El colapso de la industria petrolera de Venezuela no solo ha desencadenado una severa crisis económica y humanitaria en el país, la cual se profundizó a partir de 2017 con la imposición de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, sino también ha causado graves daños al medioambiente.
“Los derrames de petróleo, las fugas en oleoductos e instalaciones de almacenamiento, las descargas nocivas de refinerías destartaladas que operan intermitentemente y las manchas tóxicas similares al alquitrán son comunes en Venezuela”, advierte el portal Oil Price.
De allí que Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad de Rice en Houston, sostenga que “el retroceso medioambiental en Venezuela es brutal. No hay buenas estadísticas, pero sabemos que hay muchos más derrames de lo que había en el pasado, tanto en el lago de Maracaibo como cerca de la Península de Paraguaná, así como en los ríos del estado Monagas. Y ni hablar de la minería en el sur del país. Todo es gravísimo».
Juan Fernández, experto petrolero, coincide con Monaldi y asegura que «Venezuela lo que ha tenido en los últimos 24 años es un retroceso ambiental en todo sentido. Cualquier actividad que tenga que ver con el medioambiente, ha sido degradada… En la industria petrolera prácticamente es a diario el daño que se le produce al medioambiente”.
En los últimos años, grupos ambientalistas, expertos, trabajadores petroleros y habitantes de las zonas afectadas han denunciado los constantes derrames de petróleo y los daños que esto produce. Rafael Zambrano, dirigente sindical petrolero en el Zulia, afirma que el problema de los derrames en el lago de Maracaibo arrancó con la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia. “Hasta 1998, Pdvsa aplicó programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de manera permanente”.
La administración de Nicolás Maduro se ha comprometido en reiteradas oportunidades a frenar la contaminación, los derrames de petróleo y la quema de gases en Venezuela para contribuir con la Agenda de Sostenibilidad 2030 establecida por las Naciones Unidas. Sin embargo, todo ha quedado en anuncios oficiales, las condiciones medioambientales no mejoran en Venezuela, sino que se agravan y ponen también en riesgo a las poblaciones aledañas a las instalaciones petroleras.
Desde que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dejó de publicar datos de incidentes en 2016, señala Oil Price, es extremadamente difícil rastrear de manera confiable la cantidad de derrames de petróleo, el volumen de petróleo liberado al medio ambiente y los daños que ocurren.
No obstante, existen organizaciones no gubernamentales que hacen un esfuerzo por rastrear los derrames de petróleo y otros incidentes dañinos para el medioambiente. El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales publicó un informe en marzo de 2022 que muestra 199 derrames de petróleo en Venezuela para el período de 2016 a 2021.
“En ese documento, el observatorio notó una tendencia preocupante: el volumen de derrames de petróleo en el país latinoamericano devastado por la crisis está aumentando”, indica Oil Price.
Venezuela va contracorriente en sostenibilidad
Pdvsa no ha logrado frenar los derrames de petróleo o la quema de gas que se ha registrado, sobre todo, el oriente del país. Falta de inversión y mantenimiento de sus instalaciones e infraestructura, la fuga de talento y el poco personal calificado; así como la ausencia de tecnología apropiada y el incumplimiento de los estándares y controles en la industria petrolera son algunas de las tantas causas.
Esto ha llevado, de acuerdo con expertos, a que Venezuela vaya en contracorriente con la agenda de sostenibilidad de la ONU: ha sido claro el retroceso del país en la protección y preservación del medioambiente.
En Monagas, según cálculos de firmas como Gas Energy Latin America, 1.715 millones de pies cúbicos de gas diarios con un valor de 18,4 millones de dólares por día son quemados y venteados a través de los mechurrios, lo que genera un cóctel de vapores que son expulsados a la atmósfera y representa daños considerables al medioambiente y a los pobladores.
Según Monaldi, en términos de quema de gases desde la perspectiva de emisiones que causan efecto invernadero, «el metano es uno de los gases con más efectos negativos, tiene un efecto dramáticamente peor que el dióxido de carbono en los primeros años».
En ese sentido, señala que «Venezuela, lamentablemente, si la analizas por barril producido o barril equivalente, es decir, por la cantidad de petróleo y gas producido, es como Turkmenistán, uno de los peores criminales climáticos en quema de gas y venteo de metano. Y eso no es ni siquiera considerando también los efectos que tiene en las poblaciones adyacentes” en materia de salud.
Fernández explica que las instalaciones que servían en Venezuela para sacar valor al gas que se produce en el oriente del país, a través de la planta criogénica de Jose y la planta de separación que había en Santa Bárbara, no están funcionando.
Y advierte que además de quemar gas metano, se están quemando otros componentes del gas que son “de valor comercial muy importante… esa quema de gas en el oriente de Venezuela implica que se está perdiendo para la producción petrolera, cuando podría ser reutilizada para la recuperación secundaria. El gas que se quema en el oriente venezolano es equivalente al consumo de gas de Colombia diario».
