El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este viernes 24 de enero el “estado de conmoción” en el Catatumbo. Según el gobierno, con esta medida se busca hacer frente a la violencia desatada en esa zona, fronterizo con Venezuela, por enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
El “estado de conmoción” es una figura que le da facultades extraordinarias legislativas y la posibilidad de restringir algunos derechos con la que busca atender una reciente escalada de violencia, que ha dejado en los últimos días al menos 80 muertos y 36.000 desplazados.
La figura jurídica, que no había sido usada por ningún gobierno desde hace más de una década, lo faculta por un plazo inicial de 90 días —prorrogable dos veces— para dictar medidas para restablecer “el orden público” como restringir el derecho a la libre circulación o imponer toques de queda.
El decreto de estado de conmoción interior fue publicado por la presidencia el viernes y en él se detalla que solo regirá para la región del Catatumbo, no para todo el país.
Una de las justificaciones que el gobierno describió en el decreto de conmoción interior para el Catatumbo es: “Que las inminentes amenazas a la seguridad y la posible interrupción de las operaciones impactan de manera grave y extraordinaria el desarrollo y la gestión eficiente de los hidrocarburos en la región, con riesgo de afectación de los activos de los campos de Tibú, Sardinata y Oripaya, que producen alrededor de 1.900 barriles equivalentes por día y 4 millones de pies cúbicos de gas”.
Esto representaría un daño a nivel nacional, pues según la definición formal, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) es un conjunto de instalaciones eléctricas que conectan las diferentes regiones de un país para transportar energía desde las centrales de generación hasta los consumidores.
Con información de AP News y El Colombiano