Las cuentas de las finanzas públicas no permiten que los aportes que reciben estados y municipios por concepto de situado constitucional –que provienen de 20% de los ingresos fiscales ordinarios- puedan ser mayores.
Eso ha llevado, de acuerdo con el semanario Exclusivas Económicas, a un acuerdo tácito entre el Ejecutivo nacional y el Poder Legislativo en no insistir en la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios.
En las reuniones que se dieron en el Parlamento, se presentaron cifras en las cuales los ingresos directos de las gobernaciones –sobre todo las oficialistas- provienen en 60% o más de lo que recaudan por cobro de peajes y timbres fiscales, señala la publicación.
Agrega que esa proporción aumenta en varias de las alcaldías –principalmente las que controla la oposición- en las que el cobro del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio y servicios representa la principal y casi que única fuente de financiamiento.
La referida propuesta de legislación -indica el semanario- fue promovida desde el Ministerio de Economía y Finanzas; sobre todo, por el equipo técnico de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en la segunda mitad del año pasado, atendiendo una petición del sector privado.
En su momento encontró eco por parte del presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, porque se preveía un incremento de las transferencias del gobierno central a las gobernaciones y alcaldías.
Los problemas de caja de la Tesorería pública, que se presentaron a finales de 2023 en el aporte fiscal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) debido a las cuentas incobrables y la caída en los precios del crudo obligaron a frenar la discusión de esa legislación, afirma Exclusivas Económicas.
Las organizaciones gremiales, comenzando por la propia Fedecámaras, insisten en la necesidad de aprobación, pero la salida ha sido “engavetar” y optar por conversaciones y negociaciones directas entre los diferentes niveles de gobierno y empresarios en vez de avanzar en una ley que imponga reglas de armonización que al final obligarán a gobernadores y alcaldes a recortar la tasa de los impuestos que cobran y por tanto sus ingresos propios, puntualiza el semanario.