El gobierno de Estados Unidos, en una opinión consignada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se abstiene de intervenir en disputa sobre los bonos PDVSA 2020. Alegan que corresponde a la corte decidir sobre los hechos y la interpretación de la ley.
La opinión del Procurador del Distrito Sur de Nueva York afirma que si bien EEUU busca impedir que Maduro dilapide los activos del Estado venezolano, también tiene un interés en reducir la incertidumbre en la aplicabilidad de los contratos de deuda sujetos a ley de Nueva York.
La decisión se produce luego de que el gobierno interino declara la invalidez del bono al aplicar la doctrina de actos de Estado que dicta que un Estado no cuestiona los actos de otro dentro de su territorio, por lo tanto Estados Unidos no cuestiona los actos de Venezuela en territorio venezolano donde Venezuela es quien tiene jurisdicción.
Los representantes de Guaidó sustentan su argumento en que el bono no estuvo autorizado por la AN, por lo tanto no es legal. Por su parte los abogados de los acreedores dicen que eso no es un acto de Estado porque fue emitido en 2016, no en 2019 y eso no puede aplicar retroactivamente porque entonces cualquier gobierno llegaría a declarar que el bono fue inválido. Ese es el argumento de los acreedores puesto que dejaría mucha inestabilidad en los mercados de deuda si se aplica el argumento del gobierno interino.
Cabe destacar que la procuraduría de Estados Unidos tiene su oficina nacional y sus oficinas distritales. Esos abogados de distrito son funcionarios independientes no controlados en absoluto por el poder Ejecutivo. Esta oficina es la que está llevando el caso de las declaraciones de impuestos de Donald Trump, lo que muestra independencia.