«Estaba contratando una póliza de seguros cuando la corredora me pregunto, mientras llenaba la planilla, si yo era una ‘persona de riesgo político’. Le dije que no entendía el sentido de esa pregunta, ya que no era de índole médico ni de salud, y su respuesta fue que las aseguradoras también necesitaban esa información, sin ofrecer más detalles», contó a HispanoPost un profesional que prefirió mantener su nombre en reserva.
Al respecto, María del Carmen Bouffard, presidente ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV), aseguró que “sobre este punto hay que hacer varias consideraciones. No es un hecho aislado y particular. Las empresas que realizan actividad aseguradora, al igual que otros sectores como la banca, están obligadas por Ley -incluso por requerimientos internacionales- a cumplir con regulaciones de prevención y control de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Indicó que las aseguradoras para poder suscribir un contrato de seguros, por las regulaciones en materia de prevención y control de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, deben solicitar información tanto al tomador como al asegurado sobre su condición como “Persona Expuesta Políticamente”, mejor conocidas como PEP.
“Esto se refiere a personas que son o fueron figuras políticas de alto nivel, de confianza o afines, y que han ocupado cargos con funciones importantes en gobiernos nacionales o extranjeros o incluso cuando son miembros de alto nivel de un partido político”, explicó Bouffard.
Aseveró que se trata de un requerimiento gubernamental: “Esto obedece a que las regulaciones que rigen al sector asegurador establecen la obligación de la ‘debida diligencia’ al momento de la suscripción de una póliza, con el objeto de mantener un monitoreo de las transacciones de este tipo de personas. Este tipo de regulaciones existe no solo en la actividad aseguradora, sino en otros sectores financieros como la banca y mercado de valores, los registros y notarías, incluso en el sector turismo”.
No obstante, aseveró que poseer esta condición no inhibe a la persona de optar por una póliza. “El hecho de que alguien que quiera contratar una póliza sea una ‘Persona Expuesta Políticamente’ no implica que no pueda asegurarse, lo que implica es que en este caso hay regulaciones y monitoreos que deben mantenerse de las transacciones que realice dicha persona; así como cualquier otra directriz establecida en las regulaciones en la materia, disposiciones del organismo regulador o de las autoridades competentes en el área, e incluso en los parámetros que cada empresa tenga dentro de sus manuales sobre la material”.
Impacto de la reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora
María del Carmen Bouffard, por otro lado, dijo que el sector que representa “no es ajeno a la realidad del país» y así como otros sectores productivos se ha enfrentado a “años muy difíciles”.
Agregó que tanto la contracción económica, “lo cual produjo la reducción de una gran parte de la cartera de clientes producto de la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, como otros eventos subsecuentes como la pandemia, tuvieron un impacto muy importante” en el sector asegurador.
Comentó que en noviembre pasado desde la administración de Nicolás Maduro se reformó la Ley de la Actividad Aseguradora, la cual se publicó en Gaceta Oficial el 29 de noviembre y entró en vigencia el próximo 29 de marzo, «por lo que este año será un aspecto medular para el sector”.
Bouffard dijo que la entrada en vigencia de la reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora “será un aspecto medular para el sector, ya que la misma implicará adaptaciones a nivel financiero, contable, operativo, tecnológico, entre otros, en un entorno todavía muy complejopero donde existe el compromiso ampliamente demostrado del sector asegurador de seguir apostando a Venezuela””.
Los efectos de esta consulta pública se publicarán en abril, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, “lo cual traerá el desarrollo de todos los aspectos sobre los cuales deberá trabajar el sector durante el año”.
Así que las expectativas de cara al resto del año es que “la economía mejore, lo cual es primordial. El sector asegurador es transversal al resto de los sectores, por lo que depende en gran medida de lo que suceda de manera integral en la economía y en la recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos”.