El régimen de Nicolás Maduro lanzó la directriz a las empresas de servicios públicos de autofinanciarse a través del incremento de las tarifas de agua, luz y telecomunicaciones, aseguraron fuentes sindicales de esos sectores que solicitaron guardar sus nombres en reserva.

Precisaron que dentro de esta política está retomar el corte del servicio a los clientes como presión para que paguen. «El problema está en que durante meses no hubo cortes de servicio fundamentalmente en el marco de la cuarentena de la COVId-19», sostuvo un consultado.

Usuarios de Caracas manifestaron su sorpresa frente a la suspensión del servicio por impago. «Me cortaron el teléfono sin previo aviso. Antes te llamaban para recordarte que la factura estaba próxima a vencerse, pero ahora no», contó una pensionada en la cola de personas para pagar el servicio en un centro autorizado en Candelaria.

Suscriptores residenciales de edificios ubicados en el centro norte de Caracas señalaron que volvieron los avisos de cobro en los buzones y bajo las puertas de los apartamentos de la Corporación Eléctrica Nacional, advirtiendo que de no pagar les cortan la luz.

«Tengo entendido que por la cuarentena había una tregua de suspensión del pago del servicio», narró un vecino en San José.

Los usuarios manifestaron que no se oponen a pagar por el servicio, pero exigen que la prestación sea de calidad. «La luz se va a cada rato en el interior y en muchas partes de Caracas el agua la racionan y el Internet y teléfono también se va continuamente», se quejó una trabajadora y ama de casa.

Los dirigentes sindicales aseveraron que el incremento de las tarifas es una decisión tomada de forma inconsulta y sin los análisis previos de impacto económico y social en la población.

En mayo de 2020, Hidrocapital incremento las tarifas casi  400.000% y un mes más tarde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Cantv, subió también su servicio ABA de Internet.

«El negocio estuvo cerrado varios meses por la cuarentena, no obstante, me cobran 8 millones de bolívares por un servicio que no use. Si no pago lo cortan», refirió un comerciante en el centro caraqueño.

Las fuentes precisaron que en Corpoelec el tema de discusión es el de las tarifas eléctricas para llevarlas a precios internacionales con ajustes mensuales por inflación.

«Inicialmente, la tarifa mínima seria 3 millones de bolívares, aunque el énfasis mayor del incremento se aplicará en el sector industrial-comercial que, según Corpoelec, tiene mayor capacidad de pago», dijo un consultado.

Agregó que en el caso de la luz la situación es más compleja porque 60% de los 6 millones de suscriptores no tiene medidor de consumo. «Esto hace que las tarifas las paguen los usuarios con medidor, lo cual es injusto e ilegal», sostuvo otra fuente.

Recordó que desde 2012 los organismos públicos (ministerios, gobernaciones, empresas y alcaldías, entre otros) no pagan electricidad. «¿Cómo quedaría esa enorme deuda con Corpoelec cuando apliquen las nuevas tarifas?», cuestionó.

Las fuentes indicaron que el alza del agua representó un recargo importante para los condominios, comercios e industrias.  «El alza de las tarifas llega en el peor momento: muchos venezolanos ganan ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos esenciales del grupo familiar, pues la inflación ha pulverizado los salarios y el poder adquisitivo», alertó un sindicalista.