Para Fernández, esto demuestra el «descuido» de las autoridades venezolanas para atender el impacto del daño medioambiental, no solo en la industria de hidrocarburos, sino también en otras áreas productivas del país. Tal es el caso de la deforestación y el efecto que se está causando con el Arco Minero.
¿Las sanciones económicas sobre Venezuela contribuyen a exacerbar el daño medioambiental?
Ha sido ampliamente documentado cómo Irán, Rusia y China han ayudado a Venezuela a evadir las sanciones de Estados Unidos con prácticas, en la mayoría de los casos, ilícitas.
«Está claramente expresado en su accionar que el régimen venezolano ha preferido tener esos socios a los efectos de sus pretensiones también geopolíticas y ha dado a cambio, para estar favorecido por ello, concesiones en el sector petrolero. Sin embargo, cuando se observa la realidad de esas asociaciones geopolíticas, no hay reporte de mejora de la situación petrolera en Venezuela”, expresó Fernández.
Las “asociaciones” de la administración de Maduro con esos tres países también representan un peligro para el medioambiente, ya sea en los puertos de embarque, donde llegan con radares apagados, y en alta mar. «Por ejemplo, cuando se hace trasvase de petróleo en el mar puede haber mayor cantidad de derrame. Pero, típicamente, no se está haciendo el trasvase en aguas venezolanas, sino en otras partes y eso significa que es malo para el ambiente a nivel mundial», precisa Monaldi.
Ante ello, ¿es necesario que las sanciones económicas se alivien no sólo para elevar la producción petrolera, sino también para atraer a operadores internacionales con trayectoria probada y, de esa manera, contribuir en la estabilización de la economía y a generar un cambio positivo para el medioambiente?
Antero Alvarado, director de Gas Energy Latin America, opina que las sanciones impuestas al sector petrolero por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) son el principal factor que frena las inversiones en la industria de hidrocarburos en Venezuela, especialmente de empresas internacionales con trayectoria comprobada y estándares operacionales y ambientales que podrían contribuir a mejorar la situación.
“Cualquier empresa importante internacional que quiera aportar tecnología para recuperar gas de quema necesita una licencia de la OFAC. Eso frena y espanta las iniciativas”, mientras que “Pdvsa definitivamente no está en capacidad de llevar a cabo esas inversiones”, dice el también profesor del IESA.
Recalca que los riesgos de la quema gases en Venezuela es que “son emisiones importantes de CO2 que afectan a todo el planeta, genera contaminación sónica, gases de efecto invernadero y despilfarro energético”.
Para Alvarado “sería ideal” que las empresas que prestan servicios ambientales no fueran tratadas como empresas petroleras en el contexto de las sanciones y se le permitiera acceder a una licencia general.
“Cualquier empresa que deba interactuar con Pdvsa, siendo americana, necesita una licencia de la OFAC. Si no es americana, requiere también permisos para evitar ser sancionada. Para recuperar gas de quema hay que interactuar con Pdvsa, pero si es una empresa preocupada por el ambiente no debería ser tratada como si fuese una petrolera”, porque “las empresas ambientales van es por temas ambientales y no a sacar petróleo”, indica.
Al respecto, Monaldi es de la opinión de que si se aliviaran las sanciones Pdvsa tendría más recursos, pero la interrogante es: ¿Los va a usar para la parte ambiental? “Es una pregunta que no tiene respuesta, porque en el pasado, estoy hablando durante el período de Maduro y cuando todavía el precio del petróleo no había colapsado, Pdvsa ya tenía problemas importantes en la parte ambiental».
En ese contexto, considera que «la situación está muchísimo peor que en el pasado. Creo que eso tiene que ver con una serie de problemas que incluyen corrupción, incompetencia y falta de recursos por parte de Petróleos de Venezuela y, en parte, esos problemas también tienen que ver con las sanciones, pero vienen de atrás».
«No hay duda de que la corrupción ha impactado porque sabemos que en los contratos de todo tipo ha habido sobreprecios y eso ha contribuido a que, en términos de ejecución de proyectos, los proyectos medioambientales hayan sido los que menos atención se les ha prestado. Pdvsa ha tenido que darle prioridad a la actividad de producir, que es la que genera ingresos y renta, y no a la parte de mantenimiento», agrega Monaldi.
Por eso, Fernández propone un cambio en el modelo político y económico en el país, donde la participación e inversión del sector privado nacional e internacional en la industria petrolera no se vea afectado por el “monopolio de Pdvsa”.
“Hay que dar un marco legal y seguridad jurídica -y entre eso está redactar una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos- que permita que el negocio del petróleo y del gas en toda la cadena del valor sea realizado por el sector privado nacional e internacional”, plantea el experto petrolero.
Con respecto a los temas ambientales, insiste en que para atraer la inversión a Venezuela también es necesario plantearles a las empresas e inversionistas «que van a haber incentivos para que la remediación ambiental sea parte de la ejecución de sus proyectos y que eso será considerado en la valoración de sus ofertas que presenten a los efectos de poder participar en los negocios de los hidrocarburos en el país».