En el marco de su conexión empresarial, la junta directiva del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) realizó este miércoles una rueda de prensa para dar a conocer los resultados y acuerdos de la 54º Asamblea Anual, y su principal solicitud a las autoridades nacionales, es llevar a cabo una profunda reforma fiscal de todo el sistema tributario para así poder mejorar la tan maltrecha economía venezolana.
En este sentido, Gustavo Valecillos, presidente del gremio comercial, acompañado por el segundo vicepresidente Gino Fileri y los directores de la institución Leonardo Palacios y Fausto Romeo, indicó que las jornadas deliberativas de la asamblea tuvieron un gran impacto, lo que permitió dar a conocer las principales problemáticas que vive el sector y ofrecer algunas recomendaciones que permitan un desarrollo más equitativo.
“Nosotros consideramos, desde que asumimos las riendas de Consecomercio, que debemos ir hacia un crecimiento sostenido de la economía y para poder lograr este objetivo es necesario que se haga una reforma tributaria profunda, porque de lo contrario no podremos lograr el desarrollo económico que estamos aspirando. Esta reforma debe empezar aumentando la base de los contribuyentes y esto se logra buscando la manera de incentivar a los informales, incluso a los que conocemos como buhoneros, ellos pueden pagar algunos tributos, en un principio bastante bajos y que los incentive a formalizarse y luego empezar una carrera que los impulse a lograr un emprendimiento, y por qué no, una empresa legalmente constituida”, puntualizó.
Indicó que creando una conciencia tributaria en el país, se pueden bajar las altas tasas impositivas que se están cobrando actualmente, armonizar y racionalizar los impuestos, no solo a nivel nacional, sino también en las regiones y los municipios.
“Esto debe ir acompañado de las reformas de algunas leyes, por ejemplo la Ley de Registros y Notarías. Igualmente antes de hablar de una reforma fiscal, se debe derogar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que nos está afectando a todos por igual, tanto a comerciantes como a consumidores, porque es un impuesto inflacionario netamente y que acumula una cadena de valores que se le da al producto final, lo que demuestra que es acumulativo y puede convertirse en un 9% más del valor del producto o del servicio si decide pagarlo en divisas”, dijo.
Afirmó que no es posible desarrollar un país si no se robustecen y fortalecen las capacidades de los sectores públicos; “creemos que en ese aspecto la participación del sector privado es clave. Si el Estado no tiene los recursos, el sector privado está abierto a participar y ser protagonistas en la construcción de esas soluciones”.
Destacó igualmente que los comerciantes, al igual que otros sectores del país, necesitan créditos que les permitan invertir y desarrollar sus empresas.
“La falta de financiamiento no sólo es un tema del encaje legal, sino también del tamaño de la economía. Venezuela tiene una economía débil, lo que impide que los bancos también puedan jugar su papel de intermediación”, comentó.
La falta de capital humano, es otro de los problemas que aqueja al sector comercial del país y esto se debe básicamente a la situación económica, lo que se traduce en un bajo poder adquisitivo para los trabajadores.
“El 60% de la población tiene ingresos inferiores a los 200$ y si no se mejora la capacidad adquisitiva del comprador, no habrá forma de poder reactivar la economía”, sostuvo Valecillos.
El presidente de Consecomercio también advirtió que el contrabando vuelve a florecer como uno de los factores que distorsionan no sólo la comercialización, sino que también pone en riesgo la salud en muchas circunstancias e incluso la vida.
Señaló que el diálogo es muy importante, de hecho, el sector empresarial ha sido promotor y desde las regiones continuarán impulsándolo para que Fedecámaras, Conindustria y Ccnsecomercio, así como todos los organismos cúpulas se mantengan en esa línea que no es fácil de llevar en un ambiente tenso y con desigualdades, sin embargo, insistió que es necesario que el gobierno comience a dar soluciones concretas a los sectores productivos.
La Ley de Armonización ha tenido más inconvenientes que beneficios
Leonardo Palacios, abogado especialista en materia tributaria y director de Consecomercio, hizo algunas consideraciones, a título personal, sobre la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, señalando que la misma ha entorpecido el desarrollo económico nacional.
“La Ley ha tenido más inconvenientes que beneficios. El gran beneficio que ha tenido es que puso sobre el tapete la necesidad de armonizar y coordinar, pero nos preocupa que con esta ley se compromete la autonomía municipal. Era necesario poner coto a la voracidad fiscal que viene incrementándose en Venezuela en la medida que no se bajan los recursos de financiamiento a través del situado y a través del Fondo de Estabilización Macroeconómica (Fondem), en eso estamos de acuerdo, pero una redimensionamiento de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales llevó a que los Estados y municipios, por la necesidad, el incremento del gasto público, la imposición de los incrementos de sueldos y salarios sin consulta y visión presupuestaria, tuvieran una carga presupuestaria importante y eso llevó a una gestión de vías de hecho, de cierres, de aprobación de ordenanzas sin ser discutidas, notificadas y publicadas, con incrementos irracionales de los impuestos, lo que paralizó el proceso de expansión del sector por cierre de negocios”, advirtió.
Indicó que tenían muchas esperanzas con esta Ley, pero la misma solo ha servido para establecer alícuotas en algunos sectores, incrementar la mayoría de las alícuotas impositivas, generar confusión para que muchos municipios aumentaran las alícuotas impositivas que estaban por debajo de los limites o pisos establecidos y eso ha generado además una gran preocupación dentro de los sectores privados «y es por eso que todos están hablando en la actualidad de la armonización y coordinación tributaria».
“La armonización y coordinación tiene dos objetivos fundamentales, aumentar la base de imposición y en segundo lugar ponerse de acuerdo en ese diálogo constante que debe existir entre el poder nacional y los estados y municipios, en unas relaciones fiscales intergubernamentales, en un proceso lógico de intercambio de coordinación y mientras eso no se dé, no habrá un esquema viable para la reforma tributaria. Si existe una reforma sin armonización, esta será de muy corto aliento”, dijo.
Al ser consultado sobre una modificación de la Ley de Registros y Notarías, ya que afecta directamente al sector comercio, según las deliberaciones realizadas en la Asamblea Anual, Palacios indicó que la situación es grave porque cada día que pasa los costos de los registros se elevan demasiado y los principales perjudicados son los ciudadanos.
“Hay un diálogo permanente con el sector público sobre esta situación, asistencia permanente en mesas de trabajo, ha habido receptividad incluso de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, pero llega un punto en que esas discusiones se paralizan y nadie quiere afrontarlo a profundidad para tomar decisiones. Nosotros creemos que esto se debe a que básicamente el servicio de los registros y notarías debe ser redimensionado totalmente, debe ofrecer seguridad jurídica y no puede servir para obstaculizar la expansión económica, no es para evitar el establecimiento de fundaciones, no es para evitar que se formalice, es una transformación completa y ese puede ser el temor que tiene el gobierno”, explicó.
Añadió que los registradores deberían ser hombres y mujeres formadas para esos cargos, por lo tanto debe crearse una carrera funcionarial.
“Con esta carrera se evitaría la designación de registradores que son simplemente amigos del ministro de turno o amigo del partido. Se debe tener formación, control activo y preventivo, que evite así la corrupción y las decisiones indebidas por parte de los encargados de los registros y las notarías”, finalizó.