La sede de la Cámara Aseguradora de Venezuela fue el escenario donde se llevó a cabo la primera conexión empresarial realizada por la nueva directiva del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), que tuvo como eje central de discusión el impacto de la Ley de Armonización y Coordinación Tributaria en Estados y Municipios en el sector comercio y seguros.
El abogado, experto en materia tributaria y asesor de Consecomercio y Fedecámaras, Leonardo Palacios, explicó que no puede existir una recuperación económica efectiva si existe una tributación excesiva y allí es donde entra a jugar un papel fundamental la nueva Ley de Armonización que ya se encuentra en su período de adecuación.
“El efecto de la nueva Ley podrá verse en la medida que el ministerio de Finanzas y el Consejo Superior de Armonización establezca las bases necesarias para una racionalización verdadera de las tributaciones estadales y municipales. Para eso es necesario que todos los sectores involucrados podamos sentarnos en una misma mesa para buscar la mejor forma de desarrollar las disposiciones del texto jurídico y, sobre todo, esto que está pendiente, que es lo más importante, que es la tabla o clasificador de actividades que va a depender del ministerio de Finanzas”, explicó.
El también expresidente de la Cámara de Comercio de Caracas indicó que es fundamental que las cargas impositivas sean razonables y por eso es un paso adelante que la Ley establezca una discusión consensuada para que la tributación no se convierta en un obstáculo pernicioso o en un impedimento para la recuperación y expansión económica.
“El ánimo del sector empresarial es sin duda alguna ayudar a que esta ley se ejecute, sea viable, que la ley tenga la posibilidad de construir un primer paso hacia una reforma tributaria integral que debe existir para poner orden en el caso específico de la tributación. La única manera de tener orden no es solo con la Ley de Armonización y Coordinación, sino con la voluntad política y firme de todos los sectores, específicamente de quienes tienen el poder de autonomía y creación de tributos de establecer un mecanismo de racionalidad», dijo
Aseveró que «no puede existir tributación con voracidad fiscal, no puede existir tributación si la gestión y cobro se hace a través de vía de hecho y no por el concurso de especialistas del área pública, de una ley bien clara, y notificadas sus modificaciones a los distintos sectores y esto es lo que estamos aspirando nosotros desde los sectores empresariales, que nos sentemos todos a discutir esta materia”.
Explicó que la Ley tiene algunos puntos negativos, como por ejemplo, la aprobación por parte del Ministerio de Finanzas de cualquier baremo de tributación que sea presentado, sin embargo, acotó que existen dos instancias importantes como son el Tribunal Supremo de Justicia y la propia Asamblea Nacional, las cuales podrían intervenir a la hora de alguna traba por parte del ejecutivo nacional.
Con respecto al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), cuya derogación ha sido solicitada por los distintos gremios empresariales, Palacios comentó que se debe llegar a un acuerdo para que ambas partes, tanto el sector público como el privado salgan beneficiados.
“En el caso específico del IGTF el sector privado ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos inflacionarios de presión alcista que tiene este impuesto y que va a afectar sin duda alguna los consumos finales. En este sentido podemos decir que hay conversaciones para ver si existe una revisión de este impuesto, ya bien sea la alícuota de tipo impositivo o la eliminación para aquel que grava la divisa como medio de pago”, puntualizó.
Finalizó señalando que la reforma tributaria debe ser una política de revisión permanente, con el fin de que los impuestos nacionales también sean revisados y adecuados a la actual situación económica del país.
“Es necesario revisar el Impuesto Sobre la Renta, hay que buscar una sinceración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y hay que revisar muchas cosas en materia tributaria y por eso es fundamental una reforma, por supuesto, acordada con todos los sectores económicos del país”.
Tenemos buenas expectativas
Por su parte, Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio aseguró que el sector comercial del país tiene buenas expectativas con la nueva Ley de Armonización y Coordinación Tributaria, siempre y cuando, existan negociaciones con todos los sectores económicos que hacen vida en el país.
“Nosotros hacemos un llamado para que se instalen mesas de negociación en los 335 municipios en donde participen todos los sectores, para así definir por consenso las tasas a pagar por razón de impuestos municipales. En estos 90 días, que es el periodo de adecuación de la ley, se tiene que armonizar todo lo relacionado con los tributos y se supone que para finales de noviembre ya deben existir acuerdos que beneficien a todos los sectores”, precisó.
Por otra parte, el gremialista aseguró que el sector comercio y servicios crecerá en el segundo semestre de 2023, pero aclaró que no con el mismo ritmo del año pasado.
“El sector comercio tuvo una contracción en el primer semestre de 2023 y es lamentable informar que en julio y agosto tampoco se logró el objetivo de comenzar a crecer, sin embargo, tenemos muchísimas esperanzas y estamos seguros, que en el último cuatrimestre del año, que tradicionalmente son los meses de mayor venta para nuestro sector, se va a recuperar y vamos a terminar el año con un pequeño crecimiento”, aunque no precisó porcentaje.
Afirmó que si se controla la inflación, se estabiliza el tipo de cambio y se toman medidas con respecto al IGTF, es probable que el crecimiento del sector comercio y servicios, se pueda concretar de la mejor manera posible.
“Tenemos mucha fe en que el consumo mejorará con el pago de utilidades y aguinaldos y esto le dará mayor dinamismo a la economía, así que confiamos en ese crecimiento para los últimos meses del año 2023”, reiteró Valecillos.
El sector asegurador no escapa de la realidad económica
María del Carmen Bouffard, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, aprovechó la oportunidad para ofrecer un balance del sector. Señaló que no han podido escapar de la realidad económica que vive el país, por lo tanto, los resultados no son los esperados.
“Si bien hay un incremento en las primas cobradas porcentualmente, no es comparable con lo que fue el primer semestre de 2022, por lo que vemos que hay una suerte de ralentización del sector. Es importante aclarar que el incremento de primas cobradas no necesariamente se equipara porcentualmente a un crecimiento en la cartera de clientes, ya que el incremento de las primas puede venir por muchos factores, bien por el ajuste en las sumas aseguradas o producto de la propia inflación, porque a la larga se traduce en un impacto de la siniestralidad. En los casos de las pólizas de salud, las edades también son un factor de incremento en las pólizas y debemos decir de manera responsable que el sector asegurador es un reflejo del resto de la economía”, señaló.
Precisó que las pólizas de salud son las más solicitadas en todo el sector y lamentó que todavía la cifra de asegurados en el ámbito nacional, se mantenga entre un 5 o 6% de la población.
“El peso más grande lo tienen los seguros de salud. Nosotros tenemos un desequilibrio de nuestra cartera si nos comparamos con otros países y mientras no haya una dinamización de la economía, no podremos lograr ese equilibrio que permite a los usuarios obtener otras pólizas como por ejemplo de automóviles o de inmuebles”, dijo.
Al igual que el presidente de Consecomercio, Bouffard invitó a los gobiernos regionales y municipales a que se sienten con todos los sectores del país, para así lograr una armonización en materia tributaria que permita una mejora en la economía nacional gracias a los incentivos.
Finalmente, la presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela indicó que como gremio no se pronunciarán ante las denuncias realizadas por algunos usuarios de seguros que presuntamente no han sido atendidos en clínicas privadas, ya que les corresponde al Ministerio Público y a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, realizar las investigaciones correspondientes y tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar el derecho de los usuarios.