Si El contexto político-electoral venezolano y la intención de Estados Unidos de reimponer las sanciones económicas a Venezuela elevan la tensión e incertidumbre de los ciudadanos que aguardan por la solución de este conflicto por la vía democrática.
Esto ha hecho que hasta ahora 857 personas firmaran una carta abierta a la opinión pública: «Democracia no es contar gente, es cuando la gente cuenta”, para abogar por la crisis en Venezuela.
Los firmantes pertenecen a diferentes sectores, entre los cuales destacan rectores, decanos, y directores de universidades; miembros de las academias nacionales; representantes de organizaciones sociales, movimientos de base y de la sociedad civil; dirigentes empresariales y sindicales; integrantes de iglesias y comunidades de fé; intelectuales, escritores, analistas políticos y económicos, comunicadores sociales, artistas y líderes regionales.
«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la Plataforma Unitaria de Venezuela, la diversidad de actores políticos y sociales, así como todos los ciudadanos y ciudadanas estamos llamados a promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas, con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país», se lee en la misiva.
Agrega que la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que también forma parte de los acuerdos políticos firmados con el gobierno de Maduro, «tienen igualmente la obligación de honrar lo acordado en Barbados, a pesar del incumplimiento reiterado de la contraparte».
En la carta se ratifica la necesidad de que la oposición acuerde una candidatura unitaria de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Recuerdan que tienen «la responsabilidad de conciliar, de manera urgente, un candidato o candidata presidencial que pueda efectivamente participar en la elección planteada y movilizar a su electorado».
En la misiva, ratifican el derecho constitucional que tienen los venezolanos de defender su ejercicio al sufragio, procurando el desarrollo económico, social, cultural y respeto a los derechos humanos.
«La garantía de estos derechos depende en esencia de la lucha cívica por el respeto y ejecución de procesos constitucionales y políticos que los hagan vigentes en la práctica», se señala en la carta.
Asimismo, piden a la comunidad internacional mantener la flexibilización de las sanciones económicas hacia Venezuela, como parte de su compromiso de «coadyuvar a abrir oportunidades para la transformación del conflicto político, a través de la vía electoral y el diálogo» en Venezuela, con «incentivos para avanzar hacia una negociación integral y estructural que ofrezca garantías a todas las partes».
Afirman que «es necesario que se preserve la ruta de flexibilización de participación de Venezuela en el mercado energético internacional y se evite que su reversión, en medio de la campaña presidencial, no sólo tenga impactos negativos en la calidad de vida de la población, sino que complique aún más las posibilidades de continuar las negociaciones que nos permitan las mejores condiciones competitivas para el próximo proceso electoral y el tránsito de más largo plazo hacia la reinstitucionalización y el reencuentro nacional con la edificación de un Acuerdo Integral de Convivencia Política y Social».
Los firmantes ratificaron que los venezolanos deben tener el pleno derecho de ejercer su sufragio de manera libre y transparente en las venideras elecciones, como única herramienta para defender el derecho constitucional y procurando el desarrollo económico, social, cultural y respeto de los derechos humanos en el país.
«Esto requiere un compromiso de todos con progresos sólidos, sustanciales e irreversibles que prioricen el respeto y la garantía de los derechos de todos, pues no se trata solo de elegir gobernantes sino de democratizar la sociedad y de incorporar a todos los sectores de la población al progreso social”, puntualizan en la carta.