Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela no son la causa del declive económico del país, pero sí intensificaron -tal como lo han reiterado expertos- la dramática crisis económica, social y humanitaria que ha llevado a más de 7,7 millones de venezolanos, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, a buscar nuevas alternativas en otros países, entre ellos justamente Estados Unidos.
El sociólogo Luis Pedro España lo expone claramente en su ensayo “¿De vuelta a las sanciones? El impacto social”, publicado en el compendio Sobre las sanciones en Venezuela de la Colección Ediciones Especiales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cuando asegura que la dependencia de la economía del ingreso del petróleo supone una estrecha correlación con la pobreza y los niveles de vulnerabilidad. De allí, el impacto tan severo que han tenido las sanciones en el país y en los ciudadanos.
“Tal relación de dependencia, medida por ejemplo por el porcentaje que han representado las exportaciones petroleras del total, es que revela la inmensa volatilidad de nuestra economía y el impacto favorable o desfavorable que tienen los shocks externos de ingresos según su signo”, advierte; al tiempo que sostiene que “los años donde la pobreza de ingresos ha crecido de manera súbita se corresponde con una reducción significativa del ingreso proveniente de las exportaciones petroleras”.
Con la llegada de Donald Trump al poder, no solo han surgido llamados a regresar a la estrategia de máxima presión de su primer mandato, cuando impuso duras sanciones económicas a Venezuela, para volver a presionar a Nicolás Maduro para que abandone el poder, sino que su política migratoria se ha endurecido y eso incluye a los venezolanos.
Ante ello, la pregunta ahora es: ¿Cuál es el costo humano de volver a imponer las sanciones, especialmente ante la repatriación de cientos de miles de venezolanos?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a migrantes venezolanos de la deportación expirará oficialmente el 7 de abril, según una orden reciente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en el Registro Federal. La medida afecta, en una primera tanda, a 348.202 venezolanos que recibieron ese estatus en 2023. Y aunque no está dirigida en esta etapa a los que obtuvieron el TPS en 2021, a partir el 10 de septiembre también dejarían de gozar de ese estatus. Al final, serían alrededor de 600.000 connacionales los afectados.
El pasado lunes, dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa recogieron en El Paso, Texas, a los primeros venezolanos deportados -alrededor de 190- por el gobierno de Trump. La operación se concretó dos semanas después de que Nicolás Maduro se reuniera con el enviado especial Richard Grenell.
Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, si bien no ve factible que 600.000 migrantes venezolanos sean devueltos al país a un corto plazo, en caso de que sí ocurriera, “dependiendo en las condiciones en las que regresaran, sería un desafío inmenso para el país. Pero pensando que eso no será posible, más bien lo que espero es que veamos a Estados Unidos, como se ve en otros países, brindando todo el apoyo a una persona que ha migrado y que en el país de acogida tiene derecho a recibir”.
Para los que permanecen en Venezuela, de acuerdo con el experto, reimponer las sanciones, anular las licencias petroleras e incluso aspectos de las órdenes ejecutivas que equiparan al gobierno de Venezuela con el Estado venezolano -con lo que se afecta la salud y la educación pública, y cualquier tipo de sistema público del Estado- “producen unas condiciones económicas para el país que seguirían afectando la vida de unas mayorías que aún están en situación de vulnerabilidad”.
Contó que en los análisis que han hecho desde las organizaciones, ese estado de vulnerabilidad alcanza a unas 19 millones de personas. “Vulnerabilidad que significa que si hay movimientos negativos puede hacer que esas personas entren en un estado distinto de necesidad, que haría que requirieran apoyo adicional desde la perspectiva humanitaria”.
Añadió que unas 13 millones de personas están en estado crítico y “si a esas a su vez se les empeora sus vidas, podrían caer en los números que está manejando Naciones Unidas y nosotros también: más de 5,6 millones de personas que estarían en situación de necesidad severa”.
