Los trabajadores de la empresa privada comenzaron a cobrar las utilidades de Fin de Año desde octubre, aunque en noviembre los patronos ya habrán cancelado ese concepto laboral y en una sola porción a los 3 millones de personas que trabajan en el sector privado.
Johnny Magdaleno, secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo, aseguró que los montos a cancelar por parte de los empresarios de la industria, el comercio y los servicios están entre 100 y 400 dólares por persona.
No obstante, el directivo de Fetracarabobo señaló que esos montos son insuficientes y no alcanzan para cubrir las necesidades del grupo familiar como consecuencia del impacto de la inflación y la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores.
Magdaleno deploró la decisión del Ejecutivo nacional de cancelar por partes los cuatro meses de aguinaldos a los trabajadores del sector público. «Nunca antes el Estado fraccionó el pago de los aguinaldos a su personal. Siempre fue de una sola vez por lo que, especialmente hace 20 años, los obreros y funcionarios contaban con un capital para hacer arreglos en el hogar, cubrir la cuota inicial de una vivienda, comprar un carro y costear los gastos (regalos, estrenos de ropa y calzado, hallacas y el resto de las cenas de Navidad y Año Nuevo», recordó el sindicalista.
Precisó que el monto de los aguinaldos que cancela el Estado en 2022 se ubica entre 50 y 70 dólares, por debajo de las utilidades del sector privado.
El martes, los empleados públicos cobraron la segunda porción – la primera fue depositada en octubre- por concepto de los aguinaldos.
La explicación de la medida gubernamental de fraccionar el pago del beneficio laboral la dieron dirigentes sindicales de la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Alegaron que el pago por partes es para evitar el impacto inflacionario ocasionado por el aumento brusco del circulante proveniente de los aguinaldos.
Magdaleno refirió que el sector formal de la economía emplea actualmente unos 5 millones de personas, de las cuales 2 millones y tres millones están en el sector público.