La ONG Espacio Público documentó al menos 21 casos y 36 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de marzo, lo que representa un incremento de 31% respecto al período anterior. La censura, el hostigamiento y la intimidación fueron los principales tipos de violaciones registrados.
Según el informe mensual de la organización la mayoría de los victimarios continuaron siendo instituciones y funcionarios vinculados al Estado venezolano (23 de 26 en el mes) lo que confirma el patrón de persecución a la libertad de expresión y la impunidad con la que operan sus actores.
“De las 25 víctimas documentadas en marzo, las principales fueron los medios de comunicación (10), seguidos por la ciudadanía (5), personas particulares (5), periodistas/reporteros (3) y ONG o miembros de las mismas (2). También registramos las detenciones de cuatro particulares y un miembro de ONG”, puntualizan.
Con respecto a los ataques en contra de medios de comunicación en el país, recuerdan que el pasado 4 de marzo, por la noche, empresas operadoras de televisión por suscripción sacaron de sus parrillas de programación al canal alemán Deutsche Welle (DW), luego de que el ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Alfred Ñáñez, criticara en sus redes sociales un reportaje audiovisual que publicó el medio.
En este caso señalan igualmente que Nicolás Maduro también atacó a DW en una alocución en medios públicos, donde lo acusó de ser “un medio nazi” y de ser parte de una “campaña mediática” junto con CNN y agencias como AP.
Al referirse a los medios digitales, el informe detalla que las principales empresas proveedoras del servicio de internet en Venezuela bloquearon desde el 4 de marzo el acceso al portal informativo El Político, que en días previos había profundizado en la cobertura del asesinato del expreso político venezolano, Ronald Ojeda, que ocurrió en Chile.
“Según la organización VE sin Filtro, el acto de censura fue ejecutado por la empresa estatal CANTV, con bloqueos HTTPS y DNS, y por las operadoras privadas Movistar, Digitel, Inter y NetUno. En la misma línea, y por las mismas operadoras, el 6 de marzo fue bloqueado el medio digital Impacto Venezuela. Los bloqueos son ordenados por la Conatel con el fin de evitar que la ciudadanía acceda a contenido crítico con el gobierno”, hace referencia Espacio Público.
Ataque al discurso crítico
A través de su cuenta en X, el fiscal general designado por la extinta e “ilegal” asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó sobre una orden de detención en contra del sociólogo y director del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, por el “delito” de “incitación al odio”.
Saab acusó a Arciniega de “uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales y otros medios de comunicación”, supuesto delito no contemplado en las leyes venezolanas. También lo acusó de difundir “información falsa” y de pretender “causar zozobra y pánico en la comunidad”, sin aclarar cuáles mensajes causaron la acusación.
Igualmente hicieron referencia al caso del periodista y creador de contenidos, Óscar Alejandro Pérez, quien fue detenido el 31 de marzo por autoridades venezolanas en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía, estado Vargas (norte), cuando se disponía a abordar un vuelo hacia el Parque Nacional Canaima.
Tras la detención, familiares de Pérez informaron en un comunicado que había sido acusado de actividades relacionadas con “terrorismo”. El youtuber venezolano fue trasladado a la sede de la División Antiterrorismo del CICPC, en Caracas, y excarcelado al día siguiente bajo medida cautelar.
Horas después de su excarcelación, Oscar Alejandro Pérez detalló que supo del motivo de su aprehensión solo al momento de estar privado de libertad. Al creador de contenidos lo acusaron de terrorismo por un comentario que hizo en uno de sus videos.
En el material audiovisual, Pérez menciona que de caer una bomba en la Torre Credicard de Caracas, se caería todo el sistema bancario. “Fue sacado de contexto”, dijo el comunicador. Finalmente, el Tribunal determinó que “no habían hechos contundentes para determinarlo como un terrorista y que la acusación carecía de fundamento legal”.
Internet
En marzo también aumentaron los casos de violaciones a la libertad de expresión asociados a internet, producto de las caídas masivas del servicio en varias regiones del país asociadas a las fallas de energía eléctrica. De acuerdo con el Observatorio de Internet VE sin Filtro, hubo al menos siete fallas en el mes:
El 7 de marzo un bajón eléctrico redujo la conectividad a 87% en todo el país. Los estados más afectados fueron Nueva Esparta (noreste, 68 %), Lara (noroeste, 75 %), Sucre (noreste, 75 %) y Carabobo (norte, 80 %).
El 9 de marzo, otro bajón afectó la conexión a internet en varias regiones, principalmente en los estados andinos de Trujillo, Táchira y Barinas.
El 10 de marzo, un apagón afectó a al menos siete estados del país, principalmente al suroeste, en la región andina, así como Falcón, Lara y Zulia, al oeste.
El 11 de marzo, una incidencia eléctrica en Táchira produjo una caída a nivel nacional del servicio de internet prestado por la empresa estatal CANTV.
Táchira también fue el estado más afectado por una nueva falla nacional que ocurrió el 14 de marzo. En todo el país la conectividad cayó a 91%, mientras que en la entidad andina se redujo a la mitad.