y exigir al gobierno de Trinidad y Tobago que cumpla el artículo 33 (1) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1.951, que da carácter vinculante al principio de no devolución.
Vargas añadió que son varias las recomendaciones para los organismos internacionales, agencias y organizaciones de derechos humanos que están en Trinidad y Tobago: «Documentar, visibilizar y denunciar todo lo que pase con los venezolanos y toda la población migrante irregular en general. Las agencias internacionales deberían sentarse a revisar estos instrumentos legales, invitar a Trinidad y Tobago a reconsiderar ciertos aspectos de estos instrumentos legales que van en contra de los derechos humanos fundamentales de las personas que pretendan o les toque llegar a ese país por una vía irregular».
Otros sucesos vinculantes
La noticia del hallazgo de los primeros cuerpos trajo consigo amenazas de parte de voceros del oficialismo contra los periodistas y activistas en derechos humanos que denunciaron lo que estaba ocurriendo en Güiria. Tal fue el caso de la comunicadora Yohana Marr, de Crónica Uno, quien fue hostigada a través de las redes sociales por el conductor del programa La Hojilla y diputado recién electo de la Asamblea Nacional, Mario Silva, a quien tildó de «palangrista» por informar sobre el naufragio de estos venezolanos.
Acusaciones en las que también vinculó al exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, y a la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel.
Silva en su cuenta de Twitter escribió: «Muy extraño: un ladrón de PDVSA (Rafael Ramírez), una golpista (Rocío San Miguel) y una palangrista de suceso (Yohana Marra) utilizando la tragedia de Güiria un día después del Fraude Guaidó. Hablan de balseros, típica propaganda mayamera. Pronto sabremos la verdad. No lo duden».
También la noche del lunes 14 de diciembre el Mnisterio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió un comunicado con otra amenaza contra quienes informaron sobre este hecho. «… Se ha iniciado una investigación para determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, que curiosa y extrañamente precedieron a los resultados de la investigación», se puede leer en un fragmento de la misiva firmada por la titular de esta cartera, ministra A/J Carmen Meléndez.
Para Vargas sería necesario que se discutan los detalles de las normativas actuales y se ejerza mayor presión desde el Estado venezolano para brindar mayor protección a quienes deciden migrar a Trinidad y Tobago. » Los medios de comunicación deben seguir visibilizando esto. Hay una fuerte orfandad por parte del Estado venezolano, pero no veo autoridades estatales pidiéndole explicaciones a Trinidad y Tobago o denunciando ante la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta irregularidad. Hay que empezar en la denuncia, pero sobre todo en la acción de cómo vamos a hacer para proteger a todas esas personas que aún están allá», indicó.
«Ellos (Trinidad y Tobago) han tenido una tendencia a ignorar las solicitudes de asilo y refugiados. Hay mucho discurso xenofóbico y excluyente desde las autoridades y esto impide el debido proceso de adecuación. Migrar no es ilegal, en todo caso estás sin papeles o de forma irregular con respecto a esa ley», puntualizó la investigadora.