La lamentable situación que atraviesa el país y que mantiene a millones de venezolanos en sufrimiento tiene como explicación el colapso de la mayor parte de las instituciones del Estado. El régimen, en su accionar político, se ha dado la funesta tarea de apoderarse de todos los espacios que ha podido, con el objetivo de facilitar las malas prácticas sociales, políticas y administrativas, las cuales aprovechan para alcanzar sus intereses particulares. De esta forma planean mantenerse en el poder y sumergir a Venezuela aún más en la crisis.
Solo su corrupción y mala administración generaron el quiebre de nuestra economía que atraviesa su sexto año en recesión. Las expropiaciones que tanto celebraron destruyeron el aparato productivo nacional. Además, PDVSA disminuyó su producción a menos de 700mil barriles de petróleos diarios, lo que significa un retroceso de décadas.
La posición del Parlamento siempre ha sido clara con respecto a este problema. En el legislativo consideramos inadmisibles las malas acciones provenientes de funcionarios públicos, ya que su deber es servir al pueblo y dar soluciones a los problemas del país, no para robarle ni acrecentar la pobreza y desigualdad. Dichas prácticas han caracterizado al régimen estos 20 años y causado un daño sumamente doloroso para Venezuela. En este sentido, siempre hemos denunciado, a nivel interno e internacional, las irregularidades administrativas cometidas por el régimen.
Es necesario realizar las investigaciones pertinentes para comprobar la profundidad total del daño causado durante estas dos décadas de una corrupción nunca antes vista. Para reparar los daños, llevar a los responsables a la justicia y fortalecer nuestra capacidad para reconstruir el país, es necesario que tales investigaciones sean imparciales, coherentes, acordes al debido proceso y siempre en respeto de la Constitución Nacional.
De esta situación tan desastrosa se concluye la verdadera importancia de contar con instituciones sólidas. Sin instituciones independientes y consolidadas, como el Poder Judicial o el Ministerio Público, resulta complicado construir un país que es aquejado por las malas prácticas de algunos. El chavismo secuestró esas instituciones para poder actuar impunemente, sin supervisión real de su administración ni transparencia alguna. Si queremos reconstruir al país es indispensable renovar todas las instituciones del Estado que el régimen ha debilitado o sumergido en la corrupción y malas prácticas.
Por su parte, el accionar de esta Asamblea Nacional siempre se ha caracterizado por respetar el marco de la legalidad constitucional. Nuestra ruta incluye necesariamente el fortalecimiento y renovación de las instituciones del Estado, para que su funcionamiento sea el adecuado para darles verdaderas garantías a los venezolanos y puedan brindar soluciones a los problemas que aquejan al país.
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