El Congreso de la República estará sesionando hasta el 15 de marzo de manera extraordinaria para darle trámite a una serie de proyectos que ha priorizado el gobierno de Gustavo Petro, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, que se constituirá en la carta de navegación del mandatario.
En total son 13 las iniciativas que fueron sometidas a consideración del Senado y la Cámara, pero hay dos que revisten especial importancia para la zona de frontera, toda vez que hacen parte del proceso de restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela que arrancó en septiembre de 2022, con la reapertura de los puentes internacionales para el intercambio de mercancías.
El primero de ellos es el que aprueba el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera’, que había sido suscrito en Cartagena el 1 de agosto de 2014, pero que quedó en el congelador tras el cierre de la frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro.
Antes del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, este documento fue aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela, pero es necesario que lo suscriba también el Congreso de la República.
La otra iniciativa que entra a discusión en el Congreso es la que tiene que ver con el acuerdo radicado a comienzos de esta semana por el ministro de Comercio, Germán Umaña, “para la promoción y protección recíproca de inversiones”, entre Venezuela y Colombia.
Según explicó Umaña, el propósito de este acuerdo es “atraer inversiones para impulsar la industria complementaria de bienes y servicios, promoviendo el desarrollo sostenible, la diversificación productiva, la formación de cadenas de valor y la creación de empleo calificado, esto, respetando los estándares laborales y las normas medioambientales”.
También establece un trato igual entre nacionales venezolanos y colombianos, bajo la protección del estándar de trato nacional, guardando los equilibrios entre los potenciales inversionistas extranjeros y nacionales.
Esta iniciativa, sin embargo, ha levantado ampolla, por cuenta de un artículo en particular en el que se habla de “expropiación y nacionalización por razones de interés o utilidad pública, necesidad o interés general. Posibilidad de compensación”.
Al respecto, desde el Ministerio de Comercio precisaron que esta es la primera vez en 190 años que se establece un mecanismo para ponerle límites, justamente, a la posibilidad de que uno de los dos países ordene expropiaciones.
“El acuerdo alcanzado contempla así una protección sin precedentes para los inversionistas colombianos garantizándoles que, en principio, no van a ser objeto de expropiación, pero que, si esta ocurre, tendrán derecho a una indemnización previa y justa con arreglo a las condiciones de mercado”, le dijo el Ministerio al diario La República.
Fuente: La Nación Web.com con información de La Opinión