De modo que considera que volver al esquema de sanciones “sería de un gran daño para el país y afectaría a personas que estarían encontrando como única salida a su situación precaria migrar y las que están fuera no tendrían, en principio, la disposición de regresar hasta que no haya mejoras internas. Y si, además, les quitas el Estatus de Protección Temporal sería continuar haciendo un gran daño”.
En su ensayo “Sanciones, derechos humanos y respuesta humanitaria”, también publicado en el compendio Sobre las sanciones en Venezuela, Reyna advierte que “aunque diversos informes, incluyendo los más recientes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indican que las sanciones generales y sectoriales han ‘exacerbado’ la precariedad de la vida de las personas en mayor situación de vulnerabilidad y no es tarea fácil demostrar un vínculo directo con aquellas, los hechos evidencian que, años después de impuestas, una mayoría de la población venezolana continúa viviendo situaciones límite respecto de sus derechos sociales y económicos”.
Licencias petroleras para evitar un “shock externo”
En su ensayo, Luis Pedro España, miembro del equipo investigador de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), también aborda las crisis vinculadas al petróleo y recuerda que la cuarta y última “por ahora” se produjo entre 2017 y 2020, período durante el cual comenzaron a aplicarse las sanciones contra la industria petrolera venezolana.
“Ya no tiene tanto que ver con la caída de los precios en el 2008 y posteriormente en el 2014, sino más bien al desplome de los volúmenes de producción de petróleo, lo que significó una reducción de más de 1.5 MMBd, al pasar de 2 MMBd a menos de 0.6 MMBd”, señala.
A juicio de España, una nueva caída en la producción de petróleo, producto de la no renovación de las licencias, “tendría un efecto social (en términos de aumento de la pobreza) como los que hemos conocido en décadas pasadas, pero con los agravantes en forma de deterioro institucional y desmantelamiento de la capacidad productiva del país de los últimos años”.
Explica que los aumentos de la pobreza por la contracción productiva de la actividad petrolera primero y las sanciones a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) después, implicaron pasar de un nivel de pobreza de ingreso de 53% en 2014, a 85% en 2016, hasta llegar a 94% en 2020. “En términos de hogares se estima que cerca de 2,5 millones de hogares pasaron a la pobreza en sólo cinco años”.
Cuatro años después (2020-2024), agrega el experto, menos de la mitad de los hogares lograron salir de la pobreza. Se trata de “hogares que nunca debieron ser pobres por los atributos productivos de sus miembros, es decir, producto de la recuperación de la producción y de los ingresos petroleros, entre otros, sólo se han reducido 14 puntos porcentuales de los 30 que aumentaron en un período de tiempo similar”.
Por lo tanto, opina que la reimposición de sanciones a la actividad petrolera en el país, provocando un nuevo “shock negativo externo”, tendría unas consecuencias al menos similares a las que tuvieron en el período 2017-2020.
Efectos en las sanciones: encontrar espacios fuera de Venezuela
Feliciano Reyna asegura en su ensayo que desde la imposición de las sanciones generales y sectoriales vieron con preocupación cómo comenzaban a afectar aspectos muy diversos de la vida de las personas, así como la labor de las organizaciones de derechos humanos y la “incipiente acción humanitaria” que comenzó a desplegarse desde fines de 2017 y con apoyo internacional, a partir de 2018.
“Coincidió la imposición más amplia de sanciones generales y sectoriales con una respuesta humanitaria que requería de apertura y garantías, no de más restricciones que se sumaron a las impuestas desde hacía varios años por la propia acción autoritaria del gobierno de Venezuela. Se instaló una suerte de ‘modo sanciones’ (sanctions mode) en el que las excepciones y licencias por razones humanitarias han sido muy limitadas en su alcance e interpretación para tener un impacto real y oportuno”, señala.
Recordó que las órdenes ejecutivas 1385713, del 25 de enero de 2019, y 1388414, del 5 de agosto de 2019, firmadas por Trump en su primer mandato, ampliaron la definición de “Gobierno de Venezuela”, que en órdenes anteriores solo incluía limitaciones de gestión con entes o funcionarios de gobierno, para incluir al “Estado” venezolano.
