Hace unos días el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, demandó por supuesta “difamación agravada y continuada” al coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, y al sacerdote jesuita Alfredo Infante, director de la ONG Lupa por la Vida, debido a que en el más reciente informe del programa Lupa Por La Vida la policía de ese estado fue señalada como el más letal del año 2021.
Con un total de 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales, «la policía del estado Carabobo ocupó el primer lugar y por primera vez se superaban los indicadores del estado Zulia», de las 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en el país durante el año 2021. «Nuestro informe no es una campaña contra ningún gobernador. Es una campaña en favor de la vida. Nuestro informe es nacional, no es regional. No está focalizado en el estado Carabobo», dijo el jesuita.
Resaltó que durante el mes de marzo ,cuando se presentó el informe, señalaron también que hubo un descenso de casi 60% respecto a 2020. Por ello, aseveró que se hace imperativo exigir a los organismos competentes una investigación real y fidedigna de los resultados que arrojan las diversas organizaciones que velan por los derechos humanos de los venezolanos, que generalmente son contrarios a los ofrecidos por el el Estado.
«Estamos convencidos que pedir una investigación ante presuntas ejecuciones extrajudiciales es un derecho y un deber ciudadano amparado en la Constitución nacional, no es un delito. Estamos aquí diciendo que nosotros no hemos cometido un delito. Somos inocentes, pero estamos ejerciendo un derecho constitucional y estamos acompañando a las víctimas para que en nuestro país haya acceso a la justicia».
«Criminalizan al inocente»
El sacerdote también insistió en que en Venezuela existe una política de criminalizar al inocente, en especial si se trata de jóvenes de bajos recursos. Por ello, se ofreció como representante de los venezolanos que habitan en las zonas populares del país a reconocer el talento y a formar a los cuerpos de seguridad para que se eviten seguir con la política de «exterminio».
Dijo, en cuanto a las acusaciones del gobernador, que están abiertos a dialogar. «Nosotros en Lupa Por La Vida, alianza entre el Centro Gumilla y Provea, estamos abiertos al diálogo y la cooperación. Consideramos que la respuesta adecuada de cualquier gobernante debe ser agradecer y proceder a una investigación para fortalecer la institucionalidad y garantizar en su territorio el derecho a la vida y una formación integral a su personal policial. Quiero dejar claro que no tenemos nada personal con el gobernador Lacava, gobernador del estado Carabobo, lo único que hemos hecho ha sido visibilizar los resultados de nuestros monitoreos».
Finalizó con la siguiente reflexión: «Recomendamos que en vez de tomar medidas en contra de quienes buscan defender la vida y se solidarizan con las víctimas, presione a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para que abra investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Señor gobernador Lacava, si así lo hiciera estaría asentando un precedente importante en materia de derechos humanos en nuestro país».
«No caeremos en amenazas»
Por su parte, el coordinador de exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, invitó a Lacava a ponerse a derecho y conformar una comisión para investigar las denuncias de Lupa Por La Vida. «Le proponemos al señor gobernador, crear una comisión integrada por el delegado del estado Carabobo de la Defensoría del Pueblo, el fiscal superior del estado Carabobo, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el personal que está acá, una representación de la gobernación, Provea y Gumilla para que analicemos las presuntas ejecuciones ocurridas en 2021 en el estado Carabobo».
Añadió: «Exhortamos al gobernador Lacava que en lugar de criminalizar el trabajo que acentos las organizaciones de derechos humanos, abra sus espacios para que pueda avanzar el país, y particularmente en su estado podamos avanzar y conocer qué es lo que ha pasado, cuáles son los presuntos responsables y lo más importante diseñar políticas públicas que permitan rendir al máximo las privaciones arbitrarias a la vida».
Marco legal
Asimismo, el abogado y defensor de las víctimas de la represión del Estado venezolano, Joel García, denunció que no se le permitió inscribirse como el defensor de la causa por tratarse de un tribunal regional, al tiempo que explicó que la «supuesta difamación» fue cometida en Caracas, lo que legalmente le otorga autoridad para llevar el caso. «Nuestros representados no han cometido delito alguno. Sin embargo, es deber nuestro comparecer ante los órganos jurisdiccionales a resolver esta situación».
Aseveró los denunciados no han cometido delito de difamación: «El padre Infante ha sido claro en el mensaje en que no se se ha señalado a nadie específicamente, tiñéndole su dignidad, su honestidad, su reputación. Estamos hablando de una situación de derechos humanos que atañe a todo el ámbito nacional».
García puntualizó que de no llegar a acuerdos, llevarán la causa a instancias internacionales. «Qué acciones vamos a tomar con respecto a esta situación y no contra persona alguna, sino precisamente a lo que se está viviendo. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Tenemos incluso la misma Corte Penal Internacional».