Hay una diferencia importante entre el hecho de que el gobierno neutralice judicialmente las primarias a que mantenga la inhabilitación política a María Corina Machado.
Respetar las primarias y permitir que se ejecutaran sin interferencias era parte del acuerdo privado entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.
La habilitación, en cambio, nunca se resolvió. Si bien fue una solicitud explícita del gobierno de Biden y de la oposición venezolana, la negativa de Maduro fue explícita antes, durante y después de los acuerdos entre las partes.
La declaración posterior del gobierno norteamericano, indicando que la habilitación de la candidata ganadora era un requisito indispensable para cumplir los acuerdos, debe analizarse desde dos perspectivas:
1) Las inhabilitaciones administrativas, en general, pueden ser retadas por inconstitucionales debido a que no provienen de una sentencia firme de un juez. Tanto los afectados individuales de esas inhabilitaciones como quienes buscan promover una elección competitiva y democrática tienen el derecho a insistir en que se resuelvan.
2) Pero no tiene nada que ver con el cumplimiento del acuerdo informal de Doha, ni el formal de Barbados, pues los mismos se llevaron a cabo pese a la negativa explícita, pública y conocida de Maduro a permitir esas habilitaciones.
Por lo tanto, más allá de su condición legal, la batalla por habilitar a María Corina Machado puede ser legítima, pero no significa que su negativa oficial rompa los acuerdos alcanzados entre las partes.
Aclarado estos dos puntos, ¿cuál es el riesgo de que la criminalización de las primarias y la inhabilitación formal de María Corina Machado (en el texto de la cautelar del TSJ) haga que se pierdan los acuerdos y Estados Unidos decida revocar todas las decisiones hasta ahora adelantadas?
En mi opinión, las acciones judiciales contra las primarias complicarán naturalmente las negociaciones futuras, pero difícilmente será un factor suficiente para que Estados Unidos retroceda al punto original.
Sus motivaciones reales, vinculadas al fracaso evidente de esas sanciones y los cambios geopolíticos que exigen a ese país reaccionar frente a los impactos de la guerra en Ucrania, la confirmación de alianzas energéticas muy poderosas por parte de China y los BRICS y las nuevas tensiones árabe-israelí nada tienen que ver con las inhabilitaciones y todo con los acuerdos.
Por supuesto que Estados Unidos tendrá que tomar algunas decisiones duras para castigar a Maduro como reacción a la criminalización de las primarias. Entre otras cosas, necesitará hacer algo para controlar el ambiente político preelectoral en su propio patio.
Algunas restricciones tendrá que establecer de nuevo, pero me parece que sobre todo podría referirse a los acuerdos pendientes, como la liberación de sanciones personales contra la élite dominante revolucionaria, las licencias y cartas de conformidad para comercialización en otros sectores, la habilitación del BCV y el Banco de Venezuela o el reconocimiento en Estados Unidos de un representante oficial venezolano para comenzar la renegociación de deuda. Ciertamente, también podría haber alguna restricción parcial en temas petroleros, pero podría ser más un tema quirúrgico-perceptual que un regreso al pasado.
Es simplista imaginar que el dilema es entre la habilitación de María Corina Machado y las licencias petroleras. Si Estados Unidos elimina las licencias, también pierde muchas cosas por las que estuvo dispuesto a negociar con Maduro sin Machado: petróleo y gas para occidente a futuro, la posibilidad de repatriar migrantes ilegales venezolanos, la liberación de los presos americanos en Venezuela y el más preciado de los logros políticos: que haya una elección presidencial, aunque sea imperfecta, porque la alternativa no es que le quiten las licencias a Venezuela y regresemos al status anterior. Si eso ocurriera, podríamos retroceder muchísimo más peldaños y presenciar la nicaragüización del país.
Insisto en que la decisión de Maduro de criminalizar las primarias es un error para él mismo en términos perceptuales y de capacidad de negociación, pero entiendo que podría ser consecuencia de la presión que vive dentro del propio chavismo, que a estas alturas tiene que entender que su potencial candidato tiene graves problemas de popularidad y no tiene un riesgo sólo frente a María Corina Machado, sino ante cualquier candidato opositor que logre unificar las fuerzas y participar en esa elección, incluso en desventaja.
Ojalá que la oposición y Estados Unidos entiendan que no se trata de una persona en particular, sino de un deseo de cambio y que ese deseo no se puede inhabilitar en el Tribunal Supremo, pero sí se puede destruir con una decisión equivocada de volver a la misma estrategia no electoral que tanto daño le ha hecho a la propia oposición.
La lucha debe ser electoral, pase lo que pase.