Corte africana: Arresto de Alex Saab en Cabo Verde es ilegal

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Un tribunal regional de África Occidental ordenó la liberación inmediata de un empresario venezolano cercano al presidente Nicolás Maduro, y determinó que su arresto en Cabo Verde por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos era ilegal.

En su fallo del lunes, un tribunal perteneciente a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, o CEDEAO, también ordenó a Cabo Verde que pusiera fin a todos los procedimientos de extradición contra Alex Saab y le indemnizara con 200.000 dólares por daños.

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Según reseña AP, no está claro qué impacto, si lo hay, tendrá el fallo del panel de tres jueces en el proceso de extradición contra Saab. Cabo Verde, que arrestó al empresario nacido en Colombia en junio cuando su avión hizo una parada para reabastecerse de combustible en un vuelo a Irán, había repudiado previamente la jurisdicción del tribunal con sede en Nigeria. Y una corte de apelaciones en la nación isleña ya dio luz verde a su extradición, aunque la corte más alta del país aún no ha tomado ninguna decisión.

Pero este fallo ocurre cuando los abogados estadounidenses de Saab estaban en un tribunal federal de Miami este lunes, argumentando que su cliente es inmune al enjuiciamiento como resultado de los muchos cargos diplomáticos que ha ocupado para el gobierno de Maduro desde 2018.

Por su parte, funcionarios estadounidenses creen que Saab tiene numerosos secretos sobre cómo Maduro, su familia y sus principales asesores supuestamente, desviaron millones de dólares en contratos gubernamentales en medio del hambre generalizada en la nación rica en petróleo. En el momento de su arresto, supuestamente viajaba a Teherán para negociar acuerdos para intercambiar oro venezolano por gasolina iraní.

El tribunal de la CEDEAO en su fallo rechazó en gran medida las afirmaciones de Saab de que disfrutaba de inmunidad judicial, como enviado especial del gobierno de Maduro, el argumento central de su abogado estadounidense. También señaló que Saab no estaba en la lista de pasajeros del avión registrado en San Marino cuando se detuvo en Cabo Verde, prefiriendo mantener en secreto su misión de transporte entre dos países fuertemente sancionados por los EE. UU.

En cambio, culpó a Cabo Verde por supuestamente no tener una Alerta Roja emitida por Interpol cuando arrestó a Saab y dijo que su encarcelamiento también violaba las leyes del país contra la detención arbitraria.

El abogado de Saab en Nueva York, David Rivkin, de la firma Baker & Hostetler, argumentó en un tribunal federal el lunes que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas otorga a su cliente inmunidad diplomática incluso mientras está en tránsito.

«La posición del gobierno básicamente equivale a una afirmación de que ningún diplomático en el mundo tiene derecho a inmunidad a menos que el Departamento de Estado acepte su estatus diplomático», dijo Rivkin.

Pero los fiscales federales argumentaron que la Convención de Viena solo regula las misiones diplomáticas permanentes, no las asignaciones temporales como las reuniones de Saab en Irán. También señalan que la presunta mala conducta de Saab tuvo lugar mucho antes de que Venezuela le concediera el estatus diplomático en 2018, primero como enviado especial de ayuda humanitaria y el año pasado, luego de su arresto, como representante de la Unión Africana con sede en Etiopía.

«Cualquier estatus diplomático que pudiera tener en Irán, la Unión Africana o en cualquier otro lugar no lo protegería de ser considerado responsable de su conducta en Estados Unidos», dijo el abogado del Departamento de Justicia, Alex Kramer.

Rivkin rechazó enérgicamente la afirmación, argumentando que numerosas cartas entre Maduro y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, eran evidencia suficiente de que estaba en asuntos oficiales del gobierno.

“El objetivo de la inmunidad diplomática es que la tienes mientras la tienes”, dijo.

Los fiscales federales en Miami acusaron a Saab en 2019 por cargos de lavado de dinero relacionados con un supuesto plan de soborno que se embolsó más de $ 350 millones de un proyecto de viviendas para personas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se construyó.

Fuente AP

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