La tarde de este martes 15 de diciembre, la organización no gubernamental Convite, a través de su cuenta en Twitter, denunció que tras el allanamiento de su sede en Caracas por parte de funcionarios la administración de Nicolás Maduro fue detenido Luis Francisco Cabeza, director general de la organización. Fue llevado por la FAES a declarar por solicitud de la comisión que se encontraban en el lugar, dijo la ONG.
Después de 2 horas detenidos en la sede del FAES de La Quebradita, Luis Francisco Cabezas (@luisfcocabezas) y Patrizzia Latini (@pglatini) fueron liberados. Agradecidos por todo el apoyo, indicó Convite a las 4:56 pm.
Horas antes la ONG informó: En este momento el tribunal 4° de Control allana nuestra sede en Caracas. Trabajamos por los derechos humanos de las personas mayores. Nuestro trabajo humanitario permite apoyar con medicamentos e insumos.
A las 4:00 pm, la ONG Codhez indicó en Twitter: Transcurrida una hora desde su ingreso a sede de la PNB La Quebradita, no se tiene noticias sobre Luis Francisco Cabezas, director de @conviteac; ni de Patrizzia Latini, administradora de la asociación civil, quién también estaría siendo entrevistada.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social aseguró que el Estado venezolano es responsable de la vida e integridad de Luis Francisco Cabezas, director de @conviteac, quien fue llevado por las FAES a la sede de PNB por orden de Tribunal 4to de terrorismo».
Por su parte, Cadef (Centro de Acción y Defensa por los Derechos indicó en Twitter: Hacemos llamado urgente ante la situación arbitraria que se presenta en la sede de @conviteac y exigimos al Estado Venezolano el cese inmediato de la persecución en contra de las organizaciones de Derechos Humanos en el país. La ONG también exigió la liberación de Cabeza, así con la entrega inmediata de los equipos de la organización.
Provea precisó que los funcionarios llegaron solicitando información sobre ayuda humanitaria. Condenamos el uso de tribunales contra el terrorismo para hostigar la labor de ayuda humanitaria y de defensa de derechos humanos de la organización Convite y cualquier otra organización de la sociedad civil. La solidaridad y la ayuda humanitaria no son delito, indicó Provea.