La liberación la noche del martes de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sitraferrominera), es bien acogida por el movimiento sindical. Sin embargo, queda pendiente el cese de muchos juicios contra 400 empleados y dirigentes injustamente acusados, alertaron fuentes laborales que pidieron no mencionar sus nombres.
«Estos compañeros están bajo régimen de presentación ante los tribunales, con juicios abiertos y no han cometido delito alguno», dijo uno de los consultados.
Explicó que los trabajadores y dirigentes sindicales fueron detenidos y después encarcelados durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los afectados propiciaron y participaron en huelgas y protestas en el lugar de trabajo o en la calle en defensa de la democracia, la libertad sindical y la contratación colectiva, entre otros derechos laborales.
La mayoría de los procesados trabaja en organismos públicos, como las empresas básicas de Guayana, los sectores eléctrico y petrolero y el Metro de Caracas.
«Todos esos juicios están viciados y a los trabajadores se les acusa de instigadores, conspiradores y agitadores en la práctica oficialista de criminalizar la protesta», recalcó uno de los consultados.
Recordó que todos los atropellos del chavismo contra los trabajadores y sindicatos han sido denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y pese al exhorto del organismo de la libertad plena, los regímenes de Chávez y de Maduro han hecho caso omiso.
Otro preso por el que el movimiento sindical venezolano exige su liberación es el trabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvare, encarcelado desde hace más de ocho años.
Está pendiente la libertad de Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien está en el destierro desde su fuga de la cárcel de Ramo Verde en 2006, donde fue recluido por impulsar la huelga nacional de 2002-2003.
«Nos alegra la puesta en libertad de Rubén González, nunca debió estar preso porque es inocente. Pero preocupa que la medida tiene un trasfondo político: la pretensión de Maduro de legitimarse», manifestó una de las fuentes.
Los consultados indicaron que esperan noticias sobre si la administración de Maduro liberará más presos y procesados políticos, y entre ellos estén Rodney Álvarez y los 400 bajo régimen de presentación.
Denunciaron que sigue la persecución y el acoso oficial contra trabajadores, lo cual ha ocasionado que varios dirigentes se hayan ido del país por las amenazas contra ellos y sus familias.