De acuerdo con Reyna, esto generó mucha más cautela por parte de los departamentos legales y de cumplimiento de instituciones internacionales, multilaterales, empresas, y obligó a que incluso organizaciones pequeñas y medianas de sociedad civil se vieran afectadas por trabas producto del llamado “sobrecumplimiento” (overcompliance), dificultando su labor o haciéndolas no elegibles para algunos convenios de cooperación.
“A pesar de las licencias generales y su apoyo a la prestación de asistencia humanitaria, el sobrecumplimiento es inevitable y las dilaciones y trabas burocráticas pueden incluso costar vidas, por ejemplo, si hay retrasos en la gestión de compra de equipos esenciales para hospitales públicos”, advierte.
No obstante, el pasado martes, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés) de la ONU en Venezuela informó que, hasta diciembre de 2024, unos 3,5 millones de venezolanos recibieron algún tipo de ayuda humanitaria en el país, lo que representa 68,6% de la meta fijada de 5,1 millones de personas. Al comparar la data de 2023, supone un aumento en la meta del 29,6% en comparación con 2023, cuando la ayuda llegó a 2,7 millones de personas.
En su ensayo, Reyna ilustró con gráficos el monto de los recursos solicitados para el financiamiento del Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) de Venezuela, desde que comenzó a desarrollarse en 2019; y sostiene que, apesar de que es uno de los países que menos recursos solicita, “la recepción de fondos ha sido siempre muy deficitaria”.
En 2024, hasta fin de octubre, solo se había recibido el 18%. “Las consecuencias del déficit de financiamiento de la respuesta humanitaria pueden verse en su alcance: la población en necesidad de asistencia, según el Plan de respuesta humanitaria, es de 7,6 millones de personas; de ellas, la meta es llegar a 5,1 millones”.
Y hasta octubre de 2024 solo se había atendido a 2,4 millones de personas. “De recibirse más recursos, sería posible llegar a 600.000 adicionales, es decir, se alcanzaría a un 58,8% de la meta”, asegura Reyna.
A su criterio, este déficit de financiamiento y su consecuencia, el insuficiente alcance a personas en necesidad de asistencia humanitaria, “son aún más preocupantes si se toma en cuenta que, además de ellas, todavía hay en Venezuela un 41% más de personas que a noviembre de 2023 habían agotado sus medios de vida, que ya no tenían cómo cubrir sus necesidades más básicas”. Esto según indica la plataforma HumVenezuela19.
“En un contexto de más restricciones económicas, de inseguridad, de falta de acceso a servicios como agua, energía eléctrica, transporte y gas doméstico, (los venezolanos) considerarán que su única alternativa de supervivencia es la migración, con todos los riesgos que ella implica, que incluyen la trata y tráfico de personas, el reclutamiento forzoso, la explotación y el abuso sexual”, reitera Reyna.
Para Luis Pedro España, “este panorama de precariedad y disolución del Estado venezolano, sólo tenderá a convertirse en el nuevo orden social si el país sigue sin recomponer su capacidad productiva, su inserción en el mercado mundial por medio de lo que sigue siendo su principal ventaja (el petróleo), si no reinventa una nueva institucionalidad y si no recupera un mínimo de legalidad y Estado de Derecho que le dé cierta calculabilidad a la acción del Estado; todo lo cual, y como se entenderá, casi será imposible de lograr si el país vuelve a ser objeto de sanciones petroleras que lo conduzca a un nuevo shock externo de signo negativo”.
Así que en un escenario de nuevas sanciones que reduzcan, así sea temporalmente, los niveles de producción petrolera y de ingresos externos, “junto a que muchos venezolanos (lo que hasta ahora no hemos mencionado) dan por perdida o, al menos suspendida, la democracia; enfilaría todos los factores a ampliar su desesperanza y, a los que no, a tratar de encontrar espacios de resiliencia… pero fuera de Venezuela”, concluye.