28 años después de que Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate sobre la eutanasia en España, el Congreso de los Diputados ha vivido este jueves, como han remarcado la mayoría de los grupos parlamentarios, un “día histórico”. La Cámara baja ha aprobado definitivamente, con los votos en contra de PP y Vox, la ley que despenaliza la eutanasia y que regula su procedimiento, que entrará en vigor dentro de tres meses.
España se convierte así en el sexto país del mundo que ha legalizado esta práctica, aunque algunos Estados más permiten el suicidio asistido y otros están en proceso. La ley española facilita ambas cosas, tanto que el paciente se autoadministre el medicamento que provoca la muerte con supervisión médica (suicidio asistido) como la eutanasia: la administración por parte del médico de la sustancia al enfermo terminal.
Por eso, en el hemiciclo del Congreso han sido varios los grupos que han puesto en valor que con esta ley España “refuerza el compromiso” con el “avance en derechos” (como Sara Giménez, de Ciudadanos), con una “respuesta legal y segura a una situación angustiosa y terrible para muchas personas”, en palabras de Joseba Agirretxea, del PNV.
Aunque también han sido varios los parlamentarios que han recordado que la legislación llega “tarde” para muchos enfermos, que durante años han muerto sin poder acogerse a ayuda médica para acabar con sus vidas. La exministra María Luisa Carcedo, impulsora de la legislación, ha recordado en su discurso las reflexiones de muchos de ellos, como Sampedro, Fernando Cuesta o Luis Montes, a favor de una ley que establece que «la persona decida con libertad con mayúsculas».
“Son ya 20 años de intentos en este parlamento”, ha recordado a su vez Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu. Y es que incluso la ley aprobada este jueves fue admitida a trámite en dos ocasiones más, pero no salió adelante por los adelantos electorales. Y la tramitación actual se ha demorado más de un año, aunque es un poco tiempo teniendo en cuenta el debate que suscita.
De hecho, los grupos contrarios a la norma han echado en cara al Gobierno que en vez de aprobarla en Consejo de Ministros, la presentara como proposición de ley del PSOE, lo que ha impedido a los órganos consultivos pronunciarse. Además, no se ha permitido la comparecencia de expertos en las Cortes, para agilizar el proceso y en un contexto en el que la Organización Médica Colegial ha avisado de que la ley va en contra de su código deontológico, aunque encuestas en algunos colegios demuestran que tiene el apoyo mayoritario de la profesión. También el CIS reiteró en enero que el 72% de los españoles están a favor.
Pese a ello, el PP y Vox han reiterado sus argumentos en contra de una ley “diseñada, no para casos excepcionales”, sino como “un efecto llamada para las personas más vulnerable”, según el popular José Ignacio Echaniz. Mientras que Lourdes Mendez, de Vox, ha acusado directamente a los proponentes de “implantar la cultura del descarte y la muerte” y acabar con “20 siglos de cultura a favor de la vida”. La ultraderecha ha anunciado, además, que recurrirá la norma ante el Constitucional.
Los requisitos
Con esta ley, las personas mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» podrán solicitar la prestación de la ayuda para morir.
Cada caso será supervisado por una Comisión de Garantía y Evaluación creada en cada comunidad autónoma y el afectado podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.
La ayuda para morir podrá realizarse tanto en centros sanitarios -públicos, privados o concertados- como en el domicilio del enfermo y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso.
Fuente: El Periódico